El comportamiento violento de los caballeros villanos abulenses a fines del siglo XV

[1]

Juan Cruz López Rasch

López Rasch, Juan Cruz - El comportamiento violento de los caballeros villanos abulenses a fines del siglo XV / Juan Cruz López Rasch,. - 1a edición especial - Santa Rosa : Universidad Nacional de La Pampa, 2018. Libro digital, EPUB - (Publicación de tesis de grado, maestría, doctorado y trabajos finales de especialización ; 3) Archivo Digital: descarga y online Edición para Universidad Nacional de La Pampa ISBN 978-950-863-345-3 1. Historia de Europa I. Título. CDD 909.07

NOTAS

[1] Título completo de la tesis: El comportamiento violento de los caballeros villanos abulenses a fines del siglo XV. Autor: Juan Cruz López Rasch. Tesis realizada para adquirir el grado de Licenciado en Historia (Plan 55299, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa). Tesis defendida el 3 de octubre del año 2017. Director de la tesis: Lucio Bernardo Mir (Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa).

Resumen

En este trabajo analizamos el comportamiento violento de los caballeros villanos abulenses que habitaron en la Extremadura histórica castellano-leonesa durante las postrimerías del siglo XV. Para tratar el problema, son empleadas dos categorías interpretativas: el concepto de clase estamental (ständische Klassen), acuñado por Ludolf Kuchenbuch y Michael Bernd, para dar cuenta de la compleja morfología sociológica que exhiben los agentes actuantes que protagonizan esta obra, y el de estrategia, entendido desde el punto de vista de Pierre Bourdieu. Combinando ambos términos, procuramos abordar una práctica que no es desplegada en un vacío institucional, sino que está condicionada por un conjunto de variables, entre las cuales destacan el propio funcionamiento del sistema político de dominación feudal, y el lugar que ocupan sus ejecutantes en el espacio social global. La investigación, por otra parte, está focalizada en un período de tiempo determinado, en el cual se superponen enfrentamientos de distinto tipo, especialmente aquellos producidos entre los propios integrantes del grupo, así como entre éstos y los tributarios.

Palabras clave: feudalismo, caballeros villanos, violencia, ständische Klassen, estrategia.

Abstract

In this work we analyze the violent behavior of caballeros villanos from Avila, who lived in the Castilian-Leonese historical Extremadura during the late fifteenth century. To address this problem, two interpretative categories are used: Ludolf Kuchenbuch and Michael Bernd’s concept of ständische Klassen, referred to class and status positions, will be used in order to explain agent’s sociological profile and performance, together with the concept of strategy, understood from the point of view of Pierre Bourdieu. Combining both terms, we try to address a practice that is not deployed in an institutional vacuum, but is conditioned by a set of variables, among which the very functioning of the political system of feudal domination, and the place occupied by its performers in the global social space stand out. The research, on the other hand, is focused on a specific period of time, in which clashes of different types are superimposed, especially those that took place among the members of the group, as well as between them and tributaries.

Keywords: feudalism,caballeros villanos, violence, ständische Klassen, strategy.

A Camila

Agradecimientos

Todo trabajo de investigación es fruto de un esfuerzo personal y colectivo. Quiero iniciar este acápite expresando mi gratitud hacia Lucio Mir, quien colabora enormemente en mi formación académica desde que me inserté en la cátedra de Historia Medieval en el año 2008. En este proceso de crecimiento intelectual también tiene un papel invaluable mi director de tesis doctoral, Carlos Astarita. La inacabable sapiencia de Carlos es una especie de faro que guía un camino velado por la oscuridad de las fuentes medievales. Del mismo modo, la ayuda suministrada por Laura da Graca es enorme. Su atenta lectura de otros trabajos, colaboró muchísimo en el perfeccionamiento del presente escrito. Tampoco puedo dejar de mencionar la ayuda brindada por los profesores, no docentes, alumnos y equipos de gestión que integran la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, un ámbito que siento como propio.

No menos relevante es el apoyo de los familiares cercanos. Un científico social debe buena parte de su labor a la colaboración emocional que le prestan sus seres más queridos. Mi papá Rubén, mi mamá María Elena y mi hermano Mariano acompañan mi desarrollo humano y profesional desde que tengo memoria. Mi esposa María Emilia merece un comentario aparte, puesto que es la mejor compañera y esposa que cualquiera pudiera querer. Su calidez y sensibilidad son dos de los pilares más importantes que me sostienen. Mi hija Camila, el gran amor de mi vida, es el mejor estímulo que encuentro sobre la faz de la tierra para mejorar día a día, en todos los sentidos posibles. Hija mía, gracias por existir.

Por último, necesito expresar mi gratitud hacia dos personas hermosas, que resultaron fundamentales para que desarrollara mis estudios universitarios. Azucena Blanca Rossi, descendiente de comerciantes florentinos devenidos en miembros de la baja nobleza, e Irene López, hija de campesinos gallegos que le dieron sentido a la movilidad social ascendente, son, en gran medida, responsables de todos mis logros.

Aclaración sobre la modalidad de citado

El material empírico con el que se realiza esta investigación está editado por especialistas de primer nivel que trabajan en centros académicos de reconocido prestigio internacional. Esto garantiza el acceso a un caudal de información sumamente extenso, recopilado de modo fiable y con todos los cuidados que semejante tarea implica. En este sentido, la realización de investigaciones doctorales con gran aceptación en el campo historiográfico local e internacional, como las de Astarita (1992), Luchía (2008a)y da Graca (2009), dan cuenta de la factibilidad de utilizar estos repositorios para concretar un trabajo de considerable solidez. A continuación, indicamos los autores que compilan las distintas fuentes históricas, pudiendo consultar la referencia bibliográfica completa en el apartado que se encuentra al final de esta tesis. También aprovechamos el presente espacio para mencionar la abreviatura que empleamos para referirnos a cada una de esas colecciones documentales.

Recopilador/es-Editor/es

Abreviatura

Barrios García et. al. (1988a)

Documentación de Ciudad Rodrigo

Barrios García et. al. (1988b)

Documentación del Archivo Municipal de Ávila

Canales Sánchez (1996)

RGS, Vol. 6

Casado Quintanilla (1994)

Documentación Real del Archivo del Concejo Abulense

del Ser Quijano y Luis López (1990)

Asocio, Vol. 1

del Ser Quijano y Luis López (1991)

Asocio, Vol. 2

Herráez Hernández (1996)

RGS, Vol. 10

Luis López (1995)

RGS, Vol. 8

Luis López (1996)

RGS, Vol. IX

Monsalvo Antón (1990a)

Ordenanzas medievales de Ávila y su Tierra

Monsalvo Antón (1995)

RGS, Vol. 14

Martín Rodríguez (1996)

RGS, Vol. 7

Sobrino Chomón (1996)

RGS, Vol. 12

Asimismo recurrimos a la recopilación que efectúan distintos autores a lo largo del siglo XIX de las reuniones parlamentarias en las cuales participan los representantes de los estamentos que integran el reino. En el desarrollo de la presente tesis, ese material empírico aparece citado como Cortes, aclarando oportunamente el volumen y número de páginas en cada caso.

Introducción

En esta tesis analizamos la violencia ejercida por los caballeros villanos de la Extremadura histórica castellano-leonesa durante las postrimerías del siglo XV[1]. Nos enfocamos en el comportamiento desplegado por un grupo cuya caracterización es motivo de arduas discusiones historiográficas. Por eso, consideramos que los episodios en sí son tan relevantes como los agentes y el contexto en el que se desarrollan esos acontecimientos[2]. La propuesta interpretativa amerita el tratamiento de dos problemas teórico-metodológicos: cómo esclarecer la morfología sociológica de los actores que promueven las distintas prácticas, y hasta qué punto podemos dar cuenta de su identidad enfocándonos en las conductas que asumen y los conflictos en los cuales participan. Precisamente, una de las maneras de dilucidar el posicionamiento de las personas en las relaciones sociales de producción, y en las superestructuras políticas y jurídicas, es prestar atención a los enfrentamientos que protagonizan. Cuando los intereses contradictorios de los involucrados chocan entre sí, puede hacerse uso de la fuerza. En esos casos, no sólo quedan al descubierto los objetivos que persiguen cada uno de los enemistados, sino también las posibilidades que tienen para efectivizar determinadas acciones y alcanzar distintas metas. El espacio social global, adquiere entonces una significativa relevancia.

La amplitud del objeto de estudio nos obliga a circunscribir el tema a partir de criterios geográficos y temporales. Por eso, trabajamos con uno de los concejos ubicados entre el Río Duero y el Sistema Central, puntualmente, la Comunidad de Villa y Tierra de Ávila. La selección obedece a la voluminosa documentación que se encuentra disponible sobre esa localidad y la extensísima cantidad de investigaciones abocadas a ella. Esto no impide que recurramos, eventualmente, a un análisis comparativo que nos permita apreciar las similitudes y diferencias con otros lugares ubicados en la misma zona. De hecho, intentamos comprender la dinámica política y las lógicas de reproducción de la caballería villana a través de distintas fuentes de origen mirobrigense y arevalense.

En cuanto al período, como ya lo indicamos, concentramos nuestra atención en los últimos años de la decimoquinta centuria. En el otoño medieval ocurre una mayor centralización monárquica que es acompañada por la unificación de las Coronas hispánicas. Esto trae aparejado, entre otras cosas, una creciente cantidad de oficiales que intentan registrar enfrentamientos y denuncias judiciales, además de corroborar la aplicación de las ordenanzas. Los cambios institucionales, además, se expresan con una tendencia al incremento de la competencia entre los contendientes por el control del poder político, profundizando viejas enemistades, y generando nuevas, dentro de la elite concejil (Bernal Estévez, 1989, Jara Fuente, 2007a)[3]. Por otro lado, en términos económicos, advertimos en la segunda mitad del siglo XV un crecimiento económico que, inscripto en la primera transición del feudalismo al capitalismo, permite la multiplicación de los mercados aldeanos [4]. En ese contexto, los tributarios rurales más acaudalados amplían sus horizontes productivos y comerciales, incluso contratando asalariados (Casado Alonso, 1991; Oliva Herrer, 2008)[5]. Un abordaje que privilegia lo acontecido, aproximadamente, entre los años 1480 y 1500, permite concentrarnos en décadas en las que notamos con nitidez las principales transformaciones que implican los procesos enunciados. Asimismo, disponemos para esa época de un ingente material empírico con numerosas referencias sobre los problemas que nos interesan.

Llegados a este punto, la siguiente aclaración es pertinente. Cuando indicamos que los caballeros villanos proceden de modo violento en el período que ocurre el enriquecimiento de algunos pecheros, no necesariamente afirmamos que se hayan producido episodios de agresividad entre estos dos sectores sociales, o que un factor haya devenido en el otro[6]. Lejos de establecer una relación de causalidad mecánica, intentamos explicar casos que ponen de relieve la dinámica del cambio histórico en un espacio determinado, contextualizandola especificidad del proceso que encierra el conjunto de acontecimientos detectados. Del mismo modo, la reforma organizativa del sistema de dominación feudal, que altera la posición de los grupos que controlan el municipio[7], no es el único motivo que genera tensiones entre los caballeros villanos y, en caso de efectivizarse esas situaciones de enfrentamiento, éstas no ocurren únicamente entre los integrantes de la elite. Así, nuestro objetivo es concretar un examen minucioso sobre un tiempo y un territorio en el que se superponen conflictos interpersonales de distinto tipo.

Aunque una buena parte de los investigadores que se ocupan de la historia concejil dan cuenta de las conductas agresivas desplegadas por el sector que nos compete, son verdaderamente escasos los estudios enfocados pura y exclusivamente en este problema. En buena parte de los artículos y libros dedicados a la apropiación de comunales, la competencia por las magistraturas, la lucha de clases o las disputas entre bandos, la violencia aparece como un elemento accesorio o secundario contemplado en función de otras temáticas. Nosotros, por el contrario, damos cuenta de la rivalidad política o los conflictos que depara el crecimiento económico para establecer el contexto en el cual se desarrollan las acciones que nos interesan analizar. Para concretar ese tratamiento recurrimos a dos conceptos que consideramos fundamentales: el de clase estamental[8], que conjuga las aportaciones de Marx (1959, 1971 y 1987) y Weber (1964), y el de estrategia, entendido desde el punto de vista de Bourdieu (2007). El materialismo dialéctico y la sociología comprensiva colaboran enormemente para captar las características de un grupo cuyo abordaje genera múltiples deliberaciones historiográficas. Por otro lado, el enfoque de Bourdieu (2007) nos permite reconocer en el comportamiento una práctica situada, ejecutada por personas que ocupan una compleja posición dentro del espacio social global[9]. De allí se desprende que el comportamiento no se desarrolla en el vacío, sino en el marco de relaciones políticas, de producción y de cualquier otro tipo. Constituyen éstas condiciones ya dadas que impiden una libertad absoluta, pero que tampoco convierten a los sujetos en simples autómatas. En verdad, todo discurre por un vínculo dialéctico entre las voluntades y las determinaciones estructurales[10].

Una última reflexión para este breve exordio, motivada por el objeto de estudio. No sería correcto afirmar que la sociedad feudal es más violenta que la capitalista. En todo caso, podríamos decir que en el feudalismo la coacción ocupa un papel distinto. Su funcionalidad en el sistema de explotación es innegable. La agresividad, además, se convierte en un elemento determinante para comprender los vínculos entre diferentes grupos sociales y, en especial, al interior de los estamentos privilegiados. Ahora bien, no por ello debemos pensar en comunidades que viven en un estado de conflictividad permanente o imponiendo frenos represivos todo el tiempo. Por lo general, el uso de la fuerza aparece en la documentación histórica de manera esporádica[11]. Es precisamente la relativa anormalidad de ese tipo de conducta lo que le otorga una considerable notoriedad para quienes son testigos de ella. Así, hechos como esos dejan una profunda y perdurable huella, constituyendo un material empírico cuya densidad de contenido amerita múltiples estrategias interpretativas. Para captar toda la complejidad del problema, aquí consideramos tres aspectos interrelacionados: el espacio social global en el que se manifiestan los acontecimientos, el concejo, entendido como unidad geográfica y sistema político; los actores que están involucrados en cada uno de esos casos, lo que significa estudiar detenidamente a los caballeros villanos; y, por último, el comportamiento que esos agentes llevan a cabo y que es objeto de nuestro interés, la violencia.

Desarrollamos esta tesis en cuatro capítulos y una conclusión. Los primeros dos son, eminentemente, de corte historiográfico. Los conceptos y modalidades de abordaje, aunque queden explicitados en las primeras partes de este escrito por cuestiones organizativas, constituyen el resultado de un amplio análisis documental. Así, la selección de herramientas heurísticas no es caprichosa o azarosa, sino producto del análisis realizado sobre el material empírico antes de comenzar la redacción de esta obra. Por motivos expositivos, el tratamiento de las fuentes puede verificarse, con mayor amplitud, en los dos últimos capítulos. En ellos, quedan de manifiesto las agresiones efectuadas entre los caballeros villanos, y entre éstos y los tributarios[12]. Los actos de violencia son conceptualizados como estrategias que, en alguna medida, reflejarían la compleja posición ocupada por una clase estamental en una sociedad feudal que experimenta importantes cambios.

NOTAS

1. El lector habrá notado que el concepto “caballeros villanos” figura dentro de las Keywords de la misma forma que en castellano, pero en cursiva. Consideramos que su traducción genera múltiples complicaciones, entre otras cosas, porque se trata de un sector en particular, y no de una categoría que da cuenta de un grupo en general, o de una adscripción sociológica global (como podría ser el término campesino, señor feudal, noble, etcétera). Probablemente, la manera más adecuada de traducirlo al inglés sería “plebeian knights” o “peasent knights”, especialmente para dar cuenta de su origen histórico, cuestión que desarrollamos en el cuerpo del texto a lo largo de estas primeras páginas.

2. Nótese que empleamos la palabra “agente”. Consideramos que la expresión, a diferencia del término sujeto, denota con mayor claridad los grados de autonomía que pueden tener los humanos. Probablemente, la mejor forma de reflexionar sobre estos asuntos es recurrir a las tesis de Bourdieu (1997, 2007). Él mismo define una de sus investigaciones como el trabajo de un “estructuralista feliz” (Bourdieu, 2007, p.22), y parece otorgarle mayor relevancia a cuestiones como el habitus, antes que a las estrategias (aspecto que enunciamos con posterioridad, en esta Introducción, pero que profundizamos en el Capítulo 2). No obstante, una atenta lectura sobre el sociólogo francés revela la importancia que tiene en su esquema interpretativo el “agente actuante”. Con esa categoría, reniega de aquellas visiones que hacen de las personas simples autómatas, al mismo tiempo que no olvida los límites impuestos a ellas por las estructuras. En sus propias palabras: “Los ‘sujetos’ son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de un sentido práctico”, a los cuales el habitus puede indicarles “lo que hay que hacer en una situación determinada [la cursiva figura así en el original]” (Bourdieu, 1997, p.40). Así, no cree en la perpetuación invariable de lo existente a través de constricciones impuestas, acompañadas por acciones que siempre serían las esperadas; pero tampoco está de acuerdo con pensar que construimos a nuestro gusto la totalidad del orden social gracias a conductas diarias que son completamente ajenas a esos condicionamientos. En palabras del propio autor, el habitus es “una capacidad infinita de engendrar, con total libertad (controlada), unos productos –pensamientos, percepciones, expresiones, acciones– que tienen siempre como límite las condiciones históricas y socialmente situadas de su producción”, motivo por el cual “la libertad condicionada y condicional que él asegura [el habitus] está tan alejada de una creación de novedad imprevisible como de una simple reproducción mecánica de las condiciones iniciales” (Bourdieu, 2007, p.90). Giddens (1995) también propone una solución para este tipo de bretes teóricos. Su punto de vista queda mejor explicitado con los ejemplos que él mismo suministra, cuando postula que la relación entre estructura y sujeto, o agente, se manifiesta en el plano del lenguaje. Quienes aprenden un idioma se encuentran con un conjunto de símbolos coherentes entre sí, dispuestos de antemano, heredados y no elegidos. Los hablantes, sin embargo, recurren a las letras y las palabras que les son suministradas para configurar su propio diálogo, desarrollar neologismos u otorgar otro significado a cada uno de los términos que pudieran ser acuñados con anterioridad.

3. Desde fines del siglo XIV, los regimientos son repartidos entre los linajes de las familias más poderosas del concejo (Jara Fuente, 2007a). Con posterioridad, veremos con más detalle que la rivalidad para acceder a esos cargos genera importantes conflictos. (Jara Fuente, 2010).

4. Existen situaciones regionales y coyunturas económicas específicas que permitirían matizar estas afirmaciones. Durante un tramo del siglo XV, el concejo de Ciudad Rodrigo experimenta las graves consecuencias de los múltiples enfrentamientos militares en los cuales participa.

5. Esto no sólo constituye un fenómeno del área hispánica. Postan (1981) observa en el siglo XV un escenario de prosperidad económica para los productores agrarios de Inglaterra.

6. En otros sitios de la Extremadura histórica castellano-leonesa, durante el mismo período, ocurren disputas vinculadas al crecimiento de algunos productores agrarios. Para el caso de Cuéllar, Olmos Herguedas (1998) da cuenta de ese aspecto en una parte de su obra.

7. En diferentes ocasiones, empleamos la palabra municipio como sinónimo de concejo porque trabajamos sobre un recorte temporal que abarca los últimos años del siglo XV. Para esa época, el concejo ya está totalmente definido como un municipio, en el sentido que ya dispone de jurisdicción y autoridades propias (Carlé, 1968).

8. El término original es ständische Klassen. Es traducido al castellano, por Víctor Farías Zurita, para la revista Studia Historica, como “clase estamentaria”. El problema, es que la palabra “estamentaria” no es reconocida por la Real Academia Española, motivo por el cual, optamos por la expresión “clase estamental”. Parecen tener el mismo criterio Miliddi (2011a y 2011b) y da Graca (2009).

9. En el Capítulo 2 veremos con mayor detalle su punto de vista. Por el momento, es oportuno indicar, como ya lo adelantamos, que para Bourdieu (2007) los agentes actuantes llevan adelante prácticas que no están totalmente regladas, pero que tampoco son absolutamente conscientes y ajenas a lo establecido por el habitus. Véase la primera nota al pie de esta Introducción para más detalles de esta perspectiva.

10. Para desarrollar estas ideas nos inspiramos en el debate teórico mantenido entre Thompson (1981) y Anderson (1985).

11. En el modo de producción feudal existe una distancia entre el proceso de trabajo realizado por el campesinado y quienes absorben el excedente. En esas condiciones, resulta innecesario el ejercicio sistemático de la coacción. Por esos motivos, la violencia sólo es empleada en determinadas circunstancias (Astarita, 2005). La dificultad para hallar un mayor número de casos de violencia, crímenes especialmente, también se explica por la inexistencia de un poder político con los instrumentos burocráticos y administrativos que existen en la actualidad. A eso debemos añadir cuestiones jurídicas de la época: durante la Baja Edad Media el acusador debe pagar los gastos del proceso si el denunciado resulta inocente. La situación recién cambia a fines del siglo XV y comienzos del XVI, momento a partir del cual los derechos de los alcaldes son cobrados a los culpables de un delito, pero nunca al acusador (Luis López, 1987). Así y todo, esto no resuelve el problema. Podremos observar en este trabajo que no todas las agresiones interpersonales son caratuladas como ilícitas. Si no hay motivo de castigo, las autoridades no le otorgan a esos hechos toda la atención que, desde nuestro punto de vista, merecerían.

12. Otro tipo de acontecimientos, como aquellos en los que intervienen las instituciones eclesiásticas, así como las minorías étnicas y culturales, sólo son tenidos en cuenta cuando responden a las dos líneas maestras enunciadas con anterioridad.

Capítulo 1

El contexto y sus protagonistas: deliberaciones en torno al concejo y la caballería villana

1.1 La escuela jurídica-institucional

Como ya lo indicamos, los concejos medievales castellano-leoneses constituyen el escenario de nuestra investigación. Tema de relevancia para la historia de España, encontramos trabajos abocados a esta problemática, con cierto grado de profesionalización, desde la segunda mitad del siglo XIX. Entre esos estudios pioneros destacan investigaciones como las de Colmeiro (1855), Martínez Sacristán (1877), o Hinojosa y Naveros (1903)[1]. Para ellos, el concejo constituye un espacio de libertad y participación democrática que logra mantenerse ajeno al poder de la aristocracia feudal más encumbrada[2]. Inspirados, en medida nada desdeñable, en historiadores franceses y alemanes, los autores de esa época optan por reproducir una de las dos grandes tesis de por aquel entonces: la romanista, también denominada continuista, o la germanista, de corte rupturista. De acuerdo con la primera, el municipio del período medieval es un descendiente de su homólogo tardorromano[3]; desde la óptica de la segunda, se trata de una creación medieval que implanta un dominio jurisdiccional sobre los espacios urbanos y/o rurales[4]. En relación a los caballeros villanos, Colmeiro (1855) los identifica como parte del estado llano, sujetos a las mismas leyes que rigen a todos los plebeyos, aunque un reducido número de ellos logre acceder a la nobleza.

La principal contribución al campo académico llega durante el siglo XX, con la obra de Sánchez Albornoz (1942 y 1956). Desde una mirada que otorga especial relevancia a los vínculos de vasallaje, el autor observa en los concejos de realengo una manifestación acabada de la ausencia o inmadurez del sistema feudal en el área hispánica. Explica esta situación a partir de la conquista islámica y los planes para recuperar los territorios perdidos, proyecto que sólo puede llevar adelante un poder político centralizado con la capacidad de reunir ejércitos numerosos. El monarca, que en otros espacios es un primus inter pares, en la península ibérica cobra un protagonismo notable. El proceso, entonces, hace de Castilla un reino en el que numerosos lugares no sufren la interferencia señorial privada y sólo se encuentran bajo la administración directa del rey[5]. Las tesis de Sánchez Albornoz (1942 y 1956), pero también otras interpretaciones, ponen al descubierto las preocupaciones imperantes en el mundo académico y político español desde fines del siglo XIX: encontrar las particularidades históricas que convierten a España en una nación tan distinta a otras como la francesa o la inglesa durante la Era del Imperio y de las Catástrofes[6]. La guerra civil y la dictadura franquista brindan el contexto propicio para que este tipo de inquietudes permanezcan en el centro de los debates intelectuales, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX.

Ahora bien, Sánchez Albornoz (1942 y 1956) encuentra diferencias entre las estructuras sociales ubicadas al norte y al sur del Río Duero. La invasión musulmana figura en el esquema interpretativo del autor como un elemento que permite contraponer uno y otro caso. El área septentrional posee, incluso antes del siglo XIII, un régimen señorial, pero no un sistema feudal propiamente dicho, con grandes dominios laicos y eclesiásticos. Por el contrario, la zona meridional, mucho más próxima a los territorios sometidos a al-Ándalus, cuenta con una organización política concejil con mayores libertades en la que no se desarrolla un poderoso miles de rango nobiliario. Como la región fronteriza necesita tropas para defenderse de las incursiones enemigas, surge el caballero villano, un campesino que, sin disponer de una gran fortuna, adquiere un equipamiento militar[7]. Este tipo de guerrero es similar al resto de los productores agrarios libres, propietarios de tierras y ganado[8]. Con su desempeño en el campo de batalla obtienen botines y adquieren un rol cada vez más importante dentro de la comunidad. Para el siglo XIII afianzan su poder en el municipio y forman un patriciado urbano de origen no feudal que es muy diferente al que encontramos en otros espacios europeos (Sánchez Albornoz 1956).

La perspectiva de Sánchez Albornoz (1942 y 1956) cuenta con una influencia considerable que trasciende tiempos y espacios. Gibert (1953) afirma que los caballeros villanos comparten entre sí diferentes rasgos jurídicos que no disfrutan el conjunto de los plebeyos, ocupan cargos gubernamentales y poseen cierta autoridad sobre el espacio rural del concejo. Aunque puedan tener similitudes con la nobleza, Gibert (1953) indica que no reciben el pago de quinientos sueldos cuando alguien los ofende, un rasgo distintivo de los hidalgos. No es un detalle que un abogado priorice en su caracterización el factor jurídico; no obstante, la decisión interpretativa no es totalmente explicable por su profesión, sino también por las características del mundo académico español de por aquel entonces.

Un comentario aparte merece la producción historiográfica argentina. De ella emergen las primeras investigaciones únicamente destinadas al concejo y la caballería villana. No es casualidad, si consideramos que don Claudio está radicado en nuestro país la mayor parte de su vida y forma toda una escuela de investigadores de renombre. Pescador (1963), por ejemplo, redacta voluminosos artículos sobre los combatientes ecuestres de origen popular en la Castilla medieval. Al igual que su mentor, encuentra en la invasión musulmana la clave para comprender la ausencia del feudalismo español y el protagonismo histórico de los caballeros villanos. Observa en ellos habitantes libres de las ciudades que son propietarios de tierras y ganado, forman parte de las tropas municipales, cumplen tareas de vigilancia en la zona y reciben algunos privilegios por parte de la monarquía, pero que no necesariamente integran la nobleza. Por esos motivos, Pescador (1963) los designa como jinetes plebeyos al servicio de un señor.

Pocos años después, Carlé (1968) publica su obra más conocida, Del concejo medieval castellano-leonés. Imbuida por las enseñanzas de su maestro, brinda una especial atención a las manifestaciones institucionales y políticas, pero no ignora el carácter social de la repoblación efectuada al sur del Río Duero, o las necesidades que tienen sus aldeanos de una regulación económica que organice las actividades agroganaderas. Observa en la colonización y puesta en producción de los territorios recuperados al islam un importante número de productores agrarios libres que disfrutan de las tierras y se agrupan en comunidades, formando asambleas y deliberando sobre distintos asuntos que les competen. Desde la época de Sancho III, esos ámbitos de debate y participación colectiva se transforman en municipios, organismos políticos con un relativo autogobierno. Con posterioridad, el proyecto centralista iniciado por Alfonso XI genera importantes cambios. Por un lado, permite que los caballeros se transformen en una oligarquía urbana. Por el otro, la palabra concejo ya no hace referencia a una reunión, sino a los funcionarios que integran una estructura política señorial, pero no feudal, con potestades jurisdiccionales del tipo banales, que nunca logra sustraerse de la autoridad que posee el dominus villae (Carlé, 1968)[9].

Diferentes autores presentan puntos de vista similares. Aunque a muchos de ellos no los podemos encuadrar, estrictamente, como parte de la tradición inaugurada por don Claudio, encontramos algunos denominadores comunes en lo que concierne al abordaje de los caballeros villanos. En uno como en otro caso, la caracterización sociológica privilegia los aspectos jurídicos, la participación en el poder político o el desempeño de tareas militares. Cuestiones de otra naturaleza, como el papel que ocupan los actores en el sistema productivo, quedan relegadas o pasan a segundo plano. Veamos algunos ejemplos.

La historiadora inglesa Lourie (1966) afirma que los miembros de este colectivo son hombres libres que no ocupan el rango nobiliario, pero que actúan como un patriciado urbano de naturaleza guerrera. El investigador estadounidense Powers (1971 y 1981) los define como habitantes de los burgos que prestan servicios militares a caballo, no pertenecen a la clase señorial y ocupan una posición intermedia en la pirámide social del Antiguo Régimen. Coincide en esto García de Valdeavellano (1973), quien reconoce en los caballeros villanos una clase intermedia, o de transición, entre los plebeyos y las órdenes privilegiadas. A fines de los setenta, el académico francés Gautier Dalché (1979) los identifica como una elite de productores agrarios que, devenidos en jinetes desde el siglo X, reciben de la monarquía algunos privilegios y son integrados formalmente a la nobleza, pero no llegan a constituirse como parte orgánica de la misma.

Poco antes de la caída del régimen franquista comienzan a verificarse cambios en la interpretación del pasado español. Los nuevos paradigmas historiográficos encuentran la oportunidad propicia para afianzarse con la transformación del contexto internacional y la necesidad de España por adaptarse a los caminos democráticos y económicos del resto de Europa occidental. De allí en más, los investigadores se preocupan por encontrar paralelismos históricos y homologarlos con el desarrollo social de otras naciones del viejo continente. Así, el clima de época colabora enormemente en el desarrollo de nuevas lecturas sobre el medioevo peninsular. Veamos cómo repercute esto en las temáticas puntuales que nos interesan.

1.2. El cambio de enfoque

A principios de los '70, Pastor (1973a, 1973b y 1973c) publica una compilación de distintos artículos. En algunos de esos trabajos, el concejo y la caballería villana son analizados a partir de las herramientas interpretativas que suministra el materialismo dialéctico. Considera que la sociedad española bajomedieval forma parte del modo de producción feudal e intenta dilucidar el papel histórico de los jinetes concejiles recurriendo a los aportes de Dobb (1971)[10], para quien la génesis del capitalismo es resultado de una diferenciación social que ocurre en el seno del campesinado[11]. A partir de ese influjo teórico, Pastor (1973a y 1973c) detecta similitudes entre los caballeros villanos y los yeomen ingleses o los kulaks rusos, pero no reconoce en el primero de ellos un rol transformador de las estructuras feudales. Aduce que como pequeños propietarios independientes de tierras y ganado, compiten con los señores por la utilización de mano de obra para la cría de ovejas y participan, al igual que la nobleza, en la exportación de la lana. Es más, como disponen de equinos y algún armamento, cumplen tareas de vigilancia que garantizan la trashumancia, cobrando por sus servicios de vigilancia al resto de los productores que habitan en el concejo. De esta manera, logran enriquecerse, al mismo tiempo que consolidan su poder político[12]. Así, como beneficiarios de las actividades comerciales y productivas que también lleva adelante la clase dominante, no plantean una alternativa económica y tampoco despliegan una función revolucionaria en la transición al capitalismo (Pastor 1973b y 1973c).

Además de Pastor (1973a, 1973b y 1973c), las reflexiones que estructuran el nuevo paradigma historiográfico, para los asuntos que nos competen, son esbozadas por Vaca Lorenzo (1975) y Moreta Velayos (1978a y 1978b)[13]. El primero, discípulo del otro, expresa esta postura en una tesis en la cual suprime toda diferenciación jurídica y estamental en el feudalismo y reduce la compleja estructura social a dos únicas clases. Dentro de ese modelo interpretativo, los caballeros villanos son vistos como señores feudales, o miembros de segundo rango dentro del grupo. Considera que desde la Baja Edad Media estos sectores controlan el concejo, organismo definido como un subsistema político feudal que ejerce una dominación jurisdiccional sobre los territorios rurales (Vaca Lorenzo, 1975).

Moreta Velayos (1978a), por su parte, define al feudalismo como un modo de producción en el que se produce una absorción no económica del plusproducto agrario. Guiado por esa idea, no cree que la escasez de siervos en la Extremadura histórica castellano-leonesa refute la presencia de relaciones sociales de producción feudales en el área (Moreta Velayos 1978a). Asimismo, el autor dedica un acápite de su obra más conocida para tratar el tema de la caballería villana, interpelando, de manera explícita, a Pastor (1973b y 1973c). Para Moreta Velayos (1978b), aunque los caballeros villanos adquieren un estatus muy similar al de la nobleza inferior de Castilla, no son nobles, pero tampoco campesinos, comerciantes o artesanos. Desde su punto de vista, la principal pregunta que los académicos deben hacerse es si estos caballeros lograron, efectivamente, generar una acumulación de capital desde el punto de vista marxista, es decir, transformar la tierra en una mercancía, incrementar su productividad y explotar a los campesinos más pobres.

En términos generales, las perspectivas interpretativas que surgen desde la década de 1970 ven en el concejo un poder político feudal sin muchas diferencias con otras variantes de su tipo. La caballería villana aparece entonces como perceptora de los excedentes elaborados por los productores agrarios, lo que la convierte en una integrante más de la clase dominante. La tesis de Barrios García (1983-1984), está fundada sobre esas premisas. El autor analiza la organización económica y política de Ávila desde el comienzo de su repoblación hasta el siglo XIV, intentando comprender la génesis, modos de uso y gestión de los patrimonios territoriales del cabildo catedralicio abulense, dilucidando con ello la dinámica de acumulación y reproducción de los explotadores. Desde su punto de vista, las tropas aportadas por las villas ubicadas al sur del Río Duero adquieren un rol protagónico contra el avance de los almorávides, lo que coloca a las aldeas en un plano de inferioridad frente a los núcleos amurallados. En ese contexto, los caballeros villanos, también dedicados a las actividades agroganaderas, aprovechan su participación militar para obtener riquezas y convertirse en los propietarios más acaudalados. La consolidación económica del grupo va acompañada por un ascenso político que es avalado por la monarquía. Para el siglo XIII, los caballeros recaudan tributos y funcionan como un grupo hegemónico de guerreros-pastores y señores-propietarios que emplean el concejo a su servicio. Organizados como oligarquía, instalan su dominación sobre los espacios baldíos, tierras comunales y otros ámbitos rurales para extraer nuevas rentas.

Villar García (1986) está inscripto en la misma corriente. Subraya el carácter feudal de la sociedad castellano-leonesa y describe a los caballeros como un grupo de poder laico que, a pesar de su origen plebeyo, adquiere autoridad sobre las aldeas y se convierte en la clase dominante local. No obstante, el autor también reconoce las limitaciones impuestas por el propio concejo al accionar de los caballeros, prohibiéndoles que traspasen o usurpen determinados territorios, evitando así la formación de señoríos[14]. Mínguez Fernández (1992 y 1994) no presta tanta atención a esos matices. Argumenta que la colonización al sur del Duero es resultado de una expansión feudal y señorial que proviene del área septentrional. Reconoce la autonomía alcanzada por los productores rurales frente a la nobleza en esa región, pero también observa una diferenciación social entre ellos que, ocasionada por las necesidades económicas y militares de la frontera, origina una aristocracia, por un lado, y un campesinado sometido, por el otro. La elite que reside dentro del burgo aparece en su obra como una propietaria absentista de animales que se dedica a la guerra y ejerce un poder señorial a través del municipio, lo cual le permite apropiarse del excedente producido en el ámbito agrario. Por todas esas razones, el autor equipara a los caballeros villanos con la clase dominante feudal y únicamente los distingue del resto de sus pares por el horizonte y la amplitud de su dominio. Bonachía Hernando (1990 y 1992) y Estepa Díez (1990) avalan interpretaciones como esas. Postulan que los concejos ejercen una dominación feudal sobre los espacios rurales de su término y extraen el plusproducto de los aldeanos. Esto hace de los caballeros villanos una clase feudal asentada en territorio urbano que somete a los productores a través de un señorío colectivo. Además, como controlan el gobierno local pueden aprovecharse de numerosos espacios, condicionar las roturaciones, perjudicar a los tributarios y favorecer sus intereses ganaderos.

En términos generales, la mayoría de los historiadores adhieren a paradigmas como los expuestos en el párrafo anterior[15]. No obstante, algunos expresan una mayor influencia de Pastor (1973a, 1973b y 1973c), como es el caso de Clemente Ramos (1989). Otros, si bien coinciden en general con los planteos de Barrios García (1983-1984), Mínguez Fernández (1992 y 1994) o Villar García (1986), exponen salvedades importantes a las caracterizaciones enunciadas. Asenjo González (1984), por ejemplo, no considera que los caballeros villanos de Segovia sean señores feudales, así como tampoco cree que en comunidades como éstas exista una lucha de clases entre ellos y los pecheros. Desde su punto de vista, la elite urbana está constituida por grandes propietarios absentistas cuya principal fuente de ingresos son las actividades agroganaderas. En todo caso, su desempeño económico es apuntalado gracias al control político que ejercen sobre el concejo, con lo que disponen de importantes espacios productivos de la comunidad en su beneficio.

Bernal Estévez (1989) expone ideas afines en su estudio sobre Ciudad Rodrigo. Aunque para él la localidad mirobrigense está bajo un sistema feudal, matiza las interpretaciones más exageradas. Elude el análisis socioeconómico y prefiere identificar los aspectos jurídico-estamentales de los caballeros, lo cual lleva a definirlos como una pequeña nobleza urbana especializada en la guerra que gobierna el municipio[16]. Martínez Moro (1985) acepta muchos de los postulados originados durante las décadas de 1970 y 1980, pero no reconoce en los caballeros villanos un conjunto de señores feudales que disponen de amplios dominios. Desde su punto de vista, tienen un origen plebeyo y no cuentan con gran cantidad de tierras y ganados. Igualmente, esto no le impide al grupo, con el paso del tiempo, transformarse en un patriciado urbano que posee un patrimonio exento de tributos y que lleva adelante distintas acciones señoriales. Igualmente, considera que el concejo segoviano exige a los habitantes de las aldeas un conjunto de obligaciones similares al conducho, imponiendo un sistema de extracción del excedente que, sustentado en el derecho de ban, beneficia a los caballeros y escuderos de las ciudades (Martínez Moro, 1985).

En los últimos treinta años, el creciente número de monografías destinadas a estos temas es acompañado por una mayor atención en cuestiones puntuales y específicas. Aunque distintos estudiosos hacen referencia a concejos que no están ubicados al sur del Duero, sus aportes resultan significativos. Algunos académicos, por ejemplo, intentan dilucidar las fuentes de ingreso y las ocupaciones laborales mantenidas por los caballeros villanos[17]. También gana un importante terreno el análisis de aspectos sociopolíticos. En un reciente estado de la cuestión, Córdoba de la Llave (2014, p.40) asegura que gran parte de la producción académica contemporánea está destinada a comprender las formas en que se establece y conserva el orden concejil a lo largo del tiempo[18].

Desde fines del siglo XX, Jara Fuente (1998, 2001, 2002, 2004, 2007a y 2010) contribuye enormemente al tratamiento de estas problemáticas. El autor pretende superar las dicotomías del marxismo ortodoxo y, para ello, recurre a Bourdieu (1984; 1997; 2007). Analizando las posiciones y percepciones de clase considera que los caballeros villanos entablan un vínculo dialéctico, permanente e intenso en el que redefinen y adaptan las prácticas y mentalidades del orden privilegiado (Jara Fuente, 2010). Por otra parte, concentrándose en el control y acceso al poder político, resta importancia a la posesión y disfrute de los medios de producción[19]. Además, considera que todos los habitantes de la villa participan en mayor o menor medida de los beneficios que implica una dominación urbana del medio agrario circundante. Así, todos aquellos que residen en la ciudad son señores de las aldeas, formando parte de un sistema institucional que les garantiza determinados beneficios. Por eso, concluye que pecheros y caballeros conviven dentro del burgo y no integran dos grupos completamente separados y opuestos entre sí (Jara Fuente, 2002)[20]. En Rubinstein (2005) advertimos paralelismos con Jara Fuente (2001b, 2002 y 2010). El autor argentino también reniega de las concepciones que reducen la complejidad de los conflictos ocurridos en los espacios municipales castellanos de la Baja Edad Media. Por eso, recupera la importancia del factor estamental y pone en tela de juicio la presencia de una conciencia de clase propiamente dicha en los caballeros villanos y los labradores. Es más, en la redacción de su propuesta también puede percibirse cierta inspiración en Bourdieu (1984; 1997), especialmente en el uso del método relacional para captar las identidades sociales. Razonamientos de este tipo permiten introducirnos en una lectura crítica de los enfoques que cuentan con una fuerte aceptación desde fines de la década del setenta y principios de los ochenta.

1.3. Otras miradas actuales

Astarita (1982, 1993, 1994 y 2005) efectiviza la revisión más profunda de los postulados que integran el paradigma instaurado con posterioridad a los años setenta. El historiador argentino identifica en las fases iniciales del concejo de frontera una comunidad tipológicamente germana, con diferenciaciones funcionales antes que clasistas, en las cuales no se instala una fuerte autoridad señorial hasta el siglo XIII. Esos campesinos libres tienen sus propias parcelas y complementan su actividad productiva con el uso de tierras colectivas. Distintas circunstancias posibilitan la diferenciación social entre los productores agrarios, pero la guerra de frontera, la acumulación de botines y la consolidación de patrimonios en algunos de sus miembros intensifican el proceso. Con el paso del tiempo, los caballeros se convierten en propietarios agroganaderos de tamaño medio que participan en actividades de intercambio y emplean trabajadores a su servicio. No obstante, algunas reglamentaciones les prohíben, entre otras cosas, superar un determinado número de asalariados, lo que circunscribe su capacidad de inversión y crecimiento económico (Astarita, 2005). Además, aunque cuentan con derechos jurisdiccionales sobre los ámbitos rurales y pueden cobrar rentas, no son señores, sino miembros de una elite urbana que actúa colectivamente en el gobierno municipal, constituyéndose como un sector no feudal que reproduce el feudalismo en el área (Astarita, 2005)[21].

Monsalvo Antón (1988) concuerda con muchas de esas afirmaciones. Afirma que recién en los siglos XIII y XIV el concejo cuenta dispone de un territorio jurisdiccionalmente subordinado, una dependencia y jerarquización administrativa de las aldeas frente a las villas y un centro de mando señorial. Una vez adquiridos esos rasgos, el concejo se constituye como una instancia política intermedia entre el titular de la comunidad y sus residentes. De allí en más, la autoridad local recae en un estrato de los caballeros villanos, un sector formado por los mayores propietarios de tierras y ganado, favorecidos con importantes privilegios, enriquecidos y liberados del trabajo directo, pero que también participan en actividades comerciales. Además, los integrantes del grupo disponen de las rentas transferidas por la monarquía, explotan los recursos del alfoz en su beneficio y perciben los tributos. A pesar de todo, carecen de un derecho de ban individualizado, no forman parte de la clase señorial ni explotan directamente a los pecheros, quienes en su mayoría son propietarios o arrendatarios independientes. Llega a la conclusión que el concejo funciona como un espacio político de soberanías concurrentes, y no un simple instrumento al servicio de las elites villanas (Monsalvo Antón, 2012). Dentro de ese sector encontramos múltiples extracciones sociales que, eventualmente, chocan violentamente entre sí, pero no dejan de integrar el mismo poder urbano vinculado al rey, o al señor que ejerce su tutela sobre la comunidad (Monsalvo Antón, 1987, 1990b)[22].

No son las únicas voces opositoras frente a las corrientes historiográficas que asimilan a los caballeros villanos con la clase dominante feudal. Ladero Quesada (2014b), prolífico estudioso del pasado español, reconoce que los miembros del grupo tienen privilegios similares a los de la nobleza, pero con un poder circunscripto al ámbito concejil[23]. Recientes trabajos de investigación comparten esos postulados[24]. Además, las interpretaciones de importantes autores, que no necesariamente se especializan en estos temas, están en sintonía con esos planteos[25]. De hecho, en determinados ámbitos académicos parece existir un denodado esfuerzo por recuperar el legado de Sánchez Albornoz (1956) y complementarlo con nuevas perspectivas analíticas[26].

En la Argentina, dos discípulas de Astarita (1982, 1993 y 1994) retoman sus puntos de vista sobre el concejo y los caballeros villanos. Da Graca (2009), investiga las condiciones propicias para que una elite campesina origine relaciones sociales capitalistas. Argumenta que cada forma señorial garantiza distintos grados de autonomía para los productores agrarios. De acuerdo al caso, existen mayores o menores posibilidades para que surja un grupo aldeano enriquecido que participe en circuitos de intercambio, emplee asalariados, reinvierta sus ganancias, etcétera. Es en las comunidades concejiles donde los pecheros más acaudalados tienen mejores oportunidades para concretar esto. En esos mismos espacios, los caballeros villanos carecen de importantes bases territoriales, no gozan de un derecho de ban y tampoco perciben individualmente los tributos. Además, el dominus villae protege sus objetivos extractivos controlando al grupo, regulando los intercambios inmobiliarios, o estableciendo un límite para la cantidad de personas que pueden quedar excusadas de las cargas feudales (da Graca, 1996, 1999 y 2003-2006). Luchía (2011a, 2011b y 2013), analiza la lucha de clases y las intenciones de la caballería villana por incrementar sus posesiones territoriales durante los siglos XIV y XV. En sus investigaciones observa cómo apelan a distintas tácticas, entre ellas la violencia, para obtener propiedades privilegiadas y afianzarse en el poder político. No obstante, el tenente de la villa se opone a muchas de esas estrategias y procura condicionar el accionar de los agentes (Luchía 2009, 2011a y 2011b).

1.4. Criterios teórico-metodológicos para efectivizar la caracterización sociológica

El abordaje de la documentación, sumado a un extenso recorrido historiográfico, nos impide pensar en los caballeros villanos como señores feudales, o en el concejo como un instrumento político-jurídico que funciona enteramente a su antojo. Por eso, aquí preferimos los argumentos esgrimidos por Monsalvo Antón (1987, 1988, 1990b y 1992), Astarita (1982, 1993, 1994 y 2005), da Graca (1996, 1999, 2003-2006; 2005 y 2009) y Luchía (2009, 2011a, 2011b y 2013). Los matices que introducen estos autores colaboran enormemente en la tarea de dilucidar el universo de posibilidades dentro del cual los actores sociales pretenden desplegar estrategias violentas. Con sus aportes, además, podemos llegar a la conclusión que un estrato de los caballeros villanos está organizado, probablemente desde el siglo XIII, como un patriciado, es decir, una nobleza ciudadana que dispone de algunas prerrogativas, gobierna las comunidades y obtiene ganancias por diferentes actividades productivas y comerciales, además de ser retribuido con un salario por las tareas de gestión que realiza[27]. Sería más complicado identificarlos como una aristocracia citadina, es decir, una propietaria absentista que vive únicamente de rentas y está dedicada a las funciones políticas[28]. Nuestros caballeros no disponen de grandes extensiones de tierra en los que exploten a sus arrendatarios. La mayoría de ellos cuentan con explotaciones de tamaño medio y, como ya lo indicamos, buena parte de sus ingresos se ven complementados por la participación en magistraturas concejiles o en el intercambio. El concepto oligarquía, por otro lado, evidencia su máximo encumbramiento y la red articulada de linajes que construyen a su alrededor durante la última centuria del período medieval[29]. El término también es válido por cuanto enuncia una forma de dominación ejercida por un pequeño número de personas que necesita articular su poder local con otros del tipo central[30].

El análisis de un colectivo social tan complejo implica un abordaje pormenorizado que tenga en cuenta las fuentes de riqueza o los intereses económicos, pero también los privilegios jurídicos y la posición política que ocupa cada agente en el ámbito concejil. Indagando el período bajo imperial romano, García Mac Gaw (2006) desarrolla una inteligente propuesta metodológica que es aplicable a nuestro problema de investigación. Este académico argentino considera que una clase dominante no se define como tal sólo por su condición de propietaria y por la forma en que extrae el excedente. Para corroborar esto, subraya los rasgos del orden privilegiado romano. Aunque se trata de propietarios rurales absentistas, los miembros de ese grupo reproducen su poder mediante la participación política en las ciudades, ámbito en el que se debaten las principales decisiones institucionales del mundo antiguo. Concluye así que “Este lugar social, y no el tipo de apropiación de la renta [o no sólo ella, podríamos decir], define a la clase” (García Mac Gaw 2006: 40). A partir de esa propuesta logramos contemplar los distintos contextos y campos de juego en el que están situados los protagonistas[31], divisando las prácticas que llevan adelante y los márgenes de acción dentro de los cuales pretenden efectivizar sus tácticas. Esto implica reconocer las múltiples dimensiones en las que se desarrolla el comportamiento, considerando para ello el rol ocupado por cada uno de los involucrados en las relaciones sociales de producción y los sistemas de dominación. Por eso, como ya lo indicamos en la Introducción, consideramos oportuno recurrir a la categoría de clase estamental (ständische Klassen). Aunque poco trabajado por la historiografía especializada, éste término nos resulta sumamente operativo y, además, es factible de aplicarse junto con el de estrategia, para dar cuenta de prácticas condicionadas que despliegan los agentes actuantes[32].

NOTAS

1. Sus artículos sobre el tema terminan de escribirse a fines del siglo XIX, pero son editados con posterioridad.

2. Síntesis interpretativa de esta corriente esbozada por Bonachía Hernando y Martín Cea (1998).

3. La idea está presente en las investigaciones de Hinojosa y Naveros (1903). Con posterioridad, Sánchez Albornoz (1943) refuta esa postura demostrando que las instituciones del mundo antiguo están desaparecidas mucho antes que ocurra la llegada de los árabes a la península.

4. Puede encontrarse una síntesis comparativa de estas ideas en Carlé (1968).

5. En su perspectiva, la conquista musulmana no altera el sustrato prefeudal del reino asturleonés, pero sí da lugar a una dinámica repobladora y reconquistadora que hace del monarca un líder guerrero, un adjudicador de tierras y beneficios que termina convirtiéndose en el eje de un sistema tributario centralizado. Así, las relaciones de fuerzas favorecen al realengo e impiden una importante parcelación política. Dentro de este esquema, se reconoce una excepción en la región catalana, donde existen vínculos de vasallaje que permiten formar una sociedad medieval ibérica que presenta importantes similitudes con la francesa. Véase Sánchez Albornoz (1942 y1956). La tesis de Ganshof (1963) comparte el modelo institucionalista de Sánchez Albornoz (1942 y 1956), aunque éste último subraya los elementos que le faltan al feudalismo castellano-leonés para ser definido como tal.

6. Nos referimos a la incapacidad de la nación española para convertirse en una auténtica potencia capitalista a escala mundial (Hobsbawm, 2004).

7. Otros autores más o menos contemporáneos reconocen la importancia del espacio fronterizo entre los reinos cristianos y los dominios almorávides para captar la esencia del problema. En territorios peligrosos, quienes tienen caballo y armas, y se encuentran dispuestos a servir como jinetes, pueden formar parte de la caballería villana. Para un importante número de personas, esto representa una vía de ascenso social y político. Con anterioridad, Puyol y Alonso (1926) desarrolla una perspectiva similar para estudiar el caso leonés. El autor considera que los jinetes de los concejos de esa zona cuentan con equinos y practican la guerra, pero no integran las filas de la nobleza. La interpretación no es completamente original, sino que es elaborada gracias al análisis del fuero de León efectuado en su momento por Díez Canseco (1925).

8. La problemática del campesinado alodial es trabajada por Bois (1991) en un estudio dedicado a una aldea que está ubicada en la región de Borgoña. Aunque la investigación no refiere al espacio castellano-leonés, y se ocupa del período comprendido alrededor del año mil, su análisis de una comunidad en la cual habitan un importante número de productores agrarios libres, constituye una referencia ineludible para apreciar la morfología de estos actores sociales. En palabras del autor: “La mayor parte de las labores [se refiere a las agrarias, efectivizadas en Lournand antes del 1000] era tarea sólo de hombres libres, sino más concretamente, y digámoslo ahora, de campesinos propietarios” (Bois 1991, p.37). Wickham (1996), por su parte, desarrolla el concepto sociedades de base campesina, peasent based societies, para dar cuenta de productores agrarios que, ajenos a una dominación aristocrática que implique una importante absorción del excedente, o de relaciones de explotación feudales, presentan jefaturas territoriales basadas en el rango, el estatus y el prestigio, además de estar sostenidas sobre unidades domésticas de producción. La perspectiva del historiador británico, difiere en numerosos aspectos de la que tiene Bois (1991). No obstante, las dos presentan una similitud: rescatan la existencia de un campesinado independiente que sobrevive durante la Temprana Edad Media, o Antigüedad Tardía. Sánchez Albornoz (1943 y 1956) es uno de los autores que, con mucha anticipación a Bois (1991) o Wickham (1996), advierte la relevancia del asunto, señalando la presencia de grupos con esas características en las primeras etapas de repoblación de los territorios ubicados entre el Río Duero y el Sistema Central. Astarita (2006 y 2007a), de alguna forma, adhiere a las tesis albornocianas cuando asegura que esas sociedades de base campesina de las que habla Wickham (1996), aún existirían dentro de la Península Ibérica, y otros espacios, hasta mediados del siglo XI.

9. El rol del dominus villae es extensamente analizado por Guglielmi (1953), otra discípula de Sánchez Albornoz (1942 y 1956). El término designa a un delegado del poder regio que proviene del ámbito cortesano y que cuenta con responsabilidades administrativas, militares y judiciales. Por eso, entre otras cosas, debe supervisar las fortalezas, nombrar alcaides encargados de la defensa y arbitrar disputas. Podríamos decir que resguarda los intereses señoriales dentro del ámbito local, lugar donde se encuentra el palatium del monarca. En esa residencia se encuentra apostado el tenente de la villa, acompañado por un merino y posee, hasta el siglo XII o XIII, un carácter eminentemente simbólico.

10. Sus Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, son publicados originalmente en el año 1946. La traducción de esta obra al español, efectivizada por la editorial Siglo XXI durante 1971, cuenta con la revisión técnica de la propia Reyna Pastor.

11. Los fundamentos teórico-políticos de esta postura no sólo están presentes en Marx (1959, 1971 y 1987), sino también en el trabajo de un joven Lenin (1957).

12. “Y fueron caballeros villanos, sin lugar a dudas, los que, al frente de los gobiernos concejiles, acordaron “avenencias” [entre comillas, en el texto original] o entablaron disputas con los concejos vecinos, por los problemas de expansión de los extremos más arriba mencionados, y quienes consiguieron de los reyes, durante la primera mitad del siglo XIII, las disposiciones sobre las ganaderías que se han reseñado” (Pastor 1973b, p.165). Pastor (1973b) también considera que otra prueba de los logros del grupo como sectores enriquecidos y privilegiados dentro de la estructura concejil son los beneficios que reciben del rey Alfonso X, quien les faculta para disponer de un determinado número de excusados de acuerdo al número de animales que poseen. A pesar de todo, dentro de la Mesta, integran el grupo menos enriquecido de todos.

13. Si hacemos referencia a las investigaciones medievales en general, uno de los aportes más destacados para establecer el cambio de óptica es el de Barbero y Vigil (1974), quienes editan sus artículos más relevantes, desarrollados desde mediados de la década del ‘60. Inspirados en la tesis de Friedrich Engels sobre el origen gentilicio y patrimonial de las desigualdades, los autores españoles proponen la existencia de una sociedad hispánica feudal cuya evolución social ocurre en las aldeas y es posterior a la invasión islámica. En el interior de esas comunidades de productores agrarios emergen campesinos ricos que subordinan económica y políticamente a los más pobres, dando lugar así a la clase dominante feudal.

14. En el subtítulo de su libro observamos paralelismos con la obra de Duby (1976).

15. Este también parece ser el caso de Olmos Herguedas (1998). El autor analiza el concejo de Cuéllar y explica el surgimiento de su Comunidad de Villa y Tierra como parte de un proceso de apropiación del espacio mesteño que es realizado con una dinámica colonizadora impregnada por “pautas sociales feudales” (Olmos Herguedas, 1998, p.75). La situación geopolítica de un área de frontera que necesita defenderse militarmente permite que los caballeros villanos se conviertan en una clase dominante que reside en las villas y percibe los pechos gracias a la subordinación que sufre la Tierra frente a la ciudad. También otorga un espacio central a las normativas con las que pretenden regular las actividades económicas del concejo, en muchas ocasiones, beneficiando a la elite gobernante en perjuicio de los tributarios. No obstante, también reconoce en el seno del municipio una serie de conflictos por motivos económicos y políticos que no garantizan la absoluta hegemonía de la caballería villana.

16. De hecho, la ciudad es tratada como un ente colectivo que apropia renta por medio de la entidad jurídica concejil, la que a su vez está dominada por linajes urbanos (Bernal Estévez, 1989).

17. Rucquoi (1995), enfocándose en los casos de Burgos y Valladolid, observa cómo los mercaderes se convierten en caballeros, quedan exentos de cargas feudales y forman parte del patriciado. Así, no sólo son propietarios de tierras y rebaños, sino que también comercializan productos agropecuarios y participan en actividades financieras. Sin embargo, añade, carecen de una conciencia de clase burguesa y disfrutan de su condición nobiliaria, la que es confirmada a través de los privilegios emitidos por Alfonso X. Arriaza (1983) se hace preguntas similares e indaga si los caballeros villanos podrían ser parte de la burguesía medieval. Diago Hernando (1992) admite las dificultades para ubicar a los caballeros en un determinado grupo social: reconoce su origen plebeyo, indica las similitudes que mantienen con los tributarios enriquecidos y la elite medieval, pero también subraya su participación en actividades mercantiles urbanas, las cuales son más notorias en ciudades como Burgos. Marca una fuerte oposición frente a la tesis de Pastor (1973b) y cree simplista caracterizar a los caballeros como campesinos enriquecidos. Subraya su proceso de ennoblecimiento y argumenta que, desde el siglo XV, pertenecen a la aristocracia (Diago Hernando, 1992). Por su parte, Goicolea Julián (1998 y 1999) describe al grupo como un conjunto de propietarios que en un principio cuenta con pocas tierras y ganado, escaso poder y riquezas, pero que al participar de la guerra contra el islam logra enriquecerse y convertirse en una pequeña nobleza ciudadana que cierra sus filas durante los siglos XIII y XIV. Guerrero Navarrete (1998) compara Burgos y Cuenca y distingue dentro de esas comunidades a los sectores efectivamente gobernantes de los económicamente más activos. En ambos casos, cree que los tributarios acaudalados, y no los caballeros villanos, integran el grupo más opulento. Por otra parte, encuentra diferencias entre la elite burgalesa, asentada en una zona de fuerte actividad comercial, y la conquense, cuya participación en la guerra de frontera garantiza el acceso a los estamentos privilegiados y la obtención de propiedades agroganaderas, haciéndoles innecesario el disfrute de las magistraturas para reproducirse socialmente.

18. Este es el caso de López Gómez (2010a y 2010b). El autor analiza las facultades represivas de los poderes feudales y las medidas ejecutadas por la monarquía y los concejos para suprimir los conflictos y reintroducir la armonía perdida dentro de las comunidades. En la mayoría de esos estudios, la caballería villana aparece como el brazo ejecutor de distintas ordenanzas y como el garante del statu quo. Diferente es el caso de Ruíz de la Peña Solar (2006), quien analiza la represión de los actos delictivos ocurridos en Asturias, entre los que cuales contempla crímenes y abusos cometidos por la propia caballería. Aunque el espacio geográfico seleccionado no coincida con el nuestro, algunas de sus conclusiones nos parecen interesantes.

19. Desde su punto de vista, los oficios municipales quedan abiertos a distintos grupos, pero el regimiento está reservado a un reducido número de personas (Jara Fuente, 2007a). Así, interpreta las estrategias de legitimación del poder feudal, buscando el apoyo de la comunidad, entre otras cosas, imponiendo controles sobre el mercado y protegiendo a los consumidores (Jara Fuente, 1998).

20. Un representante de la corriente opuesta es Valdeón Baruque (1979), quien establece que la principal contradicción social es la que existe entre señores y campesinos. Por estos motivos, identifica las luchas entre los caballeros (quienes forman el poder político local) y el resto de los habitantes de los burgos como parte de un esquema binario de conflagración de clases. Del Val Valdivieso (1994, 2000 y 2001), también cree que en el siglo XIV ya nos encontramos en las ciudades castellanas con dos clases sociales antagónicas y diferenciadas: caballeros y pecheros. Estos últimos, marginados del gobierno efectivo, entregan tributos a las autoridades locales, al señor de la comunidad y/o al rey. De acuerdo con estas tesis, la monarquía favorecería la dominación feudal garantizando el ascenso de los caballeros villanos y su control sobre instituciones como el Regimiento. El grupo rector funcionaría entonces como un patriciado, no una oligarquía, integrado por familias enriquecidas y ennoblecidas que ejercerían un señorío colectivo y absorberían rentas de la población.

21. Para Monsalvo Antón (1992), muchos especialistas concuerdan en que el concejo funciona como un señorío que establece una dependencia feudal entre un poder colegiado situado en el espacio urbano y las aldeas de su término. Entre los autores que adhieren a ese postulado se encuentran historiadores que discrepan entre sí por otras cuestiones de relevancia, como es el caso de Carlé (1968), Santamaría Lancho (1985), Bernal Estévez (1989), Bonachía Hernando (1990), Jara Fuente (2002, 2007a), Astarita (2005) y el propio Monsalvo Antón (1990b, 1992).

22. Recientemente, Monsalvo Antón (2013) realiza una investigación en la cual identifica las diferencias internas de los caballeros, y las intenciones del grupo más poderoso de ellos por reforzarlas gracias al lenguaje (empleando distintos calificativos) y las construcciones materiales (levantando torres y castillos o instalando horcas y cepos). También se muestra interesado por la cultura y los valores estamentales de los caballeros y tributarios. Estudia enfrentamientos y analiza las estrategias de los productores agrarios para protegerse de las usurpaciones de espacios agrarios, apelando a los derechos ancestrales y consuetudinarios, o recurriendo al poder monárquico (Monsalvo Antón, 2011).

23. Ese trabajo fue originalmente publicado en el año 1994. El autor subraya otra particularidad en estos jinetes de origen plebeyo. Observa que caballeros populares de las ciudades no integran ejércitos permanentes a sueldo completo, sino que reciben una compensación monetaria de carácter extraordinario mientras se encuentran en campaña (Ladero Quesada, 2014a).

24. Díaz Ibáñez (1996) plantea una diferencia importante entre el poder que detenta la alta nobleza en el área septentrional de la península y la autoridad que poseen los caballeros villanos al sur del Río Duero. En su análisis del título XXI de la Segunda Partida de Alfonso X, Martin (2004) señala las intenciones de la monarquía por homologar, al menos desde el plano jurídico, a todos aquellos sectores que prestan servicios militares. Sin embargo, el autor no ignora los contrastes que existen entre los “caualleros de las cibdades” o “cibdadanos” con el resto de los “fijos dalgo”. Ortuño Molina (2006), recuperando algunas nociones de Carlé (1968), define a la caballería villana como una pequeña nobleza urbana especializada en la guerra y las actividades agroganaderas, pero que no puede ser equiparada con el resto de los hidalgos. Además, considera que el grupo recibe importantes beneficios del rey, afirmando el poder jurisdiccional del concejo sobre los ámbitos rurales, estableciendo un señorío colectivo con el que controla las aldeas, pero que no implica un derecho de ban propiamente dicho para cada uno de los caballeros.

25. En un estudio abocado a la aristocracia medieval europea, Morsel (2008) hace mención a los caballeros villanos. En muchos puntos, coincide con el conjunto de autores que hemos reseñado en el presente acápite.

26. Prueba de ello la encontramos en un manual de historia de España editado por la Universidad de Salamanca durante el año 2014. Bajo la dirección de Monsalvo Antón (2014a), la obra brinda un acercamiento general al período medieval. Pensada para un público universitario bastante amplio, el libro no descuida el rigor científico. En dos de sus capítulos, los caballeros aparecen como un conjunto de aldeanos que son recompensados por su desempeño militar, reconociéndoles algunos privilegios jurídicos que los asemejan a los infanzones, pero que sólo les garantizan el acceso o disfrute de algunas parcelas del poder político (Tena García, 2014; Luís Corral, 2014).

27. Su origen y desarrollo, entonces, están ligados a la evolución del sistema urbano medieval, tema que Barel (1981) trabaja, enfocándose particularmente en los casos franceses e italianos.

28. Terminología aplicada a partir de los análisis realizados por Hibbert (1953) y Weber (1956).

29. Diago Hernando (2006) observa la legalización de ese exclusivismo político con la Real Provisión de 1497, a partir de la cual quedan prohibidos los concejos abiertos.

30. Aunque trabaja un período y un espacio totalmente distinto al que nos interesa, Ansaldi (2004-2005) reflexiona sobre esta categoría. Con esa palabra, Aristóteles (1988) define el gobierno de los ricos. Para Valdeón Baruque (1990), la expresión equivale en los reinos castellano-leoneses a la de aristocracia, patriciado o caballería urbana. Así, el autor utiliza el concepto para dar cuenta de diferentes grupos sociales con poder económico y político, aunque él mismo diferencie en esos concejos a los sectores que efectivamente alcanzan el gobierno municipal y los que cuentan con mayor patrimonio dentro de la comunidad.

31. El concepto de campo, tal y como lo define Bourdieu (1984, 1994; 2007), es empleado, en la mayoría de los casos, para estudiar el sistema capitalista, en el cual las esferas de la sociedad están mejor delimitadas y separadas entre sí que en otras épocas de la historia. La aclaración es pertinente, por cuanto en las formaciones precapitalistas nos encontramos con relaciones de poder, de dominación, de intercambio y de producción que están atravesadas por una pluralidad de factores. De hecho, el propio funcionamiento de la explotación no puede entenderse considerando, únicamente, un criterio económico.

32. Por lo general, los académicos consideran los conceptos de clase y estamento. No obstante, son contadas las oportunidades en los que emplean ambas categorías de modo conjunto, tal y como lo hacen Kuchenbuch y Michael (1986), y desarrollan a partir de esa propuesta teórica una investigación histórica pormenorizada. Astarita (2005), es una de las excepciones. Aplica el término para abordar a la caballería villana y recurre nuevamente a él concepto para realizar una caracterización jurídico-económica de los productores agrarios durante la transición al feudalismo. Da Graca (2005) refiere al concepto para dar cuenta del funcionamiento de los múltiples grupos de poder que conviven dentro de las estructuras políticas feudales, las cuales operan sobre una sociedad en la que el campo económico no está plenamente autonomizado. Miliddi (2011a) es otro de los medievalistas de habla hispana que recurre a ese vocablo. Lamentándose por la poca difusión que tiene el concepto dentro del campo académico, estudia los representantes de las ciudades que acuden a las Cortes castellanas, entre los cuales se encuentran los caballeros villanos.

Capítulo 2

El abordaje de la violencia

Los caballeros villanos actúan dentro de un sistema político que impone su autoridad sobre los pecheros. Este aparato de dominación funciona gracias a un cuerpo colegiado que goza de cierta autonomía, pero, en última instancia, responde a un señor feudal. Dentro de ese entramado institucional los diferentes grupos establecen relaciones, ocupan posiciones y oposiciones, realizan acercamientos o mantienen distancias entre sí. Considerando esto, el análisis de la conducta agresiva implica un examen de las principales investigaciones históricas abocadas a la violencia en el feudalismo. El tratamiento pormenorizado revela distintos sustratos teóricos que emanan de las tradiciones sociológicas más emblemáticas. Es menester para nosotros comprender esa inspiración epistemológica para elaborar nuestro propio punto de vista.

2.1. Diferentes propuestas interpretativas

Si recurrimos a las nociones de Durkheim (1986), las conductas violentas que observamos en las sociedades feudales, dentro de las cuales están incluidas las prácticas coercitivas del señor sobre los tributarios o la agresividad entre los bellatores, podrían ser analizadas como hechos sociales, en tanto y en cuanto constituyen formas de proceder que existen por fuera de las conciencias individuales. Célebres antropólogos retoman esa premisa y elaboran sólidos argumentos que inspiran a algunos medievalistas. En este sentido, los trabajos más influyentes son obra de Pitt-Rivers (1965, 1971 y 1989), quien investiga distintas comunidades mediterráneas, caratuladas como tradicionales o premodernas, durante el siglo XX. El etnólogo explica que el comportamiento agresivo presenta allí su propia racionalidad y sentido. En efecto, desde su punto de vista, los habitantes de esas localidades hacen uso de la fuerza guiados por una mentalidad machista e imbuidos por patrones morales que hacen del honor y el prestigio auténticos atributos por los cuales debe batallarse, demostrando la valentía públicamente[1]. Su obra presenta un mérito invaluable: coloca en primer plano el entramado socio cultural dentro del cual se desarrolla la práctica. En la actualidad, este punto de vista es adoptado por intelectuales que, formados en la línea de Geerz (1973), están preocupados por aproximarse a las acciones sociales si se tratasen de símbolos que integran un lenguaje. Si nos amparáramos en una argumentación de ese tipo, la violencia no sería una cosa, sino un proceso, situado en una compleja trama que sólo es comprensible a partir de ella misma.

Con ese tipo de tesituras, diferentes historiadores llevan adelante sus investigaciones[2]. La lógica interpretativa propuesta nos conduciría a pensar que los miembros del estamento guerrero, dentro del cual están incluidos los caballeros villanos, no sólo disponen de los instrumentos de combate para utilizarlos contra sus enemigos, sino que están compelidos a emplearlos siempre que necesiten resguardar su prestigio. Por lo tanto, batirse a duelo, cometer asesinatos y apropiarse de botines no serían más que formas de comportarse sumamente válidas y legítimas, aunque no necesariamente legales, ancladas en la mentalidad de una época. Como se trata de prácticas esperadas, no originarían fuertes turbulencias, ni pondrían en tela de juicio el orden establecido. El enfoque es atractivo, pero implica un razonamiento funcionalista (Pérez, 2016).

Geary (1986) es un claro representante de esta mirada. Con los aportes de la antropología, identifica en la civilización feudal una cooperación constante entre las personas, incluso entre los enemigos, puesto que todos participan en una o dos de las actividades esenciales del mundo medieval: rezar y trabajar. La dinámica de esta sociedad, y el eje cultural que la ordena y articula, permiten un auto-control de sus conflictos, evitando el desgarramiento comunitario. Así, la violencia medieval es practicada bajo formas ritualizadas, sujetas a determinados códigos culturales, que conservan el orden a lo largo del tiempo. De esta manera, la resolución de disputas, la pacificación pública, y la instauración de la justicia, no aparecen como fenómenos exclusivos del período contemporáneo, en el que existe un Estado que monopoliza el uso de la fuerza legítima e impone lo establecido. Postulados similares están presentes en Zemon Davies (1973), Cheyette (1976), MacKay y McKendrick (1988) y Gauvard (1999). Esas tesis no son completamente originales, sino que están inspiradas en un estudio clásico de Duby (1999b: 162-163), publicado por primera vez en 1946, en el cual considera que la debacle de la autoridad carolingia no está necesariamente acompañada por los abusos desmedidos de los señores, sino por la instalación de sistemas de justicia personalistas que, a pesar de todo, impiden o circunscriben las tensiones que afloran entre los miembros de la aristocracia guerrera. Esta idea, a su vez, está tomada de Hegel (1968: 252). Para el filósofo alemán, la ausencia del Estado durante el período medieval es compensada con la existencia de pactos feudo-vasalláticos que permiten morigerar y resolver las tensiones sociales.

En este y otro tipo de trabajos también aparece una valoración más o menos crítica de la tesis de Elias (1987) sobre el proceso civilizatorio ocurrido en Europa occidental. La referencia a esta obra no es accidental. Representa una de las más importantes contribuciones a la historia de la violencia. Elias (1987) advierte un importante cambio social, político y cultural desde la Baja Edad Media y el período Renacentista. A partir de ese momento, las cortes europeas, en especial la francesa, funcionan como el centro de un proceso de domesticación de las elites guerreras. El auto-constreñimiento individual, la pacificación del espacio y la diferenciación de funciones, acompañan así la construcción de Estados absolutistas que aspiran al monopolio de la coacción legítima.

Hasta el día de hoy, esa obra de Elias (1987) es discutida. Uno de sus intérpretes es Muchembled (2010), autor fuertemente influenciado por Freud (1996) y Foucault (1992 y 2006). Para el historiador francés, durante el Antiguo Régimen la violencia es ejercida por todos los grupos sociales; igualmente, considera que sus principales usuarios son los jóvenes de la aristocracia, quienes detentan el poder masculino a través del semen y la sangre (Muchembled, 2010). Enfatiza así la ausencia de tabúes que durante ese período controlan la conducta. En términos freudianos, argumenta que la imposibilidad del inconsciente por manifestarse libremente y saciar sus deseos sexuales lleva a una sublimación de las pulsiones que se materializa a través del uso de la fuerza. La situación cambia a fines de la Edad Media, cuando aumenta progresivamente el control sobre las agresiones. La regulación es posible, añade el autor, gracias al esfuerzo de las autoridades municipales, quienes apaciguan las trifulcas en los lugares públicos y exportan la conflictividad hacia el campo, procurando contrarrestar los espirales de venganza mediante resoluciones judiciales que, progresivamente, dejan de compensar a la víctima para castigar al culpable. Piensa en esos fenómenos como parte de un proceso general, propio de la modernidad, en el que las personas son sometidas a técnicas disciplinarias que gestionan la brutalidad en una “microfísica del poder”, diluida por todo el cuerpo social y que confina la violencia a los ámbitos privados. Aunque esto hace que nuestro mundo contemporáneo sea menos violento que el del pasado, Muchembled (2010) no imagina esta realidad como el resultado de un proceso civilizador teleológico, anclado en un poder estatal hobbesiano[3].

Los representantes del marxismo tienen algo para decir sobre estas cuestiones. Brenner (1985), por ejemplo, analiza la violencia nobiliaria como parte de un método de acumulación política que obedece a las condiciones materiales de existencia en el modo de producción feudal[4]. La postura encuentra similitudes con el razonamiento filosófico de Arendt (2006). Tanto para la filósofa alemana, como para el historiador estadounidense, el uso de la fuerza permite establecer relaciones de poder y dominación[5]. En los dos puntos de vista, a la vez, advertimos un paralelismo con Weber (1964, T. 1), para quien las acciones humanas cuentan con un sentido mentado y refieren a la conducta de otros. Así, de acuerdo a la sociología comprensiva, las agresiones pueden ser analizadas como prácticas coherentes con una finalidad establecida.

El recorrido analítico nos permite dar cuenta de algunos postulados básicos. Desde el punto de vista weberiano, la violencia puede emplearse de forma racional, como una herramienta para alcanzar un objetivo en particular. Sin embargo, el uso que se hace de la fuerza es alentado o condicionado a partir del contexto en el que se manifiesta[6]. Por otra parte, el entramado sociocultural dentro del cual se despliega el comportamiento orienta sus formas de materialización e incluso lo dirige en un determinado sentido. Un caballero no sólo se bate a duelo con otro porque exija una compensación por los agravios sufridos, sino también porque su condición de guerrero le demanda un arrojo hacia el combate físico y una predisposición valiente ante el peligro. Ahora bien, esa preferencia por la violencia no obedece únicamente a las mentalidades o a los códigos culturales, sino también a la posición sociopolítica. Los agentes hacen suyas las reglas del juego que imperan en un determinado campo. De esta manera, el lugar asignado en el espacio social puede habilitar a la persona, o incluso condicionarla, para llevar adelante una u otra estrategia (Bourdieu, 1990). La práctica, entonces, es indiscernible de quién la ejecuta o la recibe, así como de las alternativas que tienen tanto la víctima como el victimario para concretar su voluntad dentro de un universo de posibilidades históricamente limitadas. No es lo mismo promover una agresión para cometer un robo, reprimir una huelga o provocar un asesinato por venganza; pero tampoco es irrelevante que quien produzca ese acto, o intente hacerlo, sea un miembro del lumpen proletariado, un policía o un empresario inescrupuloso[7]. Parafraseando a Bourdieu (2007), la violencia se define por el lugar que ocupa su ejecutante en un sistema engendrado por el habitus y que se orienta hacia la realización de comportamientos diferenciados[8].

2.2. La violencia ejecutada por los caballeros villanos

El uso o la amenaza de emplear la fuerza refleja una mentalidad, pero no desde el punto de vista que populariza la historiografía francesa (especialmente aquella vinculada o inspirada por la revista Annales), sino a partir de la conceptualización acuñada por el medievalista argentino Romero (1999). Retomemos algunos pasajes de su obra:

[La mentalidad] Constituye un sistema de ideas operativas, de ideas que mandan, que resuelven, que inspiran reacciones. Son también ideas valorativas y normativas, condicionantes de los juicios de valor sobre las conductas. Las opiniones sobre lo que es bueno y lo que es malo, tan cambiantes según los tiempos, se apoyan en actitudes difusas pero arraigadas y generan normas que dirigen la acción del grupo. (p.16).

Unos párrafos después, Romero (1999) añade:

La mentalidad es algo así como el motor de la actitud. De manera poco racional a veces, inconsciente o subconscientemente, un grupo social, una colectividad, se planta de una cierta manera ante la muerte, el matrimonio, la riqueza, la pobreza, el amor, el trabajo… Hay en el grupo social un sistema de actitudes y predisposiciones que no son racionales, aunque quizás lo fueron alguna vez, pero que tienen una enorme fuerza porque son tradicionales. Precisamente, a medida que pierden racionalidad, a medida que se hace menos claro el origen de la norma, de la disposición, del juicio de valor, las actitudes se hacen más robustas, pues se va reemplazando el sistema original de motivaciones por otro irracional, que toca con lo carismático y que culmina cuando -casi expresamente- son retiradas de la discusión. Aquí, como en el caso del tabú del incesto, la irracionalidad y la fuerza de la actitud alcanzan su grado máximo. (p.17).

El planteo encuentra algunos paralelismos con el término habitus, empleado reiteradamente por Bourdieu (2007), y al que hicimos referencia unos renglones atrás: un sistema de disposiciones y principios desde los cuales se originan y materializan diversas prácticas. Las conductas, a su vez, responden a las reglas de juego existentes en un determinado campo. Esto no significa que el proceder quede totalmente determinado, que sea considerado de la misma forma por todos los agentes o siempre cuente con un respaldo jurídico y legal[9]. Un abordaje de las acciones sociales, y de los motivos que la impulsan, amerita un estudio de los marcos normativos y políticos dentro de los cuales interactúan los actores sociales que desarrollan esos comportamientos. En este sentido, la violencia constituye una variable indisociable de la legitimidad, categoría bastante difícil de precisar porque en toda comunidad hay reglas, pero éstas pueden ser de distinto tipo, y coexistir.

Para entender esto, veamos algunos ejemplos, relativos a contextos espaciales y temporales que no nos competen. Weber (2003) postula que en las sociedades capitalistas el Estado cuenta con el monopolio de la coacción legítima. En términos legales, los ciudadanos no pueden hacer uso de la fuerza por su propia cuenta, pero esto no quita que varios actores sociales encuentren en la violencia una manera correcta y expeditiva de resolver entredichos o hacerse de riquezas. Durante buena parte del siglo XX, en el sur de Italia, o en algunas ciudades de Estados Unidos, la camorra, o mafia, comete numerosos hechos delictivos. Lo mismo hacen los criminales que integran bandas urbanas y residen en las zonas más empobrecidas de las megalópolis contemporáneas. Los participantes de una y otra asociación ilícita saben que muchos de sus actos constituyen un delito. Es más, buena parte de ellos termina preso o padeciendo una condena por los actos que realiza. A pesar de eso, consideran su proceder como algo normal, coherente, como una vía para acceder a distintos recursos económicos y que incluso puede glorificarlos frente a sus pares[10].

Aunque la civilización feudal presente características muy distintas, los aportes de la antropología y la sociología actual resultan fundamentales para captar la complejidad de un período en el que está ausente el Estado capitalista, pero no por ello prolifera la anarquía[11]. En realidad, el marco de soberanías fragmentadas que caracteriza a los reinos bajo medievales, favorece la aplicación de ordenanzas en ámbitos localizados. Puntualmente, desde la época de los Trastámara, la monarquía intenta consolidar su poder y ejercerlo sobre amplios territorios. Para cumplir con ese objetivo, incrementa el número de magistrados que están encargados de regular las conductas. Así, pese a los inconvenientes de la Corona para establecer el orden, el sistema normativo y punitivo consigue, con dificultades, hacerse presente. A ello debemos añadir normas y pautas culturales, fuertemente arraigadas en la tradición, que regulan diferentes aspectos de la sociabilidad cotidiana[12]. El problema, es que los responsables de imponer lo reglamentado, no cuentan con los recursos materiales y humanos para ejecutar todos los castigos estipulados. En las fuentes notamos que, en reiteradas ocasiones, los caballeros villanos hacen uso de la fuerza. Que las normas del concejo y la monarquía prohíban ese tipo de proceder, o por lo menos lo regulen, no los inhabilita para comportarse de esa forma, en todo caso, los hace más cautelosos a la hora de tomar decisiones.

Por eso, el análisis de los conflictos violentos protagonizados por sectores que componen la aristocracia medieval debe contemplar el universo dentro del cual estos actores sociales despliegan estrategias y promueven conductas agresivas. En ese espacio social global en el que discurren los acontecimientos hay intentos por regular, con mayor o menor éxito, el comportamiento de las personas. Incluso en comunidades sin Estado o con un fuerte liderazgo caudillista nos encontramos con dispositivos políticos para resolver los enfrentamientos[13]. Ahora bien, como ya lo indicamos, las reglas de juego que rigen cada campo provienen tanto de leyes formalmente establecidas como de costumbres y tradiciones que funcionan de manera diferencial de acuerdo al estamento. Un caballero villano que solicita protección a las autoridades por el temor que le origina un enemigo de su propio orden puede ser caratulado como un cobarde[14]. La misma demanda, emitida por un pechero, no sería valorada de igual modo. Los tributarios no tienen por qué estar acostumbrados a portar instrumentos de combate o desempeñarse en el campo de batalla. Los más humildes y desprotegidos pueden buscar, e incluso necesitar, el auxilio de los oficiales del concejo o del señor de la villa para resguardarse de los abusos que podrían propinarles los hombres de armas. No obstante, y a pesar de todo lo que esto puede significar para el prestigio personal, los caballeros denuncian a sus pares y buscan la intervención de un poder superior.

El examen de hechos puntuales permite el abordaje de una realidad social bastante compleja. Comencemos por el análisis de un caso que, si bien no hace referencia a Ávila, es bastante ilustrativo. Durante la década de 1480 la esposa de García Álvarez, notario de Ciudad Rodrigo, sufre la ocupación ilícita de una de sus heredades. El acusado por este delito es un poderoso regidor, miembro de uno de los dos bandos más importantes de la ciudad, Fernando de Silva. Estamos ante una disputa entre integrantes del gobierno urbano, un círculo selecto del cual emergen fuertes tensiones. El grado de impunidad del malhechor queda de manifiesto en la suerte que corren las denuncias en su contra. Entre la decisión de la justicia y el cumplimiento efectivo de la sentencia existe un abismo, puesto que la restitución de las tierras aún es exigida quince años después del dictamen emitido por los magistrados. Aparentemente, Fernando de Silva no sólo dispone de un importante cargo, sino que también cuenta con una considerable influencia dentro del sistema concejil[15].

Remitámonos ahora a un episodio ocurrido dentro del territorio abulense. Alrededor de 1487, Sancho Sánchez de Ávila, quien dispone de una ingente clientela armada, ataca la fortaleza y casa de otro caballero villano, Francisco de Ávila. Ambos, pertenecen a uno de los linajes más importantes y acaudalados del concejo. El agresor efectúa un importante saqueo y se queda con numerosas riquezas, además de los libros y cuentas de la hacienda del damnificado, quien para ese entonces parecería tener consolidado un poder de alcance comarcal[16]. Nos enteramos de estos sucesos por las denuncias que realizan doce o trece años después los herederos de Francisco, encabezados ahora por Bernardino Álvarez de Ávila. Hay algunas cuestiones para señalar de este demandante. En primer lugar, figura como un miembro de las capitanías o compañías de continos de los Reyes Católicos. Que cumpla funciones para la monarquía no es un detalle, como tampoco lo es que exponga sus quejas a la Corona y ésta le otorgue una respuesta positiva. Probablemente, hace uso de sus vínculos y contactos políticos para facilitar o hacer más expeditiva la resolución, más allá de que esta sea justa o no. Si consideramos el tiempo que trascurre entre el suceso y la conclusión judicial del caso, tampoco es menor que la sentencia aparezca justo cuando este caballero ocupa una posición relevante.

A partir de los acontecimientos descritos podemos dar cuenta de distintos aspectos. En primer lugar, queda claro que los actores sociales, por más poderosos que sean, no siempre resuelven sus diferencias por medio de la fuerza. La denuncia ante las autoridades constituye, probablemente, una estrategia premeditada para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Los adversarios son conscientes que portan instrumentos de combate y, gracias a ellos, pueden ocasionar daños o terminar heridos. La decisión de invocar a los magistrados toma aún más sentido si tenemos en cuenta que, en el último de los casos contemplados, el demandante, por sus conexiones y pertenencia institucional, está mejor posicionado que los acusados y espera obtener algún tipo de victoria en el terreno legal. Por lo menos uno de los protagonistas del litigio, entonces, reconoce la presencia de normas y funcionarios encargados de aplicar las penas; de hecho, apela a las instituciones buscando una solución a sus problemas. Esto no implica que confíen absolutamente en las autoridades. En diferentes oportunidades, deciden alcanzar sus objetivos ignorando las resoluciones formales o adelantándose a ellas. Una testimonio de 1495 refleja esto. En esa ocasión, los Reyes Católicos le exigen al corregidor abulense que imparta justicia a doña Inés de Guiera. De acuerdo a los datos suministrados por la fuente, la mujer dispone de cierta fortuna y ejerce dominio jurisdiccional sobre un conjunto de productores agrarios. Su propio hijo, Pablo Rengifo, le recrimina un monto de cien fanegas de pan, alegando que esa cantidad de producto, cobrado en forma de renta, le pertenece a él. El conflicto toma un cariz violento cuando Rengifo, sin esperar los dictámenes judiciales, irrumpe y se apropia de ese monto contra la voluntad de su progenitora, haciéndose con el excedente generado por los campesinos y perjudicando los intereses de su madre[17].

Incluso los caballeros más conocidos y poderosos sufren robos y agresiones de distinto tipo. En el año 1492, al abulense Fernando de Ayala se le confieren facultades y prerrogativas señoriales gracias a su desempeño militar. Convertido en un actor protagónico de las comarcas abulenses, no está exento de peligro. Fernando de Monroy, señor de Belvis, se apropia mediante la fuerza de las tierras que posee de Ayala, además de arrebatar el ganado de los productores agrarios que arriendan esos espacios, imponiéndoles también nuevas rentas a los aldeanos[18]. Pese a que de Ayala cuenta con una carta de seguro emitida por la Corona, cuando se dirige a Piedrahita para efectuar las denuncias es encarcelado por seis meses y sometido a diferentes tormentos. Además, le quitan su caballo y las escrituras que certifican el dominio sobre sus extensiones de tierra[19]. No es la única ocasión en la que Fernando de Ayala aparece como una víctima. El mismo año en el que transcurren los acontecimientos ya mencionados, los Reyes Católicos ordenan al corregidor de Plasencia y al licenciado de Fuentes de Año que realicen pesquisa y apliquen justicia contra Bartolomé de Quijana, vecino de Oropesa, y Alfonso Gil, residente de San Martín de Valdeiglesias. Los acusados, en el transcurso de dieciocho años, entran en distintas oportunidades a una dehesa que pertenece a de Ayala y roban gran cantidad de animales. Los malhechores disponen de instrumentos de combate que no dudan en emplear para perpetrar el delito, además que expulsan a los productores exigiéndoles un elevadísimo tributo. Aunque uno de los acusados es encarcelado, al poco tiempo logra escaparse, lo que también da cuenta de los límites que tiene la aplicación concreta de la justicia en esa época[20].

Ahora bien, si los enemistados acuden a las instituciones o se ven interpelados por ellas ¿Con qué criterio intentan demostrar su inocencia o, dependiendo el caso, señalar la culpabilidad de sus acusados? La respuesta es bastante compleja. En diferentes oportunidades, el derecho reconocido formalmente y las pautas de comportamiento que rigen la sociabilidad desde tiempos inmemoriales, pueden funcionar simultáneamente y retroalimentarse entre sí. En el mes de abril del año 1498, la monarquía envía un corregidor para que investigue una disputa entre un caballero de Ávila y otro de Salamanca. De acuerdo a las declaraciones, el salmantino arremete sin aviso y de forma furtiva sobre el abulense. El agresor efectiviza su ataque gritando. En esas exclamaciones, justifica su comportamiento, asegurando que fue injuriado. Si nos guiamos por las pautas culturales y los códigos de honorabilidad de la época, las vociferaciones otorgan sentido y fundamentan la arremetida. Lo que parece una conducta irracional, un arrebato de furia poco pensado, en realidad, esconde una lógica sociopolítica. La maniobra debe entenderse a partir de las normas que rigen el campo de juego, incluso en términos jurídicos. Durante la pelea, uno de los criados de la víctima se interpone y repele los golpes. El acusado es caratulado como un timorato que emplea sus armas sin respetar las reglas del duelo entre caballeros. Es más, para evadir las represalias busca refugio en una iglesia de la localidad[21]. Así, sobre él pesan dos tipos de condenas: una vinculada a las costumbres de la localidad, identificándolo como un pusilánime y un tramposo; pero también otra legal, que lo sindica como el autor de una agresión injustificada.

En este como en otros documentos, quienes padecen la violencia intentan ratificar su inocencia ante la justicia. Los damnificados aseguran que, al momento de producirse el hecho, no están molestando a otras personas o incurriendo en prácticas ilícitas. Sin negar la veracidad de ese tipo de testimonios, es probable que el conflicto entre caballeros constituya el corolario de una extensa serie de desencuentros. Cuando eso ocurre, hay quienes buscan desligarse de su responsabilidad en cada una de las reyertas. Además, los denunciantes pretenden evitar el mote de cobardía, proteger su honor masculino y empeorar la situación del acusado. Con sus testimonios, las partes en pugna buscan que el adversario sea tratado como alguien que desconoce o reniega de los códigos de enfrentamiento y las formas de sociabilidad entre los caballeros. De esa manera, las víctimas apelan a la protección de las autoridades o intentan garantizarse que éstas repriman o vigilen a sus antagonistas. Así, el entramado sociocultural, pero también el andamiaje político y jurídico, inciden sobre las acciones concretas que efectúan los individuos, asegurándoles, o no, cierto margen de maniobra, o bien, direccionando algunas de sus conductas.

A partir de lo expuesto, podríamos afirmar que el poder político feudal no suprime la agresividad entre quienes componen el estamento de los caballeros, en todo caso la codifica, organiza y le impone un control que, en cierta medida, corresponde con las tradicionales formas de conflictividad. Por eso, el aparato jurídico justifica su intervención cuando la ética de combate es ignorada, la relación de fuerzas es desigual u ocurren alborotos que trastocan el orden comunitario, perjudicando de esa forma los intereses del señor de la villa. En el desarrollo de las disputas entre los caballeros villanos pueden terminar afectados los productores agrarios, es decir, la base tributaria del concejo, lo cual repercute negativamente sobre los intereses del dominus villae.

Monsalvo Antón (2012) analiza una carta de Alfonso XI del año 1330 en la que se denuncian numerosos altercados[22]. En ese caso, las tensiones se multiplican y forman una espiral ascendente: los ataques efectuados en un primer momento por un grupo de caballeros motivan la venganza por parte de las víctimas y sus familiares. No sólo eso, la puja entre clanes ocasiona daños colaterales puesto que durante las correrías ocurren muertes, quemas de casas y robos. Convulsionada la localidad, algunos productores agrarios de la zona son privados de sus “viandas”[23]. En este tipo de casos, la Corona no sólo ve peligrar la percepción del excedente, sino también su legitimidad, en tanto y en cuanto es la responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad (Astarita, 2005; Monsalvo Antón, 1990c). Por esos motivos encontramos fuentes en las cuales el rey dictamina que el cabecilla de cada grupo enfrentado debe hacerse cargo de las acciones indebidas que efectúan sus subalternos, comprometiéndose a entregárselos al alguacil para que éste ejecute los castigos correspondientes[24]. La reglamentación tiene sentido si consideramos a los jefes de cada facción como tutores que deben aplicar la ley [25]. El monarca estipula entonces la cantidad de criados con los cuales está permitido batirse a duelo. De algún modo, las reyertas están permitidas, pero deben desarrollarse bajo determinados parámetros. Por otra parte, el mandatario no aparece como un actor desinteresado[26], sino como alguien dispuesto a aplicar castigos severos cuando en esos conflictos están en juego espacios urbanos estratégicos, como por ejemplo las fortalezas, o existen intenciones para arrebatar las pertenencias de los aldeanos[27].

Cuando un caballero se apropia por la fuerza de terrenos o animales, sabe que está cometiendo una fechoría y puede ser penalizado. Tanto en las épocas que los concejos aún no padecen una significativa interferencia señorial, como cuando el dominus villae logra instalarse firmemente sobre ellas, los miembros de la comunidad son más o menos conscientes de las prácticas que están permitidas y cuáles no. La razón para que lleven adelante una estrategia u otra debe buscarse en la identidad de los agentes y en el papel que cumplen dentro del espacio social global. Tengamos en cuenta que se especializan en el combate. Para ellos, la agresividad es una manera válida de alcanzar distintos objetivos. Son sus reglas del juego, pero no necesariamente las del resto. Incluso el municipio, un organismo político que responde a los objetivos extractivos del señor de la villa, pero que a largo plazo es dominado por este grupo, no aprueba o convalida todos los comportamientos de ese tipo. Cuando ese aparato institucional efectivamente reprime o condena una conducta, lo hace por motivos puntuales, que sólo son explicables cuando tenemos en claro la naturaleza del sistema político concejil.

En este sentido, la interferencia de las autoridades en los hechos de violencia nos facilita el registro de diferentes acontecimientos. Disponemos entonces de un importante conjunto de fuentes históricas que recogen luchas, reclamos y conflictos judiciales. No obstante, esa proliferación de evidencias también obedece a la realidad social y política de una época atravesada por múltiples enfrentamientos, algunos de los cuales pueden explicarse por los desequilibrios estructurales del modo de producción feudal[28]. Moreta Velayos (1978b) afirma que los malhechores feudales aumentan durante la crisis del siglo XIV porque es cuando la clase dominante siente amenazados sus intereses[29]. Valdeón Baruque (1979) llega a una conclusión parecida[30]. Refiriéndose al ámbito geográfico que estrictamente nos compete, Monsalvo Antón (2012) traza un vínculo bastante directo entre el contexto de penurias, la etapa de aristocratización y la apropiación de terrenos, muchas veces efectivizada a través de la fuerza, de los caballeros abulenses[31].

Durante el auge productivo y comercial que caracteriza a la segunda mitad del siglo XV, simultáneo y posterior a las reformas de la monarquía feudal, los caballeros villanos, eventualmente, incrementan su patrimonio económico y capital político recurriendo a la violencia. Ese tipo de comportamiento encuentra similitudes con el desplegado por los nobles. Más allá de las diferencias existentes entre los dos grupos que ya hemos comentado, unos y otros están preparados para la batalla y recurren a sus instrumentos de combate para aventajar a sus competidores[32]. Brenner (1985) expone afirmaciones que nos permiten dar cuenta por qué ese tipo de colectivos sociales proceden de forma agresiva en las formaciones precapitalitas. Como buen marxista, prefiere hacer énfasis en las formas de producción material, ya que postula que las condiciones estructurales del sistema productivo promueven a los actores a tomar determinadas decisiones. Bourdieu (1991), por su parte, diría que el comportamiento aparece como un correlato de la posición ocupada en el espacio social global. Ubicados en uno u otro campo de juego, los agentes, en nuestro caso los caballeros villanos, optan por determinadas estrategias, elegidas en función de reglas que pueden orientar su proceder. Esas prácticas no se desarrollan en un vacío institucional, ni son ajenas a la realidad política y económica de una sociedad feudal que atraviesa por importantes cambios.

NOTAS

1. Mantecón Movellán (1999) emplea algunas de estas premisas etnográficas para concluir que en los reinos hispánicos, durante los siglos XVI y XVII, se consideran violentas tanto las agresiones físicas propiamente dichas, como los insultos, injurias, gritos y otro tipo de deshonras. Muchembled (2010) también recupera estos aspectos, pero los introduce en un análisis que también privilegia el rol de las mentalidades.

2. Este es el caso de Carroll (2006), Mantecón Movellán (1998, 1999, 2002 y 2009) y Miller (1983a, 1983b, 1988, 1990 y 2010), por citar algunos ejemplos.

3. Encontramos trabajos con una perspectiva similar. Un análisis de la violencia ejercida durante la Baja Edad Media, indicando que está se ramifica por todas las instancias de la vida cotidiana, se encuentra en Córdoba de la Llave (2008). Con un punto de vista bastante cercano al de Muchembled (2008), García Herrero (2008) investiga la agresividad ejercida contra las mujeres durante el período bajomedieval. Su aporte es invaluable, aún más si consideramos, como lo hace Segura (2008), que los estudios abocados a la violencia de género, enfocados en esa época, constituyen una excepción dentro del campo historiográfico.

4. En el modo de producción feudal, la limitada oferta de espacios productivos, la inexistencia de un mercado que redistribuya y asigne recursos, la relativa autonomía productiva del campesinado frente a la clase parasitaria y el innecesario acceso de los campesinos a los circuitos de intercambio, convierten a la violencia en una forma de comportamiento lógica y racional (Brenner, 1985). Parece tener una mirada parecida Moreta Velayos (1978b), quien afirma que los señores recurren a la coerción para reproducir sus relaciones de poder, imponerse sobre los demás o proteger sus intereses.

5. Obviamente, entre uno y otro autor existen profundas diferencias que obedecen al objeto de estudio y a los objetivos teóricos de cada uno de ellos.

6. Žižek (2009), un famoso y polémico intelectual que retoma muchos postulados del marxismo, comparte ese tipo de premisas. El filósofo llega a la conclusión que algo es más o menos violento, y recibe o no una condena moral, de acuerdo al contexto en que se desarrolla y al significado que nuestras concepciones direccionadas por la ideología burguesa le otorgan. En este sentido, la violencia aparece en determinadas ocasiones frente a la incapacidad que tienen los agentes para acceder a las exigencias que plantea el discurso hegemónico capitalista.

7. Para reflexionar sobre esos aspectos podemos citar investigaciones antropológicas cuyo objeto de estudio es diferente al de la presente tesis. Este es el caso de las antropólogas Bermúdez (2008) y pita (2009). Para ellas, los casos de “gatillo fácil” que observamos en Argentina generan múltiples apreciaciones morales. En reiteradas oportunidades, la marginalidad en la que viven las víctimas, así como su proximidad geográfica y social a los focos de delito, exacerban discursos que justifican un procedimiento policial salvaje que no está jurídicamente avalado por las normas establecidas. Sobre esto es recomendable la lectura de Bermúdez (2008) y Pita (2009).

8. Esas concepciones adquieren importancia en los estudios sobre la lucha sociopolítica que llevan adelante Jara Fuente (2001) y Luchía (2009).

9. El sociólogo francés no crea el concepto de habitus (cuya definición reproducimos en una de las primeras notas al pié de la Introducción), pero sí es quien lo desarrolla con mayor amplitud, empleándolo recurrentemente en sus abordajes sobre la realidad social. Habitus, en verdad, es la palabra en latín que adoptan filósofos medievales como Boecio o Tomás de Aquino para referirse al término griego hexis, empleado originalmente por Aristóteles. De acuerdo con éste, sólo somos responsables de los actos, no del hábito adquirido, el cual dirige la acción intencional.

10. La etnografía permite reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Algunos residentes de las zonas más empobrecidas de las grandes ciudades ven en la criminalidad y el vandalismo una forma de ganarse el respeto y hacerse de recursos económicos; sin embargo, esas mismas personas, y otras también, sufren el accionar represivo, muchas veces desproporcionado, de las fuerzas de seguridad y quedan atrapados en un sistema que retroalimenta la marginalidad y el delito. Como un ejemplo de esto, véase el trabajo de Bourgois (2010).

11. Historiadores de fuste mantienen esos puntos de vista. Según Bois (1991), durante la Revolución del Año Mil la zona del Languedoc, Provenza, Ródano y Auvernia carecen de una autoridad monárquica poderosa. El territorio, entonces, se encuentra dividido en múltiples dominios acosados “por el aumento de la anarquía” (Bois, 1991, p.160). A partir de los grandes cambios ocasionados entre fines del siglo X y comienzos del XI, la aristocracia guerrera del Mâconnais incurre en la violencia, lo que “sumió a la sociedad en la anarquía” (Bois, 1991, p.178). El caos disminuye, entre otras cosas, gracias a la Paz de Dios y la ideología de los tres órdenes.

12. Alfonso (2007) discute vehementemente un supuesto que impregna algunos estudios medievales. Según ese tipo de perspectivas, la proliferación de la venganza da cuenta de una sociedad feudal sumamente violenta y desregulada, incluso primitiva. Lejos de esto, considera que las vendettas cuentan con una lógica, un sentido, y no carecen de regulaciones de distinto tipo.

13. Encontramos numerosos ejemplos a lo largo de la historia. Uno bastante representativo lo hallamos en la antigüedad, concretamente, en las inscripciones del escudo de Aquiles, que datarían de la época homérica. Diferentes historiadores reconocen en el gravado la representación de un litigio que es auditado por un grupo de ancianos (gerontes), pero también por el resto de la comunidad (Gallego, 2011).

14. Esta conjetura gana coherencia si reconocemos en la organización estamental de la Baja Edad Media un conjunto de estereotipos que configuran el ideal ético del caballero. Veamos qué dice la legislación de la época sobre este asunto. La ley XXV, que integra el Título II de la Segunda Partida de Alfonso X, establece que los caballeros pierden su honor al vender, apostar o prendar su caballo y armas, o bien robárselos a sus compañeros, armar caballero a quien no le es permitido serlo, practicar pública y personalmente el comercio u otros oficios manuales. Además, “la pérdida de la honra se acompaña de la muerte en caso de delito que ataña al señor: huida o no asistencia en la batalla, alevosía, traición” (Martin, 2004).

15. El caso es retratado por Bernal Estévez (1989).

16. RGS, Vol. 6, Documento 40, 08/07/1490, pp. 92-93. El acusado “por fuerça e con fuego e con gente de armas, le entrastes en la casa e fortaleza de Villanueva y echastes dend al alcaide que por el dicho su padre la tenía” (p.92). También se lo recrimina por tomar todos los bienes y registros que el damnificado posee en la hacienda, de la cual son apropiadas también “joyas e plata e oro e otras cosas de mucha estymaçión” (p.92).

17. RGS, Vol. 11, Documento 47, 03/04/1495, pp. 88-89. Allí se puede observar como Rengifo, sin aguardar las resoluciones judiciales, “por su propia abtoridad e syn mandamiento de juez, por fuerça e contra su voluntad [la de su madre], la entró e tomó las dichas çien fanegas de pan de renta, e oy día las lleva e toma de poder de los renteros” (p.88).

18. RGS, Vol. 7, Documento 8, 02/04/1492, pp. 24-28: “E que Fernando de Monrroy, cuya es Belvýs, diz que le tomó todos los dichos ganados e prendió los pastores syn tener causa ni razón para ello” (p.25).

19. RGS, Vol. 7, Documento 8, 02/04/1492, pp. 24-28: “E que yendo a pedir execuçión de la dicha sentençia a la dicha villa de Pedrafita, que las justiçias della lo prendieron e le tomaron todas las escripturas originales y un cavallo, e le tovieron preso seys meses en Valbredón e que quando lo ovieron de soltar fue a causa que le fizieron dar finequito por fuerça e contra su voluntad de todo lo susodicho e que sobre ello no le demandase cosa alguna” (p. 25). Además, a Fernando de Ayala le roban “ochoçientas ovejas paridas que estavan ejecutadas por çiertos maravedís e carneros que le devían de la renta de la dicha dehesa de Alançia, que le devía Alonso García Trugillano, vezino de Pedrafita” (p.26).

20. RGS RGS, Vol. 8, Documento 19, 05/03/1492, pp. 79-81. Los acusados “entraron en ella [en la propiedad del damnificado] con gente armada e le tomaron e levaron fasta seteçientos carneros, de los que en ella andavan, e que cobraron de los dichos hervajeros fasta ochenta myll maravedís, dyz que diziendo que él ge lo mandava cobrar”. A raíz de esta situación, “no osaron los dichos herbajeros bolver más a la dicha dehesa nyn tanpoco a labrar los terrazgos della” (p.79). El asunto no termina allí, puesto que el acusado quedó “preso en la çibdad de Ávila”, pero “quebrantó la cárçel e se fue e absentó” (pp. 79-80).

21. RGS RGS, Vol. 14, Documento 34, 10/04/1498, pp. 76-78. El caballero de Salamanca lleva adelante un ataque armado desde su escondite: “armado a cavallo, de donde estava escondido e que arremetyó donde el dicho don Alonso venía e que, llegando çerca del dicho don Alonso, sacó un palo que traýa debaxo de la capa diziendo: ‘espera, que asý se vengan las injurias’” (p.77). A raíz de ese episodio el criado de la víctima “echó mano al espada e le dio çiertas cuchilladas, de manera quel dicho Alvar Páez non pudo poner en execuçión su mal propósito e se fue e metió en el monasterio de Santistevan de la dicha çibdad, donde agora está” (p.77).

22. La fuente histórica puede encontrarse completa como Asocio, Vol. 1, Documento 30, 12/05/1330, pp. 77-81. De acuerdo con el contenido de la carta, en la ciudad de Ávila“fueron fechos bolliçios e alborotos e ayuntamientos e pleitos e juras, e acaesçieron ´y contiendas en deserviçio del dicho señor rrey” (p.78). Se indica, como principales responsables de esos problemas a “algunos cavalleros e escuderos e otros omes que eran movedores de contiendas e de peleas e trayan muchas gentes que fazían muchas malfetrías en la villa e en el término” (p.78). Sobre las apropiaciones realizadas contra los aldeanos se denuncia que los caballeros toman “viandas por las aldeas del término de Ávila” (p. 80).

23. Monsalvo Antón (2012) destaca la presencia de la palabra “malfetría” en el documento que estudia (véase la nota al pie anterior).

24. En la documentación las clientelas armadas son caratuladas como “muchas gentes que fazían muchas malfetrías” (Asocio, Vol. 1, Documento 30, 12/05/1330, p.78). La responsabilidad del caballero que lidera frente a las autoridades se observa en el siguiente pasaje: “sy algún ome de cavallero o de escudero o de otro qualquier que movier pelea o rrecudise a ella, que aquél con quien viviere que sea tenudo de lo entregar al alguazil” (p.80). La participación de marginados en las huestes de cada bando queda demostrada en este fragmento: “tiene por bien nuestro señor el rrey que, por rrazón de los omes valdíos muchos que trayan los cavalleros e los otros de la villa se fazían muchos alborotos en la villa e se enbargava mucho la su justiçia” (p.80). Otros aspectos son trabajados por el mismo autor en Monsalvo Antón (1990c).

25. Desde el punto de vista teórico, constituye este un rasgo característico del patronazgo, cuestión de la que pueden dar cuenta antropólogos como Davis (1977).

26. Determinadas ordenanzas promulgadas en los parlamentos monárquicos imponen acuerdos que incluyen a los líderes de las familias extendidas, sus clientelas, peones y miembros subalternos. Por lo visto, los adversarios ignoran este tipo de disposiciones y, muy a pesar de lo estipulado, continúan agrediéndose. La mejor prueba de esto la encontramos en la imposición de la pena de muerte para quienes persisten en su comportamiento. Así queda de manifiesto en Cortes, Tomo 1, Cortes de Burgos (1338), título 4: “quelos maten por ello los ofiçiales de la nuestra tierra o qual quier dellos olos sus enemigos que auian ante o otros omes de qual quier estado o condiçion que sean, e quelos sus parientes quelo non puedan acalopnar por querella nin por omezilio nin por otra manera ninguna” (p.446).

27. Ya hicimos referencia al caso que citamos a continuación. Los pasajes de la fuente son trabajados en Monsalvo Antón (2012). En el documento se prohíbe a los caballeros “mover peleas nin de rrecodir a ellas” (Asocio, Vol. 1, Documento 30, 12/05/1330, p.78), así como también se impone una multa de cien maravedíes para quienes desobedezcan las normas. Se estipula un número de caballeros y escuderos que pueden participar en cada combate: “por ende tiene por bien que el cavallero que más trayere que pueda traher fasta quinze omes, syn los rrapazes que guardan las bestias e non más; e el escudero diez omes e non más” (p.80). Esto es acompañado por disposiciones que establecen un control público y formal con el cual se pretende regular el tamaño y la composición de los grupos en pugna: “por que esto se guarde e sea sin engaño, que cada cavallero e escudero de la villa sean tenudos de dar por escripto los omes que con ellos benieren” (p.80). Las prohibiciones más importantes quedan de manifiesto aquí: “que ninguno non sea osado de tomar torre nin otra fortaleza en el muro de la villa nin en las eglesias, nin la bastescan de gente nin de armas nin de viandas, nin la mande basteçer nin tomar nin tener” (p.80).

28. Entre los años 1311 y 1400 ocurren numerosas cosechas con resultados negativos, todo lo cual contribuye a una crisis sistémica que impacta sobre las diferentes esferas de una sociedad cuya subsistencia está condicionada por la expansión del área cultivable. Véase las revisiones historiográficas de Borrero Fernández (2007) y García Fitz (2007) para tener una mirada general de asunto.

29. Incluye dentro de ese grupo a los caballeros villanos, véase Moreta Velayos (1978).

30. Es más, intenta corresponder esos períodos de malestar con la explosión de un latente sentimiento antisemita en el conjunto de Castilla.

31. “Esta acumulación patrimonial en la que estaban involucrados los caballeros abulenses coincidía en las primeras décadas del siglo XIV, como es sabido, con un período de dificultades económicas generales y de agudización de los conflictos” (Monsalvo Antón, 2012, p.403).

32. Pastor (1973b y 1973c) señala, atinadamente, que una de las ventajas de los nobles interesados por el negocio lanero, frente al resto de los actores sociales que desarrollan actividades productivas y comerciales, es su capacidad de emplear la fuerza para, entre otras cosas, hacerse de trabajadores a su servicio.

Capítulo 3

La centralización del poder monárquico y el ascenso económico de la elite pechera

Las transformaciones cristalizadas durante la segunda mitad del siglo XV, algunas de ellas iniciadas mucho tiempo atrás, modifican el lugar ocupado por los caballeros villanos dentro del espacio social global. Esa cambiante posición nos permite comprender cómo y por qué desarrollan determinadas estrategias, y qué capacidad tienen para desplegarlas, en función de un grado de autonomía variable. Por eso, la búsqueda de distintos objetivos se realiza dentro de un universo de posibilidades circunscriptas. Al insertarse dentro de él, los actores incorporan un habitus y hacen suyas las reglas de juego imperantes [1]. Exploraremos esto refiriéndonos a dos cuestiones: el sistema político en el cual interactúan los actores, y las actividades productivas que realizan. Así, procuramos dar cuenta de la compleja morfología sociológica de los agentes, divisando sus lógicas de reproducción, comprendiendo los variados campos en los que operan y el tipo de capital por el cual luchan en cada uno de esos casos.

Ahora bien, adentrarnos en el complejo mundo de la Baja Edad Media implica disponer de algunos datos relevantes que dan cuenta de su estructura. Para 1490, se calcula que en todo el territorio de la actual nación española hay más de cuatro millones y medio de habitantes. Alrededor del ocho por ciento está asentado en la Extremadura histórica castellana-leonesa[2]. Diferentes hispanistas consideran que la población bajo medieval está distribuida entre campo y ciudad en una proporción de tres a uno. La información suministrada para otras localidades puede ayudarnos a comprender la demografía del concejo abulense. Disponemos de datos bastante certeros para el caso de Ciudad Rodrigo. Para comienzos del siglo XVI, Bernal Estévez (1989), considerando sólo el área bajo la órbita del realengo, indica la existencia de, aproximadamente, unos cuatro mil tributarios dentro del ejido urbano. A eso debemos añadir la población exenta que, entre otros, está compuesta por caballeros villanos, miembros del orden privilegiado, pero también marginados que están excusados de las obligaciones feudales. En total, se conjetura la presencia de seis mil personas en las villas. En función de esas cifras, para el alfoz mirobrigense puede decirse que hay dieciocho mil sujetos, de los cuales una enorme mayoría entrega pechos. En su conjunto, toda la jurisdicción abarcaría unas veintitrés o veinticuatro mil habitantes, recordemos, para fines del período que estudiamos. Por más tentativo que sea, el número parece relativamente correcto y sería aplicable a Ávila.

Ubicada en el centro-oeste de España, a unos cien kilómetros al noroeste de Madrid, la capital del concejo abulense está situada sobre una elevación rocosa a más de mil metros de altitud, a la derecha del Río Adaja[3]. Desde su repoblación en el siglo XI puede reconocerse en todo el territorio que está bajo jurisdicción de Ávila una economía mixta, pero en la que prevalece la actividad ganadera. De hecho, para que los animales de tiro y de labranza tengan donde alimentarse, los productores locales jamás concretan un desmonte total, pero sí roturan una parte del espacio, que destinan a viñedos y campos de cereal (especialmente, cebada y avena). Por eso, la expansión de las roturaciones, iniciada en el siglo XII, y concluida en el XIV, se realiza con suficiente cuidado como para no eliminar los prados destinados a los rebaños (Barrios García, 1983-1984)[4]. Similar es el caso de Ciudad Rodrigo, donde los cultivos de trigo, cebada y vid ocupan un papel secundario con relación a la cría de ovejas (Bernal Estévez, 1989). Esto explica la importancia que tiene la yuntería, una renta feudal establecida por el laboreo de las tierras, y el cobro por el uso de los devasos, tierras colectivas donde pastan los animales (Bernal Estévez, 1989). Esto último nos remite al sistema tributario de los señoríos concejiles, cuyo carácter regresivo permite el enriquecimiento de algunos pecheros por encima del resto. Establecido un monto máximo para contribuir en función de la riqueza, quienes disponen de un patrimonio que supera ese límite no deben pagar más. La situación entraña, además, la aparición de una caballería de alarde, integrada por artesanos, comerciantes y labradores acaudalados que pretenden gozar de las franquicias y privilegios que detentan los milites (da Graca 2009).

3.1. El poder político

La autoridad de los caballeros villanos está fundada en la actividad militar que realizan desde el siglo XI. Actuando como protectores de la Extremadura histórica castellano-leonesa y participando en distintas campañas contra los musulmanes, los miembros del grupo consolidan su liderazgo[5]. Hasta fines del siglo XII o principios del XIII ese poder es bastante laxo. A medida que los señores feudales imponen sus relaciones de explotación sobre las comunidades, necesitan la colaboración permanente de una elite local que progresivamente monopoliza los principales cargos de gobierno y obtiene beneficios al disponer de pastos, rentas y soldadas. Esa desigualdad frente al resto de los vecinos es consagrada con el otorgamiento de privilegios jurídicos, los más relevantes de ellos, de carácter tributario. Afianzados en el municipio, los caballeros villanos tienen un conjunto de responsabilidades, entre otras, estar preparados para asistir a la justicia, escoltar tesoros y prisioneros, perseguir criminales, ejecutar castigos, organizar las tropas, administrar la justicia y controlar la hacienda. Además, imbuidos de facultades represivas, pueden encarcelar, rematar bienes e imponer diferentes tipos de penas sobre quienes evaden sus obligaciones con el dominus villae (Monsalvo Antón, 1988)[6].

Sin embargo, los caballeros villanos no son los únicos responsables de garantizar el orden. En las sociedades feudales, las tensiones inherentes al proceso de extracción del excedente intentan resolverse por medio de los representantes aldeanos, un conjunto de productores agrarios que participan como oficiales de segundo rango y están dedicados a tareas de gestión cotidianas. Además, los procuradores pecheros también cumplen un importante papel institucionalizando los conflictos sociales y manteniéndolos dentro de los cauces legales (Astarita 1997: 151). Por sobre esos actores se encuentran los regidores, quienes integran la elite urbana y tratan las rutinas burocráticas con cierto desdén. Algunos de ellos ni siquiera visitan personalmente las aldeas, salvo ocasiones puntuales, pero sí se trasladan a otros lugares para celebrar reuniones entre sus pares o con poderes superiores. Es más, en algunos concejos, la coacción y la administración corren por cuenta de los pecheros reclutados para cumplir esas finalidades[7].

Orquestado así, el sistema político feudal otorga un protagonismo ineludible a los tributarios. Por eso, sus manifestaciones de descontento ante la monarquía pueden condicionar o circunscribir el comportamiento que despliegan los caballeros. Para compensar esto, quienes nutren las filas de la oligarquía villana, estructurada como tal desde fines del siglo XV, disponen de ventajas estratégicas que les permiten incrementar sus márgenes de autonomía, entre otros motivos, porque el titular de la comunidad necesita conservar un trato cordial con ellos para mantener el orden local. Aun así, no están habilitados para hacer un uso indiscriminado de la fuerza o aplicarla en cualquier circunstancia. Deben atenerse a ciertas prescripciones y, en última instancia, salvaguardar los objetivos que tiene el señor feudal del concejo. Después de todo, éste les faculta para emplear la coacción si con eso son mantenidas las relaciones sociales de producción. Sin embargo, distintos miembros del gobierno urbano, entre los que se encuentran algunos funcionarios de alto rango, incurren en delitos y efectúan agresiones guiados por sus intereses personales. Ese tipo de prácticas no siempre quedan impunes. Según corresponda, los oficiales de la Corona y otros agentes del municipio regulan y castigan lo que consideran indebido.

Esa intervención de las autoridades superiores tiene una explicación que trasciende los casos particulares. Quienes ejercen la dominación intentan representarse a sí mismos como árbitros que imparten justicia y garantizan una concordia que favorece al conjunto de las personas. En el modo de producción feudal la relativa distancia que separa campesinos y terratenientes otorga a los primeros cierto grado de autonomía, incluso como responsables de elaborar y recaudar su propio excedente. Probablemente por eso es que los productores agrarios exigen la protección integral de sus tierras, aunque esto también implique que queden bajo el poder de otros o su libertad termine condicionada[8]. Los monarcas son conscientes de esto y acompañan su asunción con procesos judiciales en los que se aplica la ley, muchas veces de forma cruenta y teatralizada, mostrando al gobernante como el responsable de la estabilidad y el funcionamiento del cuerpo social[9]. Así, el tributo exigido a los pecheros aparece como un mal necesario para impedir la llegada del fimbulvetr[10], puesto que con lo recaudado financian a un conjunto de oficiales responsables de la seguridad y el bienestar general.

Por este y otros motivos los mandatarios intentan brindar respuestas a los reclamos de quienes padecen directa o indirectamente la violencia. Resulta necesario entonces controlar los disturbios ocasionados por los caballeros y condenar los actos vandálicos realizados por éstos. Igualmente aunque los hechos de agresividad tomen una dimensión importante, tampoco debemos imaginar un panorama dantesco. En Ávila, especialmente entre los siglos XV y XVI, las disputas protagonizadas por caballeros, o entre ellos y los tributarios, consisten especialmente en provocaciones verbales, encontronazos callejeros, lanzamiento de piedras o empleo de armas. Luego de los combates quedan algunos heridos y, sólo en contadas oportunidades, uno o dos muertos[11].

Por otra parte, el devenir de los acontecimientos deja en claro que las personas no siempre actúan libre e impunemente. Determinadas reformas promovidas por la Corona perjudican la autonomía de los agentes. Las transformaciones efectuadas por la monarquía durante el período bajomedieval ejemplifican esto. Desde la época de Enrique II ocurre un proceso de centralización que establece una organización institucional en la que conviven distintos núcleos de autoridad. El problema, es que esa superposición de soberanías no siempre es pacífica [12]. La propia Corona intenta resolver, muchas veces de manera infructuosa, los inconvenientes que ocasiona la propia elite concejil. Para complicar aún más las cosas, en su afán de centralizar el poder, el rey nombra funcionarios que responden directamente a él, como por ejemplo el corregidor, quien está documentado en algunos lugares desde comienzos del siglo XV. Ocupándose de tareas judiciales y represivo-policiales, el delegado del monarca debe custodiar la cárcel pública y sus presos, tomar medidas durante las emergencias (como incendios e inundaciones), controlar la edificación de castillos y fortalezas (que simbolizan el uso de un derecho de ban que desconoce las prerrogativas del titular de la comunidad), expulsar a quienes crea perturbadores de la concordia urbana, establecer treguas, desarmar a la población o impedir celebraciones que pudieran ocasionar desmanes[13]. Así, la aparición de este tipo de oficiales trastoca el equilibrio de fuerzas e intensifica los enfrentamientos preexistentes[14], convirtiéndose para los miembros del patriciado en una potencial amenaza para sus derechos y franquicias.

A partir de esos cambios en las relaciones de poder debemos comprender los reclamos que efectúan los regidores durante todo el siglo XV, denunciando la ineficacia de los oficiales de la Corona y quejándose por los altísimos salarios que éstos perciben. En determinadas ocasiones, acusan a los corregidores de fomentar e involucrarse en luchas facciosas, quebrantar usos, costumbres, ordenanzas, libertades y privilegios, participando así de diferentes delitos que deberían reprimir. Desconocemos si las imputaciones son verídicas. Detrás de las quejas, probablemente, se esconden los objetivos políticos de algunos caballeros villanos[15]. No obstante, algunos testimonios parecen creíbles. En el año 1493 uno de los delegados de la monarquía que está encargado del espacio abulense, el licenciado de Santisteban, azota y tortura a un vecino de la ciudad. También manda amordazar y avergonzar públicamente a otro residente. Si los testimonios son auténticos, la fortaleza del corregidor parecería importante, pero no por ello inconmensurable: como respuesta ante esos hechos, los reyes exigen que la justicia actúe correctamente, restituyendo el honor de los agraviados[16].

3.2 El crecimiento económico de la elite pechera

Para desarrollar este punto, lo primero que necesitamos tener en claro es que caballeros villanos y tributarios presentan más similitudes que diferencias entre sí. De hecho, tienen el mismo origen. Los dos grupos formaron parte de las primeras etapas de repoblación de la Extremadura histórica castellano-leonesa como campesinos alodiales. Como buena parte de los milites medievales, los jinetes concejiles provienen de estratos plebeyos[17]. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos en el resto de Europa, los combatientes ecuestres que encontramos en Ávila mantienen un vínculo socio-cultural y laboral con el resto de los productores agrarios. Es más, advertimos entre ellos cierta complementariedad y división de tareas. Los caballeros villanos no sólo poseen ganado, sino que en algunas ocasiones también vigilan sus animales y los de los demás, ya sea por su propia voluntad, o porque el conjunto de los dueños de la localidad, o el ente político que los aglutina (el concejo) toma esa decisión. En cualquiera de los casos, la contratación de estos servicios implica una retribución monetaria (Pastor, 1973b).

Además, al igual que los pecheros, los caballeros disponen de prados y animales, utilizan los espacios comunales y llevan adelante sus labores agrarias mediante yugueros, renteros, mozos, mayorales y pastores. Su problema, es que ven limitada la contratación de mano de obra. Como emplean trabajadores que terminan excusados de los tributos feudales, sólo pueden contar con un limitado número de dependientes. Si no existiera esa estipulación, el titular del señorío vería erosionada su base de tributación (da Graca, 2009)[18]. Aunque en algunos lugares como Salamanca determinados miembros del grupo obtengan fortunas considerables y terminen posicionados en importantes cargos eclesiásticos, universitarios y cortesanos, su nivel de riqueza es parecido al de los grandes propietarios no privilegiados[19]. A esto debemos añadir algo que ya indicamos: los dos grupos, en distinta medida y de forma variable, colaboran en las tareas de gestión. Los caballeros villanos que ocupan los puestos de gobierno urbano aparecen como los responsables de garantizar las condiciones necesarias para la extracción del excedente, pero en la recaudación de los pechos también participan los tributarios. La dificultad para concretar una apropiación sostenida del plusproducto convierte a los representantes aldeanos en oficiales de segundo rango que deben hacerse cargo de asuntos cotidianos, imprescindibles para conservar la dominación a lo largo del tiempo.

En todo caso, lo que distingue a los integrantes de uno y otro sector son las obligaciones y prerrogativas jurídicas, la manera en que la adscripción estamental incide sobre su actividad económica, y el acceso que tienen a determinados puestos en el ayuntamiento, con todos los privilegios que ellos implican. Aunque quienes controlan el concejo acuerdan con los sexmeros medidas relativas a la distribución poblacional y al aprovechamiento de tierras de uso comunitario, la elite asentada en el burgo se reserva para sí el derecho de alimentar a sus animales en los espacios de usufructo colectivo. De esta forma, los caballeros villanos que componen el patriciado disponen de ventajas concretas que apuntalan su desempeño como productores agropecuarios. Si no perdemos de vista esa cuestión, no parece una casualidad que desde fines del siglo XIV, y todo el XV, ocurra, de forma paralela, una progresiva aristocratización del concejo y una disminución de los comunales en beneficio de los gobernantes urbanos (Bernal Estévez 1989: 147) [20].

Un episodio particular evidencia esto. Durante 1490 vecinos de aldeas abulenses acusan a los funcionarios de Ávila de tomar un conjunto de decisiones que favorecen a los residentes de la ciudad en perjuicio del resto. De acuerdo a esas medidas, los que cuentan con una yugada de tierra dentro de la jurisdicción de la villa pueden apacentar sus animales en los términos de cualquier otro lugar, sean o no vecinos de allí. La resolución parece impulsada por quienes poseen una importante cantidad de ganado y disponen de algún grado de autoridad dentro del burgo [21]. Gracias a esa reglamentación, tienen permitido llevar a pastar un número mayor de semovientes, lo que generaría deterioros en la productividad del suelo, ocasionando inconvenientes. Si esa ordenanza se consumara, los pecheros quedarían imposibilitados de alimentar a sus bueyes y ovejas, por lo que decidirían trasladarse a otros lugares, vendiendo sus tierras a personas con algún nivel de riqueza, quienes incrementarían de esa forma su patrimonio [22]

Por lo visto, el progreso económico y el crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XV no disminuyen las tensiones ni resuelven las contradicciones sociales. A lo largo de ese período, en el conjunto de los reinos hispánicos ocurren significativos hechos de violencia, protagonizados por campesinos, miembros de la nobleza local y señores que intentan reforzar la dependencia de sus cultivadores (Rodríguez López 2013: 43). Como parte de esa realidad general, los integrantes del patriciado de Ávila están implicados en diferentes y recurrentes usurpaciones de terrenos (Monsalvo Antón 2001: 93-96). El crecimiento de la cabaña ganadera y la necesidad de los productores agropecuarios por disponer de una mayor cantidad de tierras explicarían estos fenómenos. La situación es similar a la que encontramos en otros espacios cercanos. La universalidad de estos problemas queda expuesta en las Cortes de Toledo, reunión parlamentaria en la cual los procuradores de las villas y ciudades del reino exponen sus quejas frente a las apropiaciones de dehesas, montes, prados, pastos, aguaceros y abrevaderos[23].

De esta manera, en términos globales, los cambios verificados a lo largo del siglo XV, pero que se inician con anterioridad, empujan a los diferentes sectores sociales hacia la agresividad. El ejercicio comparativo con otras realidades históricas nos ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones. Cuando Hobsbawm (1968) analiza los nefastos hechos de violencia que asedian a la nación colombiana durante el siglo XX, identifica en numerosos crímenes y abusos la participación de una clase media rural ascendente que, con la incorporación del café al mercado mundial desde la década de 1940, encuentra la oportunidad propicia para adquirir riqueza y poder. Los abominables comportamientos del grupo están vinculados entonces a la construcción de liderazgo y la búsqueda de beneficios en una etapa atravesada por grandes cambios. A los caballeros villanos del siglo XV les sucede algo relativamente similar. Ellos pretenden alcanzar la cima del gobierno y expandir sus horizontes productivos y comerciales en un contexto caracterizado por el crecimiento del mercado y la centralización del aparato monárquico.

Los campesinos acaudalados padecen una importante desventaja, en principio, porque no disponen de la preparación militar ni de los instrumentos de combate con los que sí cuentan los caballeros villanos. En una economía que prácticamente no conoce otras formas de crecimiento que no sean las extensivas, la presencia de un sector militarizado con intereses ganaderos puede originar fuertes tensiones. Ajenos a importantes avances en la innovación productiva que les permitan aumentar y diversificar el volumen de su producción, los caballeros villanos optan por apropiarse de tierras, vedar el uso de espacios colectivos y quedarse con animales ajenos. Encontrándose en mejores condiciones para desplegar determinadas estrategias que el resto, integran un estamento que encuentra en el uso de la violencia una forma de actuación legítima. El comportamiento agresivo figura entonces como una decisión consciente que apunta a objetivos específicos y es relativamente válida para quienes la llevan a cabo, independientemente si las disposiciones normativas la consideran legal o no. Una situación concreta, aunque refiera a las primeras décadas del siglo XV, nos parece adecuada para ilustrar este aspecto. En 1415, son ocupados pastos comunales que pertenecen a la ciudad de Ávila. Los acusados recurren a sus dependientes laborales y los emplean como una clientela armada cuyo objetivo es prendar a los semovientes que entran en sus terrenos. No sólo perjudican a los campesinos, sino también a otros caballeros que, como propietarios de animales, necesitan de esos espacios para alimentar su rebaño[24].

Los pecheros más enriquecidos, generalmente, participan del auge comercial que se verifica en la última centuria de la Edad Media contratando asalariados y adquiriendo nuevas parcelas de tierra a través del mercado inmobiliario. Sin los impedimentos que acompañan los privilegios estamentales de los caballeros, toman un camino distinto a éstos, lo cual no implica que los tributarios sean agentes pasivos frente al embate de quienes están profesionalizados en el uso de las armas. En algunas ocasiones, defienden vehementemente sus áreas de laboreo e intentan resguardarse ante las amenazas que los acechan. En 1494, Rodrigo de Valdés envía a uno de sus dependientes a rozar y arar tierras en La Villacomer. Las autoridades que forman parte del concejo aldeano se resisten al subordinado y terminan encarcelándolo[25].

Por eso, cuando estudiamos las denuncias efectuadas por los pecheros contra los caballeros no debemos hacer lecturas apresuradas. Su “pacifismo categórico”, que parece describir un accionar político eminentemente legalista (Monsalvo Antón, 2011), debería interpretarse como una estrategia desplegada en un ámbito normativo en el que funcionan determinadas reglas[26]. En diferentes oportunidades, los tributarios se representan a sí mismos como víctimas inocentes que son injustamente agredidas por personas que, de acuerdo a los principios que rigen a la sociedad medieval, son mucho más fuertes y poderosos que ellos. La justicia, entonces, tendría que resguardarlos frente a los abusivos. A ello se añade otra cuestión. El orden de los bellatores es el que teóricamente está encargado de velar por la seguridad de toda la comunidad. Los laboratores, por el contrario, son los encargados de mantener, con el sudor de su frente, a esa elite guerrera, la cual los debería retribuir con su protección. En esa división de tareas, el rey figura como el garante de todo el sistema, el responsable de conservar el orden. A esto, además, debemos agregar que el señor del concejo no quiere que disminuya la recaudación de excedente. Si alguien perjudica la elaboración y eventual apropiación del plusproducto, el monarca debe resolver el problema. Así es que los pecheros, de manera más o menos consciente, recurren a este tipo de argumentos para hacer valer sus derechos.

Los caballeros villanos cuentan con dos atributos para nada despreciables: están exentos de cargas feudales y, un segmento de ellos, controla el gobierno municipal. Ambas cualidades redundan positivamente en su desempeño como productores agropecuarios de tamaño medio que participan en redes de intercambio. El acceso a las magistraturas, además, no sólo implica una retribución salarial, sino que también garantiza un aprovechamiento diferencial de los ámbitos colectivos, especialmente de pastoreo. Por último, al no tener gravadas sus propiedades, así como tampoco sus subordinados, quedan liberados de importantes erogaciones[27]. No obstante, el disfrute de los atributos referidos implica condicionamientos. Para evitar que una importante cantidad de propiedades territoriales y personas queden fuera del espectro tributario, el señor controla su participación en el mercado de tierras y de mano de obra. Por otra parte, los caballeros villanos colaboran en la reproducción del sistema de dominación, pero no son señores feudales ni gozan de un derecho de ban individualizado. En un contexto de importante competitividad, las restricciones que padecen se hacen más acuciantes. La salida que encuentran es fortalecer su posición económica y política, transformarse en una auténtica oligarquía y, para lograrlo, recurren eventualmente a la violencia.

NOTAS

1. La existencia y el funcionamiento de un campo implican la presencia de “algo en juego, y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera” (Bourdieu, 1990, p.109). Un medievalista que recurre al punto de vista relacional de Bourdieu (1990) es Jara Fuente (2001 y 2002). El autor lo emplea para dar cuenta de la trayectoria de los actores dentro del campo político feudal, haciendo énfasis en la reelaboración de la identidad sociopolítica dentro del ámbito concejil.

2. Esta información es suministrada por Monsalvo Antón (2014b).

3. Véase los mapas, disponibles en el Anexo.

4. La preeminencia de ese tipo de tareas, tampoco debe menoscabar la relevancia de la industria artesanal abulense. Dentro de ella, podemos identificar rubros con algún nivel de desarrollo, como el de la construcción, la madera, el hierro, el cuero y los paños (Barrios García, 1983-1984).

5. Las prebendas que disfruta el grupo, en uno u otro momento, recompensan su principal contribución a la sociedad: brindar seguridad frente a las amenazas externas e internas. Amparándose en eso, son los únicos que pueden disponer de determinados atributos. Así podemos corroborarlo en RGS, Vol. 12, Documento 14, 17/02/1496, pp. 32-35. En esa fuente se denuncia a los tributarios por gozar de privilegios que sólo corresponden al estamento de los caballeros. Puntualmente, se habla de “muchos vezinos pecheros de la dicha çibdad e de los mayores pecheros della, seyendo onbres que nunca siguieron la guerra nin mantovieron armas nin cavallo, e seyendo ofiçiales e çibdadanos e tratantes e mercaderes e arrendadores viejos e dolientes” (p.33). Así, con la excusa de poseer “armas e cavallo en su casa diz que quieren gozar del dicho privilegio, e eximen se de pechar e contruibuir en las cosas en que antes que por nos fuesen confirmadas solían pechar e contribuir” (p.33).

6. Los encarcelamientos figuran, por ejemplo, en las Ordenanzas medievales de Ávila y su Tierra, Documento 2, 1346-1383, pp. 27-30: “sy non oviere quantía para lo pechar, que yaga treynta días en la cadena por ello” (p. 28). Otra fuente abulense trata esto, nos referimos a RGS, Vol. 6, Documento 22, 06/04/1490, pp. 55-57. Aunque en ese documento se haga referencia a los delitos que pueda cometer una minoría religiosa en particular, su contenido resulta válido para dar cuenta de lo enunciado: “que vos constringan e apremyen a ello”, y que “puedan fazer e fagan çerca dello todas las prendas e premynençias e prisiones, esecuçiones e ventas e remates de bienes que para aver e cobrar los dichos castellanos requiera” (p.56). El uso de la coacción como forma de imposición aparece con claridad cuanto se concede la categoría de villa a un determinado espacio. Al contar con su propia jurisdicción las autoridades están facultadas para emplear la violencia si las circunstancias así lo ameritasen. Esto puede corroborarse en Archivos Municipales Abulenses, Candeleda, Documento 7, 14/10/1393, pp. 80-84: “E otrosý, que pongan forca e tengan cárçel e çepo e cadena e otras presiones qualesquier que entiendan que cunplen, segunt que mejor e más cunplidamente esto puede fazer e tener qualquier villa e lugar sobre sý de mis regnos” (p.81).

7. Da Graca (2015) analiza estas cuestiones refiriéndose, concretamente, al concejo de Piedrahíta.

8. La actitud del propio monarca, tomando decisiones mesuradas y perdonando algunos crímenes, refleja esto (López Gómez, 2010a y 2010b).

9. Hernando del Pulgar, cronista oficial, relata de forma apologética la asunción al trono de los Reyes Católicos durante 1475: “Y con esta justicia que hicieron, los hombres ciudadanos y labradores, y toda la gente común, deseosos de paz, estaban muy alegres, y daban gracias a Dios, porque venía tiempo en que le placía haber piedad de estos reinos, con la justicia que el rey y la reina comenzaban a ejecutar, porque cada uno pudiese ser señor de lo suyo, sin recelo que otro forzosamente se lo tomase”. El relato está reproducido en Bazán (2007, p.308). Este tipo de castigos también aparecen en el concejo de Piedrahita, por lo menos desde la primera mitad del siglo XV, donde nos encontramos con un rollo, utilizado para ahorcar a los condenados (Luis López, 1987). Para tener una noción general de esto a nivel de todo el reino véase Bazán (2007).

10. Figura metafórica empleada en la mitología nórdica para representar cómo la caída de toda autoridad arrastra a las personas hacia una lucha incivilizada por la supervivencia. Según el relato, justo antes del Ragnarök, se sucederán cruentos inviernos. La era de los lobos a la que se hace referencia en los relatos puede ser interpretada como el reinado del caos, una época en la que los seres humanos cometen todo tipo de atrocidades. Thomas Hobbes parece retomar algunas de esas ideas y expresarlas a través de una clásica sentencia de Plauto, concluyendo que homo homini lupus.

11. Algo similar ocurre en Alba de Tormes, donde algunos caballeros ni siquiera se adscriben a las facciones enemistadas. No obstante, en Salamanca el nivel de discordia es muy elevado (Monsalvo Antón, 1990c). Durante el siglo XV, el espacio urbano de esa ciudad queda virtualmente dividido en dos zonas, adscriptas a una parroquia y representando a una de las familias en pugna (Monsalvo Antón, 2009). Diago Hernando (2016) discrepa con la interpretación enunciada en el cuerpo del texto, puesto que considera que durante los siglos XV y XVI en el espacio abulense se suceden frecuentes y e intensos desórdenes, muchos de ellos ocasionados por la lucha entre distintos bandos.

12. En Alba de Tormes, una comunidad sometida a un noble en particular, existe un triple grado de vinculación: servidores directos de los señores, caballeros y escuderos del concejo en la órbita de un señor y bajo su servicio personal, y otros que quedan fuera de ese marco de relaciones. Esta situación, origina múltiples conflictos (Monsalvo Antón, 1988).

13. La idea de paz que está presente en los funcionarios de la época cuenta con dos orígenes históricos: la eiréné griega, que hace de la justicia un factor indispensable para garantizar la comunión social; y la noción de pax romana, en la que resulta indispensable que se establezcan límites al desarrollo de la conflictividad y agresividad interpersonal. La segunda noción, que implica una defensa del statu quo reprimiendo todo aquello que atente contra él es la que mayor relevancia adquiere durante la Baja Edad Media. Sobre éstas cuestiones véase López Gómez (2010a y 2010b).

14. Surgen en el siglo XIV en un turbulento contexto político en el que una minoría, aún sin mucho poder, intenta monopolizar el gobierno local (Bernal Estévez, 1989; Jara Fuente 2007a).

15. En cada una de las localidades la puja por los oficios de gobierno puede deparar resultados distintos. En Aranda de Duero, por lo menos hasta 1490, los reyes eligen como corregidores a pecheros con formación universitaria. Una vez que la institución queda definitivamente consolidada, la monarquía cambia su política de selección. Desde ese momento son nombrados los caballeros procedentes de la oligarquía local, aunque no cuenten con ese tipo de preparación, permaneciendo en los cargos por más tiempo del permitido (Diago Hernando, 2008).

16. RGS, Vol. VIII, Documento 62, 18/07/1493, 189-191. Allí se denuncian los “açotes que le fizo dar el licenciado de Santistevan, corregidor que fue en esa dicha çibdad, e Antón Sánchez Cubero” (p.190). La monarquía ordena que “veades los dichos proçesos e, avyendo consideraçión a la calidad de las personas, veades la satisfaçión que el dicho corregidor e su alcalde les deven fazer por el daño e injuria que les fizieron” (p.190). Hechos como este también son estudiados por Lunenfeld (1987).

17. En el territorio franco, por lo menos hasta el siglo VIII, quienes no están sometidos a la esclavitud tienen el derecho, y también la obligación, de portar armas. Esto implica seguir al señor de la guerra en sus campañas anuales, “con la expectativa de participar en el botín y la fama” (Fleckenstein, 2006, p.22). Así, incluso los campesinos deben prestar servicios, garantizar su propia manutención y equipos de combate. Obviamente, quienes disponen de un patrimonio considerable cuentan con algunas ventajas y pueden pertrecharse mejor que el resto. Por cumplir ese deber, muchos productores agrarios terminan perjudicados, puesto que descuidan la gestión de sus granjas. Esto explica por qué a lo largo del tiempo el número de personas que accede a los ejércitos, como por ejemplo el carolingio, es cada vez menor. El cambio, sin embargo, no puede esconder las raíces populares de la caballería. Los ejemplos son numerosos. En la frontera oriental de Sajonia, Bloch (1979) halla agrarii milites, similares a los geneat o radmen de Inglaterra, quienes poseen tenencias gravadas por servicios de escolta o de mensaje, además de estar sometidos a censos y prestaciones agrícolas. Bonnassie (1993) propone que los milites del reino franco, como los que habitan en Cataluña, descienden de los campesinos alodiales más acaudalados. Duby (1999a) reconoce esa diversidad dentro de las filas de los guerreros en los documentos francos que datan de los siglos X y XI. Incluso los subordinados directos de los caballeros feudales hispánicos, los infanzones, en un principio pueden haberse desempeñado como labradores (Astarita, 2007b).

18. Ya en la concesión de privilegios de Alfonso X observamos las diferencias de riqueza entre los caballeros villanos y la cantidad de excusados de los que puede disponer cada uno de ellos. Asocio, Vol. 1, Documento 13, 30/10/1256, pp. 47-52. A modo de ejemplo, podemos reproducir el siguiente pasaje: “el cavallero que oviere de cuarenta fasta çien vacas que escuse un vaquerizo e non más; et cabaña de vacas que sea de çient vacas arriba, el que la oviere que escuse un vaquerizo et un rrabadán e un cabañero” (p.48).

19. En Segovia, por ejemplo, la elite tributaria cuenta con un patrimonio que no tiene nada que envidiarle al conjunto de los caballeros villanos (Asenjo González, 1984).

20. Analiza esto, refiriéndose al caso mirobrigense, Bernal Estévez (1989). Para el espacio abulense, véase Luchía (2009, 2011a y 2011b).

21. Esto daría cuenta que el sistema urbano de poder actúa en bloque. Jara Fuente (2002) reflexiona sobre las decisiones que benefician al espacio urbano en desmedro del rural en su trabajo.

22. RGS, Vol.6, Documento 34, 26/05/1490, pp. 83-84. Hace tres años las autoridades urbanas decidieron que cualquier vecino o morador de la ciudad de Ávila que “toviere una yuguada de tierra o más en qualquier logar o aldea de la dicha çibdad, que podiese paçer con todos sus ganados en los términos de tal logar aunque no fuese vezino nin morador en él” (p.83). Este tipo de ordenanzas ocasionan que “todos los vezinos e moradores e logares que son en el dicho seysmo de Santiago se perdiesen sus bueyes e ganados e bueys de labrança, non tendrían donde los apaçentar, e los dichos pueblos e seysmo se despoblarían” (pp.83-84). A partir de esa situación, el redactor del documento indica que muchos de los pecheros terminan vendiendo sus tierras.

23. El texto es reproducido como parte de una denuncia puntual, efectuada en la última década del siglo XV y que trata de un hecho acontecido en Arévalo. Véase RGS, Vol. 11, Documento 5, 19/01/1495, pp. 16-18. Durante ese período, el concejo de Cuenca emplea muchos recursos para repeler la invasión y ocupación de sus términos rurales. Aunque se trata de una comunidad distinta a la que concentramos nuestra atención, la información suministrada es ilustrativa para dar cuenta de una realidad histórica que guarda similitudes con lo acontecido en diferentes localidades. La convocatoria a las milicias, integradas por todos los varones de entre dieciocho y sesenta años, así como el presupuesto destinado a la seguridad, constatan la centralidad que adquieren las tareas de vigilancia en ese concejo. Entre 1426-1427 la villa y tierra conquense utilizan 54.273 maravedíes (el 61,25% del total de los tributos recaudados) para proteger los sexmos de Arcas y Altarejos, costeando el aprovisionamiento de más de trescientos peones. Para el período 1466-1467 destina 134.360 maravedíes (el 72,51% de los recursos disponibles) para reparar la fortaleza de Arbeteta y el castillo, además de las murallas y puertas de la villa. Parece ocurrir un cambio cuando asumen los Reyes Católicos, puesto que en 1478 una buena cantidad de maravedíes son empleados para desarrollar procesos judiciales contra las usurpaciones ilegales, pero no tanto en reprimirlas. Sin embargo, aún en 1479, se cargan 57.190 maravedíes sobre el ámbito rural para costear el personal que patrulla las áreas circundantes a la villa. Toda esta información se encuentra disponible en Jara Fuente (2007b).

24. Asocio, Vol. I, Documento 75, 21/01/1414-22/10/1415, pp. 283-321. En la fuente se acusa a Sancho Sánchez y sus secuaces por correr “los ganados de los vezinos de la dicha çibdat e de su tierra del dicho echo et los prendavan en él”; de hecho, se dice que continúan actuando de esa manera con “los ganados de Sanct Rromán” (p. 296).

25. RGS, Vol. 10, Documento 26, 15/05/1494, pp. 46-47. Rodrigo de Valdés, vecino de la ciudad que posee heredades en el término de La Villacomer, envía a uno de sus criados para que roce y are “algunas de las dichas tierras” (p.46). El problema, es que “el conçejo e alcaldes del dicho lugar [es decir, del término rural] salieron al dicho criado e le llevaron preso e le tomaron el azadón e otros aparejos, que non lo quisieron soltar syn que diese fianças non lo podiendo nin debiendo hazer de derecho” (p.46).

26. “Los campesinos medievales no se perciben inmediatamente como “no libres, no privilegiados, no propietarios”; sino como productores que disponen y aprovechan “laboriosamente” la tierra a través de su esfuerzo físico volcado en el trabajo cotidiano” (Luchía, 2012, p.21).

27. Esos atributos están confirmados por la monarquía desde la época de Alfonso X, como podemos observarlo en Asocio, Vol. 1, Documento 13, 30/10/1256, pp. 47-52. Así los caballeros que “tovieren cavallos e armas et el cavallo de treynta maravedís arriba, e escudo et lança e loriga e brofaneras e perpunt e capiello de fierro e espada, que non pechen” (p.48). Además, “por los otros heredamientos que ovieren en las dichas villas de nuestros rregnos que non pechen por ellos” (p.48). La exención tributaria es extensible incluso a los subordinados laborales de los caballeros, puesto que ellos pueden excusar de cargas a “sus pagniguados e sus pastores e sus colmeneros e sus amos que criaren sus fijos e ortolanos e sus molineros e sus yugueros e sus medieros e sus mayordomos que ovieren en esta guisa” (p.48).

Capítulo 4

Los episodios de violencia

No es un detalle que los mismos caballeros villanos que alcanzan determinados puestos de gobierno aparezcan en algunos casos como partícipes de los actos de violencia y, en otras oportunidades, como magistrados responsables que intentan reprimir las turbulencias generadas por los miembros de su propia clase estamental. A lo largo del tiempo, cambian su posición en el espacio social global y, por ese motivo, llevan adelante conductas que pueden alterar el orden establecido o, por el contrario, resguardarlo. En un período determinado, el rol que desempeñan como funcionarios los hace garantes de la concordia urbana y rural. No obstante, viendo incrementada su autoridad política, y habiendo afianzado su poder, cuentan con una autonomía relativamente mayor para comportarse como quieren[1]. Al disponer de ese grado de libertad, pueden ejercer presiones, ejecutar ordenanzas de modo arbitrario, proteger aliados o impedir la correcta aplicación de la justicia. En este sentido, los cambios experimentados por la sociedad feudal castellano-leonesa durante los siglos XIV y XV impactan decisivamente sobre las relaciones establecidas entre los propios caballeros, y entre éstos y los tributarios[2].

4.1. Las luchas entre los caballeros por los puestos de gobierno

En los últimos siglos de la Edad Media, el concejo constituye un señorío colectivo que está en manos de pocas personas emparentadas biológica o artificialmente entre sí. Cerrándose sobre sí mismo, un grupo determinado puede monopolizar el ingreso a las magistraturas y nutrir las filas del Regimiento, controlar la hacienda local, recibir distintos ingresos, gozar de exenciones tributarias y tratamientos preferenciales. Quienes acceden a esos sitiales de poder, además, consolidan desigualdades económicas de base, aún más si tenemos en cuenta que entre los caballeros existe un amplio abanico de fortunas. Para el caso segoviano, Martínez Moro (1985) registra un patrimonio que oscila entre quince y cien vacas, cuarenta y cuatrocientas ovejas, y quince y ciento cincuenta hectáreas. Seguramente, los propietarios más ricos, encontrarían un importante estímulo para convertirse en funcionarios si contaran con una legislación que les permitiera excusar más bueyes que el resto de los vecinos. Existe una reglamentación de ese tipo en Ciudad Rodrigo, escrita en la década de 1430. En este caso, los principales beneficiarios son los regidores y escribanos del concejo[3].

Ahora bien, las disputas por las magistraturas están íntimamente vinculadas a las posibilidades que tiene cada comunidad para solventar las erogaciones presupuestarias que demanda la presencia de los funcionarios. Por eso, no resulta provechoso estudiar los episodios de violencia aisladamente, prescindiendo analíticamente del sistema político que los engloba. Ya en 1383, el enfrentamiento por los cargos de Ciudad Rodrigo eleva el número de regidores a diecinueve, cada uno con un salario de novecientos maravedíes. El concejo y la monarquía establecen que no puede haber más de doce funcionarios de ese tipo, equitativamente distribuidos entre los dos grupos en pugna y con un ingreso tres veces menor al original. Uno de los argumentos para establecer esa medida es el gran peso que recae sobre los espacios rurales bajo jurisdicción mirobrigense, contemplando la situación de los tributarios, reconociendo que no debe exigírseles más de lo acostumbrado [4]. Esto otorga relevancia al contexto sobre el que los actores desarrollan su conducta y participan en conflictos. El caso analizado nos permiten entender que el margen de actuación queda acotado o reducido en función de los intereses extractivos del señorío. En Ávila, a fines del siglo XV, aparecen reclamos para controlar los gastos realizados por la elite villana. Así, en las ordenanzas abulenses del año 1496 nos encontramos con regidores que no pueden justificar cómo emplearon el dinero recaudado[5].

Las pujas por alcanzar el poder no se erradican con facilidad. En Ciudad Rodrigo, aún a comienzos del siglo XV aparecen ordenanzas que prohíben trasgredir los repartos de oficios ya efectuados[6]. Existen así numerosos intentos por normalizar y apaciguar las sempiternas rispideces entre las facciones enemistadas[7]. Hacia 1430, dos miembros del linaje de los Garcilópez compiten entre sí por los cargos gubernamentales. Uno de los enemistados argumenta que posee una merced real para oficiar como regidor. Su oponente, quien se introduce en el clan por medio de un matrimonio, se presenta como el elegido por sus parientes para desempeñar esas funciones. Las tensiones internas de una familia tan poderosa e influyente exceden ampliamente el ámbito doméstico, transformándose en un foco de potenciales trastornos para toda la comunidad. La Corona intercede y decide que el único cargo en cuestión sea ocupado por los dos contrincantes, el salario dividido equitativamente y que el próximo lugar vacante termine en manos de uno de ellos. Que no se incremente el número de magistraturas da cuenta de la oferta limitada de recursos que sostienen el aparato político y jurisdiccional. Por otra parte, las autoridades que toman nota de esta situación están preocupadas por los desmanes que esta lucha podría generar[8]. No parece una casualidad que ese mismo año quede codificada una antigua costumbre que establece la alternancia de alcaldes y alguaciles entre los clanes para salvaguardar, al menos transitoriamente, un delicado equilibrio[9].

Frente a la acotada cantidad de oficios, la consolidación de un bando implica el debilitamiento de otros. Al quedar relegados, los derrotados buscan revancha, generando nuevas disrupciones o acentuando las del pasado hasta llevarlas al paroxismo. En ese contexto, incluso las maneras de acceder a los puestos de gobierno originan tensiones y producen reticencias entre quienes consideran injusto determinado proceso de selección o se oponen a los mecanismos para ingresar en las magistraturas. Algunos, por ejemplo, llegan a convertirse en regidores por cumplir un servicio militar y delegan esa función política en sus descendientes[10]. A comienzos de 1491, Juan de Ávila renuncia y quiere traspasar el oficio a su hijo, lo que produce malestar y resquemores entre los miembros del patriciado. En la fuente se le exige a toda la corporación política y también al conjunto de los vecinos, que no sólo garanticen el salario del nuevo funcionario, sino que también respeten y cumplan con los honores y derechos que le caben a quienes son nombrados para cumplir esa responsabilidad. Al parecer, la resistencia y la mala predisposición de los competidores están a la orden del día[11].

Pujas como esas, además, son acompañadas y potenciadas por la decisión de algunos titulares de las villas por otorgar determinados oficios, como si se tratasen de mercedes[12]. Al contrario de lo que algunos historiadores suponen, no estamos frente a una competencia organizada que no altera los grupos de poder o las relaciones entre ellos[13]. En ese escenario, ocurren agravamientos o rupturas coyunturales, como cuando muere uno de los contendientes y ambos integrantes del linaje deben reunirse para acordar quién ocupa el puesto que está disponible[14]. Caballeros que alcanzan una determinada posición dentro del municipio no dudan en repartir oficios entre sus allegados. Con ello, no sólo buscan posicionar aliados en puestos estratégicos del gobierno urbano o incrementar los ingresos que reciben los miembros de su familia, sino también evitar fuertes y desgarradoras trifulcas al interior del bando. De hecho, los robos y las agresiones practicadas por los caballeros pueden responder a la necesidad del pater de demostrar que es un gran proveedor que puede garantizar estabilidad y beneficios a todos. Para lograr ese cometido, necesita acumular recursos económicos y concentrar capital político, objetivo que no siempre consigue de manera pacífica[15].

A la influencia alcanzada por determinados agentes dentro del concejo debemos añadir las dificultades de los reyes y sus delegados para que se acaten las resoluciones, todo lo cual, pone en tela de juicio la operatividad de las instituciones. En abril de 1493 los monarcas católicos encomiendan la detención de un caballero, junto con algunos de sus acólitos, por un intento de asesinato en Bonilla de la Sierra. Los agresores son imputados por emplear sus espadas, lanzar insultos y acusar a la víctima de traidor, lo que refleja una alianza pretérita, así como las perniciosas consecuencias de no permanecer fiel a un bando. Los que delinquen huyen y son acogidos en la casa de Álvaro de Carvajal, quien dispone de clientelas pertrechadas para batirse a duelo y tiene la fama de ser un “cavallero e persona poderosa”[16]. Ese mismo año sucede otro hecho, esta vez en El Puente del Congosto. En esta ocasión, un regidor es incriminado por desobedecer una carta de seguro monárquica, cometer abusos, robar caballos e instrumentos de combate por una suma que asciende a los cuarenta y cuatro mil maravedíes. El delito se efectúa contra alguien importante en la región, que cuenta con riquezas y un conjunto de criados, pero que no tiene la oportunidad de defenderse. Aunque las autoridades establecen multas contra el acusado, éste se da el lujo de ignorarlas[17].

Un documento posterior, fechado en julio de 1494, relata un acontecimiento producido en Talavera. En ésta ocasión, un conjunto de personas irrumpe de forma vehemente y agresiva en una casa y toma todos los bienes y pertenencias de cierto valor que encuentra, incluyendo puercos, ovejas y otro tipo de animales. Los funcionarios entregan una carta de seguro al damnificado, quien dirigiéndose hacia la villa para exponer su caso es retenido ilegalmente y privado de su libertad[18]. Otros episodios también dan cuenta de la ineficacia de las autoridades. Para mediados de la década de 1490, tres caballeros, entre los cuales se encuentra el poderoso Diego de Ávila, atacan brutalmente a Francisco Sanz Moreno en la villa de Bonilla de la Sierra mientras éste escoltaba su ganado. La víctima es derribada de su caballo, quebrándosele el brazo, además que le propinan durísimos golpes en la cabeza, dejándolo en estado convaleciente. Los testimonios varían, en algunos casos el ataque es calificado como un hecho imprevisto, en otros, realizado de forma premeditada. De cualquier forma, quienes cometen esas fechorías, se trasladan a Serranos de la Torre y reciben la protección de un poderoso local, Bernardino de Barrientos, cabecilla del grupo que comete el asalto[19].

En 1497 otro vecino de Arévalo figura como autor de un delito, que no queda especificado, dentro de un monasterio. El bachiller Francisco de Madrigal, corregidor de la villa, intenta capturar y llevar ante la justicia al acusado, pero se encuentra con la resistencia de residentes y regidores de la localidad[20]. Sólo un año después, en ese mismo sitio, ocurren robos, homicidios y peleas. Entre los autores de los crímenes se encuentran los alcaldes y otros residentes de la villa que manejan la justicia. Se apela a los “señores naturales” del concejo, el matrimonio reinante, con la voluntad de castigar a los malhechores[21]. Desconocemos el devenir de estos acontecimientos. Lo que sí sabemos es que en el mismo espacio ocurre un nuevo conflicto cuando Juan Briceño agrede a Francisco de Madrigal, quien es su pariente[22]. Apenas quince días después, otro familiar de Francisco de Madrigal, Pedro Briceño, es denunciado por herir a un vecino de la villa y dejarlo manco, motivo por el cual es encarcelado y condenado a muerte. El damnificado, teme que las influencias y relaciones que posee el atacante con algunas autoridades le permitan escaparse de su encierro, o bien, no recibir “las penas que meresçe”[23].

En la iglesia de Fontíveros la esposa de un vecino sufre ataques físicos y verbales realizados “con estynto diablórico”[24]. Los acusados son un importante grupo de combatientes integrado por “onbres poderosos en el dicho lugar e onbres que tienen allegados e tienen bandos e escandalizadores e rebolvedores de ruidos”[25]. Las quejas y reclamos de la víctima son oídos por el alguacil de la villa, pero los agresores: “resystieron con espadas sacadas e syn ellas e con otras armas, dizyéndole muchas palabras ynjuriosas, de manera que salvaron al dicho malfechor e que le dieron un cavallo para con que se fuese”[26]. De esta forma, queda bloqueado el accionar de la justicia. No obstante, un tiempo después, logran ejecutarse los castigos correspondientes. De hecho, uno de los denunciados queda encarcelado. Esto demuestra que la resistencia ante las normativas, por más tenaz que sea, no siempre resulta fructífera[27]. En ocasiones puntuales, incluso quienes integran el sistema político feudal o tienen en él un papel relevante, no gozan de una autonomía absoluta. En el año 1496 el rey ordena al corregidor que suspenda a dos regidores abulenses, Alonso Gomiel y Alonso Navarro, acusados de producir desmanes (aunque en la fuente no está claro ni se especifican los altercados cometidos)[28].

En verdad, y como ya lo indicamos en el capítulo precedente, la aplicación de las normativas depende de distintos factores. Las amnistías otorgadas, por ejemplo, no sólo se originan por la misericordia de los gobernantes, la fortaleza desmedida de los malhechores, la incapacidad de los magistrados o los pactos existentes entre el funcionariado y los agresores, sino en una compleja lectura del escenario social que realizan las autoridades y que, en distintas ocasiones, parece bastante coherente. Los sistemas políticos de la época no cuentan con los recursos humanos y materiales para imponerse sobre todo el territorio y de manera duradera. En muchos casos, es necesario establecer pactos y resolver disputas de una forma expeditiva. En las villas y aldeas del concejo hay caballeros que están dispuestos a emplear el armamento, entonces, ¿por qué la monarquía no puede recurrir a ellos? Si estos actores hacen uso de la fuerza de manera ilícita o producen agravios, ésta es una oportunidad propicia para condonar sus deudas, cumpliendo una tarea para la comunidad y el conjunto del reino. Veamos algunos ejemplos que nos permitan dar cuenta de este y otros aspectos que ya indicamos a lo largo del presente acápite.

Entre 1489 y 1490 ocurre un enfrentamiento entre dos grupos familiares que portan instrumentos de combate. El sobrino de uno de los protagonistas se encuentra después de esta primer disputa con el líder de la otra facción y sufre una persecución que lo obliga a encerrase en una casa ajena. La huida es caratulada como un acto de cobardía. Sintiéndose avergonzado, quien fuera escarmentado decide vindicarse y propina lastima a su enemigo. Requerido por la justicia, opta por fugarse, lo que agrava su situación procesal y queda sentenciado a muerte. No obstante, su participación militar contra los resabios del imperio islámico le vale el perdón[29]. Un documento de 1492 describe cómo Juan de Çifuentes, junto con cinco hombres armados, entra en la casa del bachiller Fernando de Laguna para darle muerte. Uno de los implicados, García de Cebadilla, colabora en la lucha contra los musulmanes y, por ese motivo, es eximido de toda culpa. El indulto, entonces, se aplica incluso para quienes asesinan a un funcionario[30]. En otra oportunidad, el beneficiado es un vecino de Ávila que, junto a sus hermanos, mata a un residente de la aldea de Bernuy-Zapardiel. El crimen, cometido como represalia por insultar al padre de familia, es condonado[31].

Diferentes conflictos implican robos, homicidios u otro tipo de delitos. Las amnistías otorgadas por las autoridades, en algunos de esos episodios, tienen una finalidad determinada. En 1487 es asesinado el caballero abulense Diego de Ávila. El homicida, Cristóbal de Yesgos justifica sus actos y se coloca en el papel de víctima. Argumenta que el fallecido propinó diferentes calumnias contra su persona, además que intentó robarle su silla de montar y lastimar a su hijo. La ayuda otorgada por de Yesgos en las batallas de Granada es retribuida con un indulto. Por otra parte, la resolución del rey puede analizarse como una forma de absolver una conducta por la cual queda eliminado de la arena política un caballero demasiado influyente y peligroso como Diego de Ávila[32].

Los intereses políticos que gravitan en torno a la aplicación de la justicia quedan de manifiesto en Ciudad Rodrigo. Allí, después de las guerras de sucesión, se exime de culpabilidad a los Silva, fieles a quienes fueron derrotados por los Reyes Católicos. El cambio en las relaciones de fuerza hace que los miembros de este grupo se transformen en aliados de los nuevos mandatarios, promoviendo así la concordia con determinados grupos locales con los que estuvieron históricamente enfrentados (Bernal Estévez, 1989). En Ávila ocurre algo parecido cuando se resarcen las pérdidas y daños sufridos por Fernando Pamo, identificado con la causa lusitana durante el conflicto bélico[33]. Decisiones de este tipo se explican por la intención de reforzar un poder centralizado con el auxilio y el acompañamiento de elites que están afincadas en cada una de las localidades subordinadas al realengo.

Aunque no todos los hechos de violencia analizados en este acápite pueden explicarse por un único motivo, todos ellos están inscriptos en una centuria cuyas transformaciones alteran las relaciones entre los individuos y los empujan a perseguir un mayor capital político. No debe tratarse de una simple casualidad que el cerramiento del concejo implique un aumento de las tensiones al interior de la clase estamental que puede patrimonializar el acceso a los principales cargos de gobierno. En este sentido, la acumulación de poder por parte de un estrato de los caballeros villanos explica, en buena medida, la predisposición de la monarquía para establecer pactos, acordar treguas o decretar perdones. Al señor del concejo no le resulta conveniente tener una mala relación con los sectores que dominan la villa. La autoridad que reside en el burgo y la que emana del rey, se necesitan mutuamente.

4.2. Ataques contra los tributarios: entre el abuso y la regulación política

Más allá de todos los inconvenientes y problemas que presentan el concejo y la monarquía, las instituciones consiguen, en determinadas oportunidades, imponer algún límite sobre las conductas agresivas que despliegan, o intentan efectivizar, los diferentes actores sociales. En este sentido, los caballeros villanos que forman parte del patriciado, ocupan una posición particular dentro del sistema político feudal. Por un lado, deben presentarse como los garantes del orden. Por el otro, persiguen sus propios objetivos como productores agroganaderos inmiscuidos en relaciones de intercambio y que aspiran a concentrar mayor capital político y económico en sus manos. En ese escenario, los corregidores representan, eventualmente, un auténtico impedimento para concretar sus objetivos. Los funcionarios designados directamente por la Corona deben vigilar atentamente el desempeño de los caballeros. Éstos, son conscientes que sus actos pueden repercutir negativamente sobre los intereses del rey y, precisamente por eso, justifican su modo de proceder buscando el beneplácito de quienes ejercen la titularidad del señorío.

En determinadas oportunidades, los caballeros villanos convalidan sus prácticas argumentando que protegen los intereses productivos de todos los habitantes del concejo, presentándose a sí mismos como un grupo armado que impide la intromisión de sujetos foráneos que pretenden disfrutar de los pastizales y perjudicar la actividad laboral de los pecheros. De esta manera, sus acciones quedan teóricamente amparadas en las necesidades de la Villa y Tierra, así como en los problemas que pudiera generar la erosión de ámbitos de aprovechamiento colectivo para las comarcas rurales (en particular, ocasionar despoblamientos). En 1496 los regidores abulenses denuncian que la roturación de espacios boscosos perjudica a los aldeanos más empobrecidos. Aunque esto pueda ser verídico o no, la auténtica intención parece ser regular, e incluso impedir, el libre aprovechamiento de terrenos, o condicionarlo en provecho del patriciado. Los tributarios exponen sus quejas y logran la renuncia de algunos funcionarios. Surgido el conflicto en un contexto de cambios en el que los monarcas pretenden aumentar su influencia en el municipio, y la elite villana incrementar su poder sobre el gobierno local, los caballeros consideran que los procuradores pecheros son aliados del corregidor y los acusan por provocar maniobras desestabilizadoras contra ellos[34].

Pocos días después, los representantes de los sexmos de Santiago de Serrezuela exigen que los magistrados de Ávila garanticen los derechos de la población sobre los alijares, pastos y baldíos de la ciudad y su tierra. Las autoridades urbanas decretan que los términos, utilizados desde tiempos inmemoriales por los campesinos de la zona, ya no estarán disponibles para ellos[35]. Frente a esa violación de normas ancestrales los notables de las aldeas llaman la atención del titular de la comunidad indicando la gran cantidad de maravedíes que deben gastarse para expulsar de “términos e pastos e alixares”, ocupados indebidamente por “algunos cavalleros”, argumentos con los cuales intentan poner al rey en contra el patriciado[36].

Nótese que en casos como éstos podemos diferenciar tres grandes actores: los caballeros villanos, especialmente aquellos que alcanzan cierto poder político, los procuradores pecheros y los representantes de la monarquía. No es casual que la elite tributaria encabece las demandas contra los caballeros. Para el siglo XV, la elite tributaria no sólo cuenta con un patrimonio considerable, sino también una experiencia política significativa. Sus argumentos, siempre dirigidos hacia el rey o los agentes designados por éste, nos permiten entender una cuestión básica, que diferentes historiadores británicos, como Hilton (1978), supieron reconocer en su momento para explicar acontecimientos como el levantamiento inglés de 1381. Los pecheros más acaudalados y que representan al conjunto de las comunidades rurales bajo jurisdicción de la villa, no están preocupados por destruir el modo de producción feudal. Sus quejas no apuntan a las relaciones sociales de explotación propiamente dichas, sino a los abusos y la negación de las pautas consuetudinarias. De hecho, el sustrato más enriquecido de los productores agrarios sometidos al pago de contribuciones, encuentra en el señorío concejil un marco relativamente propicio para aumentar su riqueza, participar activamente en el mercado inmobiliario y contratar un importante número de asalariados (citar da Graca, 2009).

Si consideramos esos aspectos podemos entender la competencia política y económica entre un segmento de los tributarios y los caballeros, especialmente por el aprovechamiento de los recursos productivos[37]. Aquí es factible preguntarse si estamos ante una lucha de clases antagónicas (Jara Fuente, 2001). Los campesinos más acaudalados entregan su tributo al dominus villae, pero también integran uno de los engranajes necesarios en la maquinaria de dominación. Es más, aunque el señor recurra a la coacción de los caballeros, en muchos casos, los notables de las aldeas son quienes aplican la justicia en los ámbitos rurales, organizando un cuerpo de vigilancia que regula la actividad agraria, instaurando y regulando las pautas de convivencia (Astarita, 1997 y 2005). Por otra parte, los procuradores pecheros, y el conjunto de los caballeros, atenúan y evitan los conflictos directos, participando en un sistema político que resuelve potenciales enfrentamientos a través de vías formales e institucionales (Astarita, 1997; Monsalvo Antón, 2012)[38].

La identidad social de los caballeros villanos no se desprende, exclusivamente, de sus prácticas, materializadas en comportamientos agresivos y tensiones de distinto tipo. Ese comportamiento, por sí solo, no daría cuenta de los intereses contradictorios que se articulan entre los diferentes agentes sociales. En realidad, se alcanzaría un mejor resultado considerando el sistema de poderes y los mecanismos institucionales que operan sobre la apropiación y distribución del excedente, a partir de los cuales se establecen márgenes para concretar una conducta. Tampoco hay que pensar que en estos episodios conflictivos y violentos, en los que utilizan la fuerza o amenazan con hacerlo, los caballeros orquesten su proceder con una conciencia de clase totalmente articulada. Los actores sociales comprenden la realidad, entienden sus conductas y las razones para llevarlas a cabo, pero no comprenden plenamente todas las circunstancias y contextos dentro de los cuales desarrollan su estrategia[39]. Las condiciones políticas y económicas en las que se mueven, y la capacidad para dar cuenta de su identidad histórica real, atraviesan su experiencia. Aunque parezca una afirmación obvia, todo comportamiento está delimitado en sus expresiones y resultados.

Por estos motivos, el ejercicio de la violencia es manifestado dentro de un universo de posibilidades e imposibilidades. En nuestro caso, el señor feudal impone la obligación de mantener y asegurar la percepción de un excedente que es generado por los productores agrarios, y los caballeros articulan esa dominación a través de un aparato político. En otras palabras, la elite villana puede recaudar el plusproducto, o hacer posible ese proceso, pero no retenerlo, encontrándose impedido de materializar el rasgo distintivo de la clase dominante[40]. Entonces, ¿cómo definimos ese grupo? Para esa tarea, resulta útil la categoría de clase estamental. Con ella, logramos conocer las actividades económicas y las características jurídicas de un determinado colectivo social, así como el ámbito político en el que operan. Aunque cuenten con algunos privilegios vinculados al estamento nobiliario, entre los que destacan la facultad (y la obligación) de emplear su fuerza coactiva, en sus luchas y reyertas, quedan de manifiesto una pluralidad de lógicas sociales que inciden en su comportamiento. Se desempeñan, por un lado, como agentes del realengo. Asimismo, guiados por su interés agropecuario, ocupan comunales para ampliar los espacios de uso pastoril o impedir el libre disfrute de ellos a otros productores. Como parte de una elite local que busca convertirse en una auténtica oligarquía, algunos caballeros compiten entre sí para ocupar distintos cargos y posicionarse mejor que el resto.

Así como en algunas ocasiones los caballeros villanos que apropian espacios productivos o animales por la fuerza cuentan con un importante grado de impunidad, en otras ocasiones se topan con límites bastante precisos. En las postrimerías del siglo XV, Pedro de Morera y uno de sus hijos son acusados de aplicar prendas sobre los vecinos de la ciudad y la tierra abulense. Mediante esas acciones, impiden que los pecheros disfruten libremente de los espacios productivos que, de acuerdo a reglamentaciones de muy larga data, tienen derecho a utilizar. Los Reyes se hacen eco de las peticiones[41]. Algo parecido sucede ese mismo año cuando la Corona ordena al corregidor abulense que proteja las costumbres relativas a la comunidad de pastos, impidiendo que un caballero llamado Cifuentes siga cometiendo robos, amojonamientos de tierras o agresiones sobre los habitantes del lugar. Entre los afectados por este criminal reconocemos a la elite aldeana, quien seguramente lidera los reclamos[42].

En otra oportunidad, los Reyes Católicos exigen al corregidor segoviano Día Sánchez de Quesada que garantice seguridad a los vecinos de Lavajos y Maello. Los productores agrarios de esos espacios denuncian que no pueden sembrar pacíficamente determinados términos. Culpan de esto a los caballeros, escuderos y miembros del monasterio de las ciudades de Segovia y Ávila. Los señalados cuentan con heredamientos dentro de los espacios en litigio y, al parecer, intentan despoblar la zona, estimulando a los campesinos a vender las parcelas a un precio irrisorio para luego arrendárselas[43]. En 1494 nos encontramos con otro caso en el que la monarquía ordena al bachiller Carlos de Molina que restituya al concejo de Arévalo los términos tomados y ocupados por los vecinos de las comunidades aledañas. En la fuente aparece citada una reglamentación de las Cortes de Toledo que prevé remover de sus cargos gubernamentales a quienes cometen crímenes, lo cual indicaría la participación de caballeros que integran las filas del patriciado local en este tipo de hechos[44].

Un año después de esos hechos, en 1495, los Reyes Católicos exigen justicia para un morador de Riofrío. Éste denuncia injurias y otras sinrazones efectuadas por el poderoso regidor Francisco de Ávila y sus allegados. Entre las acusaciones figuran robos e intentos de producir incendios o realizar acuchillamientos[45]. Francisco de Ávila también es sindicado como el autor de desórdenes que alteran la comunidad, contradecir normativas, aplicar las reglamentaciones a su antojo, cobrar penas y multas de forma exagerada y abusiva, lanzar insultos y golpear a hombres y mujeres. Los monarcas comisionan al corregidor para que realice una investigación al respecto, probablemente porque la propia fuente indica que este caballero dispone de un importante poder sobre quienes son responsables de aplicar la justicia en el área[46].

Dicho lo cual, los corregidores aparecen como agentes de justicia que deberían permanecer ajenos a las presiones de la elite villana local. El éxito que alcanzan es variable y los casos que investigan, a veces, dan cuenta de hechos sumamente violentos. En 1494 los Reyes Católicos le encargan a uno de sus delegados que investigue los agravios sufridos por Toribio Sánchez y su familia, vecinos de Salvatierra, mientras vivían en El Puente del Congosto. De acuerdo a las declaraciones de las víctimas, ellos y otros residentes más son agredidos por Luis de Guzmán, señor de la villa de ese lugar, y sus dependientes. El grado de brutalidad parece ser importante, puesto que incluye un asesinato. No sólo eso, Guzmán también es acusado por encubrir y proteger a los autores materiales del homicidio. Como resultado de estos hechos, los familiares del difunto necesitan huir de la localidad y dejar sus pertenencias. Distintas personas y numerosos bienes quedan bajo poder de alguien que lleva adelante reiterados delitos, entre otros, apropiarse de dinero, cosechas y animales. No sólo eso, sino que también obliga a los productores locales a trabajar “muchos días en sus obras e caminos que él avía menester non les dando nin pagando por ello cosa alguna”[47].

Apelar al corregidor constituye entonces una estrategia bastante coherente por parte de los procuradores pecheros, si tenemos en cuenta que muchos de los acontecimientos de violencia son promovidos por caballeros que controlan el gobierno municipal o ejercen una considerable influencia sobre él. Los regidores, al menos en el plano formal y a regañadientes, deben aceptar esa intervención por el “bien e pro común de la dicha çibdad”[48]. En 1496 los tributarios de Arévalo exigen que el funcionario delegado por la monarquía esté presente en sus reuniones. Confían en él porque creen que puede garantizarles resguardo frente a los caballeros villanos, quienes desoyen antiguas ordenanzas e intervienen en discusiones que no les competen. La Corona aprueba el pedido[49]. En ese mismo lugar, los Reyes Católicos le encargan al representante del poder monárquico que obtenga información sobre los alborotos ocurridos en Santa María de Nieva. El nivel de tensiones verificado en ese lugar explica sucesos posteriores, como la realización de homicidios que quedan impunes. De acuerdo al testimonio, el panorama dantesco es producto de la mala administración de la villa y de la imposibilidad para impartir las normativas establecidas. Así lo revela el texto cuando indica la presencia de numerosos “escándalos e alborotos e muertes de onbres”. La situación amerita el accionar de los señores del concejo, quienes pretenden averiguar las causas de ese caos (“conmo cunple a nuestro serviçio e al bien e paz e sosiego de la dicha villa”). Por todo esto, funcionarios que no residen en la villa deben intervenir y solucionar los distintos escándalos que ocurren en la comunidad[50].

Las conductas violentas pueden desarrollarse con menores o mayores restricciones. La factibilidad de concretar un comportamiento en particular varía de acuerdo al grupo social que lo intenta llevar a cabo y a las limitaciones que éste padece. Lo central es comprender la manera en que están articulados los agentes dentro de un espacio pluridimensional en el que entablan relaciones, ocupan posiciones y oposiciones, acercándose o distanciándose entre sí para llevar adelante distintas prácticas, sumergidos en un universo de posibilidades en el que sólo pueden desplegar determinadas estrategias[51]. La acción es indiscernible de la morfología sociológica de quienes la intentan llevar adelante, entendiendo por esto el complejo lugar que ocupan dentro de la economía y de los sistemas político-institucionales. Si existe una violencia estructural generada por el propio funcionamiento del modo de producción feudal, ésta experimenta agravamientos coyunturales que son entendibles si tenemos en cuenta las características de productores agrarios con facultades militarizadas que compiten entre sí por tierras y ganado, además que, en algunos casos, también ocupan, o pretenden adquirir, puestos de gobierno urbano.

Parte de la respuesta está en comprender la dinámica productiva y comercial del período. El crecimiento demográfico bajomedieval incrementa la demanda de espacios agrarios en una época marcada por el auge mercantil y la suba de precios. En ese contexto, poseedores de parcelas y rebaños, tanto privilegiados como plebeyos, aumentan sus cabañas ganaderas y demandan un mayor número de pastizales. Los métodos para disfrutar de esos terrenos traen aparejados episodios violentos de distinto tipo. Como ya lo observamos, se realizan fechorías sobre los aldeanos, expulsándolos de determinados espacios o condicionando su aprovechamiento. Este tipo de casos, evidenciados desde el siglo XIII, parecen aumentar a partir del siglo XV[52]. En cada una de esas circunstancias llevan adelante un comportamiento que varía de acuerdo a los márgenes de maniobra que poseen. La trayectoria de dos importantes caballeros, analizada en su momento por Luchía (2009 y 2011a) con la finalidad de detectar los cambios y permanencias en las estructuras de propiedad comunal, permiten trabajar una cuestión tan compleja como esta.

En las postrimerías del siglo XV los monarcas encomiendan al corregidor abulense que imponga una sentencia contra Gil González de Ávila, caballero villano y regidor, en un litigio contra el concejo de Bóveda. La denuncia es efectuada por prendar ganados e impedir a los residentes “tener vezyndad e hermandad” con la villa de Peñaranda y otros espacios comarcanos. Los reyes otorgan al acusado la posibilidad de ser escuchado por sus pares y presentar sus argumentos en el concejo, si bien aclaran que debe desistir en su accionar[53]. Poco después, Gil González de Ávila es denunciado por emplazar y maltratar vecinos bovedenses[54]. Aprovecha su posicionamiento político e ignora las normas estipuladas, llevando a pastar sus ganados en las aldeas y arrebatando animales al campesinado[55]. Sólo unos meses después, los procuradores de Bóveda apelan a los intereses y objetivos del señor feudal de la comunidad para que vigile las actividades ilícitas. Entre otras cosas, a Gil González de Ávila le son atribuidos los despoblamientos y la destrucción de las comarcas habitadas. Sin embargo, al formar parte de un linaje importante, con amplias conexiones políticas, cuenta con algún grado de impunidad[56].

Quien también gana relevancia gracias a su comportamiento es Pedro de Ávila. A fines del siglo XV algunos pobladores de la aldea de Navalmoral invaden parte de El Barraco. Quienes cometen el delito pertenecen a una aldea que está bajo el poder de este poderoso e influyente caballero. De acuerdo a la información suministrada por la fuente, los campesinos parecen temerle, motivo por el que no intentan elevar denuncias. El poder ostentado por el malhechor, además, cohíbe el pleno desarrollo de un proceso judicial[57]. Entre 1490 y 1491 los procuradores pecheros de este y otros lugares lo denuncian por la ocupación ilegítima de prados y montes, así como también por la usurpación de la jurisdicción concejil, exigiendo cargas feudales como si dispusiera de un derecho de ban individual, acompañando sus exigencias con procedimientos coactivos[58].

No parece extraño que en una apelación por tomar posesiones de Burgohondo, Pedro de Ávila sea caratulado como un “forçador, que con mal título tenía tomado e ocupado grande parte de los términos del dicho conçejo, non le condenando, conmo non le condenaste, en frutos e rrentas de lo ynjustamente tomado”[59]. Tiempo después, participa de hechos similares en el alijar de El Helipar. En esta oportunidad, algunos de sus hombres que viven en Las Navas y Valdemaqueda despedazan y cortan toda la madera que allí poseen los vecinos de San Bartolomé, Cebreros y otros espacios. Las disputas son resueltas por medio de las armas. En esos enfrentamientos intervienen productores agrarios que están adscriptos a uno u otro bando en función de sus intereses económico-productivos[60]. Un año más tarde, Pedro de Ávila llega a construir una fortaleza en el Risco. Desde ella realiza abusos, lo que da cuenta del considerable dominio que ejerce sobre la zona[61]. Nótese que en el caso de este caballero, como de otros más, sus metas logran alcanzarse a través de la violencia, pero también gracias al capital político que dispone y a los márgenes de autonomía que éste les depara.

NOTAS

1. Muchembled (2010) observa en los jóvenes que forman parte de la elite una mayor predisposición hacia la violencia. El autor toma nota de esta cuestión, pero la analiza recurriendo a explicaciones más cercanas a la psicología que a la sociología o la antropología.

2. En lugares como Aranda de Duero la mayor cantidad de tensiones, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XV, se desarrollan entre los dos linajes de hidalgos y el conjunto de los pecheros. Allí, alrededor de 1480 o 1490, los monarcas reparten los cargos entre los tres principales y más poderosos bandos. Los funcionarios elegidos de ese modo ocupan el puesto de forma vitalicia (Diago Hernando, 2008).

3. Ciudad Rodrigo: Documento 261, 19/10/1436, p. 302. Los regidores que “labran con más de dos juntas que le sean escusados quatro bueyes de graçia e más otros dos por razón del regimiento” (p.302). Aunque el documento está incompleto y no podemos visualizar el trato hacia los plebeyos, la medida parece tener un sesgo estamental definido.

4. Ciudad Rodrigo, Documento 26, 30/12/1383, pp. 58-61. Es representativo este pasaje: “Et por quanto sería grand carga a la tierra de dar salario a diez e nueve, lo que non solían dar, salvo a doze, a cada uno trezientos maravedís” (pp.59-60).

5. Esto aparece en RGS, Vol. 12, Documento 50, 17/11/1496, pp. 99-100: “diziendo que en esa dicha villa ay una ordenança que dispone e manda que cada un año los regidores della den cuenta cómmo e en qué manera y en qué cosas se gastan los propios y rentas desa dicha villa” (pp.99-100). A pesar de lo reglamentado, esa ordenanza “fasta agora non se ha guardado, porque ha muchos años que los dichos regidores no han dado la dicha cuenta” (pp. 99-100).

6. Ciudad Rodrigo: Documento 77, 01/10/1414, pp. 138-141. La fuente refleja la competencia política y sus formas de arbitraje, estableciendo que, si alguno de los rivales quiere hacerse de los oficios contra la voluntad del clan al cual pertenece “anbas las dichas linajes sean tenudos de pedir por merçed a nuestro señor el rey que le guarde e confirme esta buena concordia” (p.139). Reiteradamente, los reyes confirman la división de cargos, y en distintas oportunidades los linajes eligen representantes para discutir y pujar por los oficios, véase Ciudad Rodrigo: Documentos 49, 50, 51 y 52, la mitad de las fuentes son del mes de febrero y la otra de marzo del año 1401, todas entre las páginas 94 y 95 de la citada colección de fuentes. También podemos dar cuenta de esto en Ciudad Rodrigo, Documento 78, 01/10/1414, pp. 141-143.

7. Ciudad Rodrigo, Documento 77, 01/10/1414, pp. 138-141. Queda estipulada la solicitud de permisos o la confirmación de decisiones por parte del monarca para avalar, o no, la ocupación de otros cargos además de los estipulados, para “que ayan santo paraýso” (p.139).

8. Ciudad Rodrigo, Documento 144, 25/02/1430, pp. 221-223. En este caso, la competencia por el acceso a determinados cargos, entre los linajes más poderosos del concejo mirobrigense, han “recreçido grandes costas, en en esa çibdat se podrían levantar grandes escándalos” (p.222).

9. Ciudad Rodrigo, Documento 147, 1430, pp. 224-225. En el documento se indica que, de acuerdo con antiguas ordenanzas, la ciudad está acostumbrada a “poner alcaldes e alguazil de alçadas”, otorgando una alcaldía a “un linaje e la otra alcaldía al otro linaje e ansymismo el alguazilazgo a un linaje un año e al otro otro año” (p.224).

10. RGS, Vol. 6, Documento 2, 01/02/1490, pp. 12-13. Por los servicios prestados combatiendo contra los moros en Real de Baza, el hijo de Sancho del Águila, Suero de Águila, es designado regidor de la ciudad abulense: “ acatando los muchos e buenos e leales serviçios quel dicho Sancho de Águila, vuestro padre, en su vida nos fizo, espeçialmente en la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa fe católica” (p.12).

11. RGS, Vol. 6, Documento 76, 28/03/1491, pp. 169-170. La disposición contenida en la fuente reitera una exigencia para que “guarden e fagan guardar todas las honras, graçias, merçedes, franquezas, libertades, exenciones e perrogativas e inmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas al dicho ofiçio de regimiento” (p.170).

12. Igualmente, esos y otros conflictos están encuadrados dentro de procesos generales que afectan a todo el reino. Uno de los más importantes es la guerra de sucesión entre los partidarios de Juana e Isabel durante las décadas de 1470 y 1480. En Ciudad Rodrigo, ese período aparece como una oportunidad propicia para que la caballería villana que controla el poder local resuelva sus diferencias. Los cambios institucionales a nivel monárquico pueden ser un acicate, un disparador, o incluso un justificativo, para emprender acciones violentas que están contenidas desde hace mucho tiempo. En la localidad mirobrigense, el alcaide Diego del Águila se enfrenta durante 1476 a una conspiración local que pretende asesinarlo y tomar el control de toda la ciudad. Con posterioridad, un miembro del linaje opositor a los Águila, el de los Silva, intenta ocupar el alcázar de la villa. Diego del Águila resiste exitosamente en ambos casos, encarcelando en la última ocasión al malhechor. Aproximadamente por esa misma época, Fernando Centeno comete numerosos crímenes y atropellos, ocupa tierras e incluso asesina al hijo de Diego del Águila, joven que en ese momento desempeña funciones como comendador de la villa (Bernal Estévez, 1989).

13. La tesis que matizamos es postulada por Monsalvo Antón (2009).

14. Disponemos de un ejemplo temprano al respecto, de la década de 1440, referido a la comunidad mirobrigense. Nos referimos a Ciudad Rodrigo, Documento 304, 12/03/1442, pp. 357-361. De la fuente podemos extraer los siguientes pasajes: “a cada un linaje dellos pertenesçían la meytad de los ofiçios mayores e menores de la dicha çibdad, e ansý a anbos los dichos linajes e regidores dellos todos los dichos ofiçios mayores e menores” (p.358). Además, cuando los clanes se reunían para efectuar la elección “nascían algunas discordias, dubdas e debates entrellos” (p.358).

15. Podemos desarrollar esta idea remitiéndonos a otro tipo de estudios, teniendo en cuenta los resultados de investigación de algunos antropólogos. Durante el siglo XX, etnólogos como Davis (1977) observan en España comunidades donde proliferan el clientelismo y formas de sociabilidad que no son propias de la modernidad capitalista.

16. RGS, Vol. 8, Documento 35, 17/04/1493, pp. 117-121 (la cita textual reproducida en el cuerpo del texto es de p.118). Entre los testimonios más elocuente podemos citar el siguiente: “E que allí esttovieron acogido e reçebtados por ser sus allegados e criados e parientes, aviendo por rato e bueno el dicho Álvaro de Carvajal el delito por ellos cometidos, favoresçiéndoles, ayudándoles quanto pudo” (p.119).

17. RGS, Vol. 9, Documento 2, 30/07/1493, pp. 13-14: “E que conmo quier que muchas vezes ha seýdo requerido el dicho Juan Dávila con la dicha sentençia e cartas executorias para que dé e pague los dichos maravedís o torne los dichos caballos dyz que non lo ha querido nin quiere hazer” (p.14). Este tipo de cuestiones, para los casos de Ávila y Alba de Tormes, pueden observarse también en Luchía (2009).

18. RGS, Vol. 10, Documento 44, 23/07/1494, pp. 76-77. Aliados de Juan de Frexinal entraron por la fuerza en la casa del damnificado y “le tomaron todos los bienes que le fallaron en la dicha su casa e asymismo le tomaron çiertas ovejas e puercos y ganados de fecho e contra derecho” (p.76). Yendo a la villa para realizar la denuncia, la persona que sufre los robos es tomada prisionera a instancias del acusado, Juan de Frexinal, además que lo “tyenen preso non aviendo cabsa salvo por le hazer mal e dapño, e por le fazer desestyr de la fuerça que le avían fecho contra el dicho nuestro seguro, non seyendo cabsa salvo por le hazer mal y dapño” (p.77). La continuación del caso la podemos observar en RGS, Vol. 10, Documento 51, julio de 1494, pp. 91-92.

19. RGS, Vol. 11, Documento 108, 14/11/1495, pp. 197-200. Los miembros del linaje de los Dávila, portando distintas armas, “dieron de palos tantos que le fizyeron cajer en tierra e le quebraron un braço, e diz que le hendieron la cabeza por medio” (p.198). Con posterioridad, los acusados buscan protección en el líder y cabecilla del grupo: “se acogieron a la dicha villa de Serranos de la Torre, e quel dicho Bernaldino de Barrientos los acogió, reçeptó é defendió en ella” (p.198).

20. RGS, Vol. 13, Documento 23, 23/04/1497, pp. 48-50: “queriéndole prender, çiertas personas vezinos e regidores de la dicha villa e otras personas que para ello les dieron favor e ayuda, diz que resistieron al dicho nuestro corregidor porque non prendiese al dicho Françisco de Valderrávano” (p. 49).

21. RGS, Vol. 14, Documento 46, 27/07/1498, pp. 101-103 (la expresión reproducida en el cuerpo del texto es de p.102). Como la justicia está en manos de personas que participan de numerosos conflictos, en la localidad se cometen “muchos escándalos e alborotos e muertes de onbres e que los querellosos non alcanzan conplimiento de justiçia ni la dicha villa es bien regida e gobernada” (p.102). Por eso, el rey y la reina, los señores del concejo, quieren “saber la verdad çerca dello, para lo mandar proveher conmo cunple a nuestro serviçio e al bien e paz e sosiego de la dicha villa, e mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón” (p.102).

22. RGS, Vol. 14, Documento 69, 10/10/1498, pp. 146-148: “que un Juan Brizeño avía dado çiertas heridas al bachiller Françisco de Madrigal, nuestro corregidor que fue de la dicha villa” (p.146).

23. RGS, Vol. 14, Documento 71, 24/10/1498, RGS, Vol. XIV, pp. 150-151. Se considera que el acusado “con poco temor de Dios e menospreçio de nuestra justiçia e a trayçión”, produce heridas tan grandes que deja manca a su víctima, motivo por el cual, “el dicho Pedro Brizeño cayó e incurrió en pena de muerte e perdimiento de todos sus bienes” (p. 151). Quien sufre este ataque teme que Briceño “por ser el dicho delinquente muy enparentado e tener mucho favor en la dicha villa, terná forma e manera cónmo los que le tienen a cargo le suelten, por manera que la nuestra justiçia non sea executada en él” (p.151).

24. RGS, Vol. 8, Documento 49, 30 de mayo de 1493, pp. 161-165, la cita procede puntualmente de p.162.

25. RGS, Vol. 8, Documento 49, 30 de mayo de 1493, p.162.

26. RGS, Vol. 8, Documento 49, 30 de mayo de 1493, p.163.

27. El caso concluye con el encarcelamiento del denunciado en RGS, Vol. 9, Documento 33, 26/10/1493, pp.85-93.

28. RGS, Vol. 12, Documento 57, 20/11/1496, pp. 107-108: “Françisco Garçía e Alonso de Mercado commo procuradores de los buenos onbres esentos e vezinos della, sobre el alboroto que fizieron e causaron Alonso de Gumiel e Alonso Navarro, regidores desa dicha villa” (p.107). Desconocemos si la decisión es finalmente acatada.

29. RGS, Vol. 7, Documento 24, 15/05/1492, pp. 78-81. Por efectuar “çiertas heridas” y por huir de la justicia se determina “sentençiar e condenar a muerte” (p.79). Sin embargo, al colaborar en la toma de Granada, es acogido bajo el privilegio de Santa Fe.

30. RGS, Vol. 7, Documento 9, 10/04/1492, pp. 28-31. García de Cebadilla, acompañado por cinco personas más, “dio çiertos espaldarazos al dicho bachiller e diz que con una espada le dieron una ferida de la qual el dicho bachiller murió” (p.29). Sin embargo, como lo indicamos en el cuerpo del texto, son “perdonados e remitidos los dichos crímenes, eçesos e delitos que asý oviese fecho e cometido” (pp.28-29).

31. RGS, Vol. 7, Documento 15, 25 de abril de 1492, pp. 43-46. El delito puede sintetizarse de esta manera: “queriéndola vengar, tomaron un día al dicho Martín Sánchez en el dicho lugar e se acuchillaron con él e le dieron çiertas heridas que diz que murió” (p.44).

32. RGS, Vol. 7, Documento 10, 10/04/1492, 31-34. Diego de Ávila intenta acuchillar al hijo de Cristóbal de Yesgos, el cual está desarmado, y éste “echó mano de un puñal y dio una herida al dicho Diego de Ávila en la cabeça, de que murió” (p.32). En el dictamen monárquico para este caso aparece la figura del “omiziano” u homicida, como se escribe en castellano moderno.

33. RGS, Vol. 6, Documento 63, 10/12/1490, pp. 145-148: “por la presente perdonamos e remitymos a vos, el dicho Fernand Pamo, todas qualesquier fuerças e robos e muertes e quemas e tomas e otros qualesquier males e daños de qualqueir calidad e gravedad que sean” (p.146).

34. RGS, Vol. XII, Documento 52, 18/11/1496, pp. 101-103: “E diz que acaesçe que uno chapoda un carrasco e otro chapoda çiento, e que éstos son yguales en la pena, diz que es manifiesto e notorio agravio” (p. 102). Los procuradores del estamento privilegiado “dan bozes en la plaça diziendo que cayó en pena el tal regidor; e que asymismo paresçe que es en menospreçio dello e poca confiança suya e del corregidor desa dicha villa e procuradores e escrivanos que se fallan presentes para sentençiar las penas de tal regidor” (p.102).

35. RGS, Vol. 12, Documento 59, 21/11/1496, pp. 109-110. Se ordena que no siembren, ni corten, ni se aprovechen “de los dichos alixares e pastos comunes e baldíos, segund que antiguamente diz que lo solían e acostumbravan fazer, e que si lo fazen que les han prendado e penado e penan e prendan por ello” (p.110).

36. RGS, Vol. 12, Documento 59, 21/11/1496, pp. 109-111. Las citas textuales corresponden a p.110.

37. RGS, Vol. 12, Documento 59, 21/11/1496, pp. 109-111. En este caso, los campesinos son representados por los procuradores de los sexmos abulenses, quienes reclaman contra los caballeros y escuderos que tienen ocupados determinados baldíos y pastos comunales, impidiéndoles a los tributarios disfrutar de ellos como estaban acostumbrados. La justicia de la villa, además, apoya a los apropiadores perjudicando ampliamente el interés de los productores agrarios. Los pecheros que encabezan el reclamo subrayan el injusto accionar de los caballeros villanos y sus perniciosas consecuencias: “E aviendo gastado los vezinos de los dichos seysmos muchas quantías de maravedís por desajenar algunos de los dichos términos e pastos e alixares que algunos cavalleros e personas tenían ocupados” (p.110). La justicia urbana, por su parte, ordena que no se “sienbren nin corten nin roçen nin se aprovechen de los dichos alixares e pastos comunes e baldíos” (p.110). En el texto, se remarca que la decisión es contraria a las normas consuetudinarias que organizan a la comunidad (“segund que antiguamente diz que lo solían e acostumbravan fazer”, p.110).

38. Astarita (1997) analiza una situación que refleja la Documentación Real del Archivo del Concejo Abulense, Documentos 110 y 112, de marzo y abril de 1495, reproducidos en, pp. 277-278, 280-281, así como también en RGS, Vol. 9, Documento 62, 07/03/1494, pp. 147-149. En las tres fuentes se hace mención al asesinato de un procurador abulense y la renuencia de otros pecheros para ocupar el cargo por el temor que tenían de cumplir esa función. Para el autor, esto se explica por los resentimientos acumulados entre los oprimidos frente a “una regular manipulación por los notables de los pueblos en el contexto de estrategias del señor” (Astarita, 1997, p.159).

39. Esa explicación está en deuda con los aportes de Giddens (2008).

40. Esto lo encontramos en una fuente ya analizada en Asocio, Vol. 1, Documento 74, 21/01/1414-10/10/1415, pp. 228-283. Allí, las prendas aplicadas sobre los vecinos que ejecuta Diego del Águila son consideradas “más por fuerça que por derecho” (p.256). Por otra parte, la ocupación de términos colectivos es “indevidamente” o “indebidamente” realizada (respectivamente, pp.229, 232).

41. RGS, Vol. 7, Documento 5, 05/03/1492, pp. 18-20. Pedro de Morera, junto con uno de sus hijos, hacen “muchas prendas en los veçinos de la dicha Çibdad e su Tierra e pueblos e los perturban el paçer e el gozar de los dichos términos, en lo qual, sy asý pasase” (p. 19).

42. RGS, Vol. 7, Documento 53, 02/11/1492, pp. 139-140. El mencionado Çifuentes hace muchos agravios en Tornadizos, entre otras cosas, “abriendo los términos, robando de un lugar a otro, poniendo mojones, prendando e prendiendo a los vezinos del dicho logar e fazyéndoles otros muchos agravios e synrazones” (pp.139-140). Los problemas ocasionados a la elite aldeana quedan de manifiesto en este pasaje: “diz quel dicho conçejo e omnes buenos del dicho logar de Tornadizos han resçebido e resçiben agravio e daño” (p.140).

43. RGS, Vol. 8, Documento 22, 08/03/1493, pp. 86-88. Los espacios en cuestión son repartidos por el concejo y en ellos está permitido “labrar por pan”. Algunos caballeros, escuderos e integrantes de los monasterios, tanto de la ciudad de Ávila como de la de Segovia, que no viven en esos términos rurales, perturban a los aldeanos y no los dejan “labrar los dichos términos nin gozar dellos, e los corren e matan los bueyes con que los labran, diziendo que non pueden labrar los términos syn ellos, non vibiendo los tales cavalleros e escuderos en los dichos lugares” (p.86). Aparentemente, esas acciones violentas se producen para que las víctimas “arrienden sus heredamientos” a los “dichos cavalleros e personas” (pp.86-87). Queda determinado que “sy asý es, que an estado y están en costunbre ynmemorial de labrar los dichos términos en la manera que dicha es, les dexéys e sonsyntáys libremente que los labren, segund e en la manera que lo han fecho e usado fasta aquí” (p. 87).

44. RGS, Vol. 9, Documento 76, 05/04/1494, pp. 171-176. Si el acusado es parte del funcionariado “que pierda los ofiçios que toviere asý de nos como de qualesquier çibdades e villas e logares” (p. 174).

45. RGS, Vol. 11, Documento 19, 19/02/1495, pp. 42-43. Diego Arévalo, aduciendo que tiene caballos en el corral del denunciante, entra en la casa y toma los animales. La esposa del propietario se queja de esto y el acusado le propina una “bofetada de le fizo salir mucha sangre de los dientes” (p.42). Otros criados de Francisco de Ávila son acusados por prender “fuego a una hera” (p. 42), además de atacar a un vecino con “una grand cuchillada en la cabeça e a trayçión” (p. 42).

46. RGS, Vol. 11, Documento 20, 19/02/1495, pp. 43-44. El grado de impunidad del acusado queda de manifiesto en los numerosos agravios que produce, entre los cuales figuran, “dar de palos, e abofetear las mugeres casadas e otras muchas synrazones e agravios tan feos, en lo qual diz que el dicho conçejo e vezynos dél, han reçebido mucho agravio e daño” (pp.43-44).

47. RGS, Vol. 10, Documento 78, 25/10/1494, pp. 136-138. La cita es tomada de la página 137. Tanto Toribio Sánchez “como çiertos veçinos de la dicha villa se vinyeron a quexar al nuestro consejo de los grandes males que resçibían de Luys de Guzmán, señor de la dicha villa” (p. 137). Este Luis de Guzmán, es acusado por resguardar y proteger a los asesinos de Miguel Sánchez, hermano del denunciante. A raíz del temor que este personaje genera en la familia de la víctima, Toribio Sánchez y sus parientes huyen de la villa, dejando “todos sus bienes raýzes, e que el dicho Luys de Guzmán non consyntió ny dio lugar a que se arrendasen, mas antes diz que ha avido algunos dellos aprovechándose dellos” (p.137). El acusado apropia “mucho trigo e çebada, e toçinos, e dineros, e una vaca, e otras cosas” (p.137).

48. RGS, Vol. 14, Documento 2, 11/01/1498, pp. 13-15 (la cita textual es de p.14).

49. RGS, Vol. 12, Documento 62, 16/12/1496, pp. 114-115. Los monarcas deciden que el corregidor esté presente en los ayuntamientos, especialmente para “todo lo que se oviere de hazer (…) para mirar por el bien e pro común de la dicha tierra; e que los regidores desa dicha villa non puedan entrar nin entren nin estén presentes en ellos” (p. 114).

50. RGS, Vol. 14, Documento 46, 27/07/1498, pp. 101-103. Las citas que aparecen en el cuerpo del texto están tomadas de p.102. Al corregidor le solicitan que vaya a la villa de Santa María de Nieva para que averigüe cómo acostumbraban a nombrar los alcaldes y alguaciles, además de indagar “qué personas son las que asý se nonbran e ponen para aver e administrar los dichos ofiçios e sy las tales personas administran bien e fielmente la nuestra justiçia e cónmo e de qué manera lo fazen” (p.102).

51. Ideas que desarrollamos inspirándonos en el trabajo de Bourdieu (1994).

52. Para Olmos Herguedas (1998) la tensión militar de los siglos XI y XII que experimenta la zona comprendida entre el Río Duero y el Sistema Central posibilita una mayor movilidad social y, por lo tanto, menores índices de conflictividad. En un primer momento, el avance ganadero propulsado por la caballería genera sólo unos tímidos y dispersos enfrentamientos con los pequeños propietarios agrícolas. En el siglo XV, por el contrario, la demanda impulsada por los núcleos urbanos estimula un crecimiento extensivo de la producción agroganadera que sí da lugar a tensiones sociales de mayor envergadura. En el caso de Ciudad Rodrigo, una comunidad que padece fuertemente las guerras civiles, desconocemos si se trata de un proceso que continúa desde finales del siglo XIV o es originado durante la centuria siguiente (Bernal Estévez, 1989).

53. RGS, Vol. 8, Documento 47, 21/05/1493, pp. 157-159. Por su condición de caballero, al acusado se le otorga la posibilidad de ser escuchado por los integrantes del concejo, para que “parezcades ante el nuestro presydente e oydores de la nuestra corte e chançellería a lo dezir e alegar” (p.158). Los reyes católicos le ordenan al caballero que “de aquí adelante dexedes e consyntades al dicho conçejo e omnes buenos del dicho logar de Boveda tener la dicha vecindad” y que no quite “los ganados de los vezynos de los otros lugares” (p.158).

54. RGS, Vol. 8, Documento 57, 27/06/1493, pp. 179-181. De acuerdo a los testimonios “todos los vezinos e moradores del dicho lugar son fatygados e maltratados de Gil Gonçález de Ávila, vezino de la dicha çibdad” (p.180). Entre otras cosas, a causa de las “henemistades que con ellos tiene sobre razón del pleito que los dichos sus partes con él trataron, en que fue condenado por los del nuestro consejo” (p.180).

55. Esto queda de manifiesto cuando los reyes católicos solicitan al corregidor que imparta sentencia en una disputa entre el caballero mencionado y el concejo de Bóveda. Véase RGS, Vol. 11, Documento 83, 17/07/1495, pp. 152-153. Allí se indica que Gil González de Ávila es un “vezino e regidor desa dicha çibdad, sobre razón de çiertos agravios e synrazones que les fazía, e les tomaba sus bestias e otros agravios e synrazones” (pp.152-153). También advertimos los motivos por los cuales la decisión jurídica no logra efectivizarse, en RGS, Vol. 11, Documento 82, 16/07/1495, pp. 151-152. En éste documento puede observarse que los corregidores, aunque aceptaron las cartas monárquicas que los comisionaban para investigar y resolver los casos planteados, realizaron “dilaçiones” para favorecer “al dicho Gil Gonçález de Ávila”, además que “nunca qiusieron asignar el término de la dicha ley para determinar la dicha cabsa [de los delitos cometidos]” (p.151).

56. RGS, Vol. 12, Documento 1, 08/01/1496, pp. 9-10. Gil González, por tratarse de un “onbre poderoso e enparentado en la dicha çibdad”, entra y hace pastar sus ganados en los términos donde no está permitido, produciendo además “otros agravios e synrazones, segund que más largamente en la dicha su petiçíon se contiene” (p.10).

57. Asocio, Vol. 2: Documento 166, 21-24/10/1489, pp. 616-621. Uno de los testigos del hecho argumenta que “aunque lo poseyen, que era contra la voluntad de los vezinos del Berraco, e que non se lo osavan contradezir por themor de Pedro de Avila e de los suyos, porque dezía que todo Navalmoral era de Pedro de Avila” (p. 619).

58. Asocio, Vol. 2, Documento 181, 17/08/1490, pp. 705-709: “faziéndoles fazer renta por ellos e usurpando la jurediçión de la dicha çibdad, non les consyntiendo yr a pleytos en lo çevil nin en lo criminal, a ella” (p.706).

59. Asocio, Vol. 2: Documento 185, 15/10/1490-08/11/1490, pp. 736-745. La cita textual reproducida en el cuerpo del texto es de la p.741.

60. RGS, Vol. 6, Documento 91, 16/07/1491, pp. 202-204. Se denuncia que algunos vecinos y moradores de Las Navas y Valdemaqueda, junto con algunos criados de Pedro de Ávila “vinieron al alixar del Helipar”, un espacio que forma parte de la jurdiscción de Ávila y, armados con distintos instrumentos de combate, pero también portando hachas, “despedaçaron e cortaron toda la madera que en el dicho término del Elipar tenían los vezinos de Sant Bartolomé e de Zebreros e de los otros conçejos del seysmo de Santiago para reparo de sus casas e para conplir otras neçesydades que tenían”, contradiciendo así “nuestras cartas de anparo [se refiere a las ordenanzas de la monarquía y el concejo] que sobrello tenían” (pp.202-203).

61. RGS, Vol. 7, Documento 42, 02/09/1492, pp. 115-116. De acuerdo con los testimonios, allí se “avýan fecho algunas prisyones e cárçeles privadas e fuerças e agravios e otras cosas no devidas”, motivo por el cual la monarquía ordena al licenciado Álvaro de Santistevan, corregidor de la ciudad de Ávila, “que luego fuese a la dicha fortaleza del Risco e fiziese çesar la obra que en ella se fazýa” (p. 115). Monsalvo Antón (2013) analiza las implicancias políticas y simbólicas de este tipo de construcciones.

Conclusiones

Los conflictos llaman poderosamente la atención de los estudiosos del pasado, aún más si se manifiestan a través de la violencia. En principio, las agresiones cometidas entre las personas dejan una huella histórica perdurable que permitiría, de algún modo, divisar la identidad de los involucrados en ese tipo de casos. Ambos aspectos, la caracterización sociológica y el uso de la fuerza, constituyen dos temas polémicos dentro de la historiografía. Muy pocas veces trabajados de forma simultánea, el estudio de las dos cuestiones abre todo un abanico de reflexiones teóricas y metodológicas, especialmente cuando nos aproximamos a épocas tan alejadas y distintas a la nuestra. Las formas particulares por las cuales se produce y apropia el excedente, las modalidades de dominación y el papel de los entramados jurídicos y políticos, nos exigen una profunda revisión de las propuestas interpretativas. Así, en comunidades ajenas a la disciplina abstracta del mercado, resulta sumamente dificultoso encasillar a los grupos sociales dentro de una categoría determinada.

Los caballeros villanos, sobre quienes reposamos nuestra atención, presentan características propias de la nobleza, como estar exentos de tributos, portar instrumentos de combate y utilizarlos cuando les parezca necesario. Si nos detenemos en sus intereses económicos y actividades productivas, advertimos que se trata de propietarios de tierras y ganado que emplean asalariados y participan en circuitos de intercambio. Una parte de ellos toma el control del municipio, pero integran un sistema de poder piramidal, en cuyo vértice se encuentra el rey. Gozan de numerosos atributos, pero no cuentan con una autonomía absoluta. Participan entonces de distintas lógicas de reproducción y están atravesados por una pluralidad de factores. En virtud del caso, abordarlos como miembros de una clase estamental, adquiere sentido. De alguna manera, ese término nos permite entender que todos los involucrados existen dentro de un espacio multidimensional de posiciones, en el que pujan por diferentes volúmenes y tipos de capital[1].

A partir de esa complejidad, consideramos adecuado recurrir al concepto de estrategia. La decisión es resultado de un profuso análisis documental. Las propuestas interpretativas de Bourdieu (1984, 1990, 1994, 1997 y 2007), que incluyen ese y otros términos vinculados entre sí, dan cuenta de un comportamiento que no es producido con plena libertad, pero que tampoco está completamente determinado o condicionado[2]. Entre los factores que nos ayudan a comprender el despliegue de una u otra práctica se encuentran las formas de hacer y pensar, reconocidas como válidas por los diferentes actores que participan en cada uno de los conflictos. Asimismo, como ya lo indicamos, la posición que ocupan cada uno de los agentes en un determinado espacio social permite dar cuenta de por qué se intenta desarrollar una u otra conducta, y qué posibilidades existen para materializarla efectivamente.

En nuestro caso en particular, las agresiones ejecutadas por la caballería villana de Ávila, recurrentes durante los últimos años del siglo XV, podrían entenderse por la existencia de una violencia estructural, originada en la lógica económica de productores con facultades militarizadas que, en algunas ocasiones, detentan el poder concejil, y que además actúan como campesinos de mediana posición orientados hacia el mercado. Ocupando una posición así de compleja, los cambios experimentados en la segunda mitad del siglo XV les originarían problemas y tensiones que, en reiteradas oportunidades, procurarían resolver a través de la violencia. No es una casualidad que verifiquemos numerosos ataques de los caballeros villanos cuando el crecimiento agropecuario y comercial es capitalizado por una parte de los pecheros. Tampoco es irrelevante, ni parece una casualidad, que durante esa misma época, o incluso antes, busquen transformarse en una casta gubernamental, decisión coherente si consideramos que a través de ella pueden obtener algún tipo de beneficio o ampliar considerablemente sus márgenes de maniobra. Las situaciones de conflicto entre quienes aspiran al poder político se multiplican a la par de un proceso de centralización monárquico que implica, entre otras cosas, la designación de oficiales que responden directamente al rey.

Como ya lo indicamos, no debemos interpretar los acontecimientos de manera unidireccional o recurriendo a una causalidad directa. Las tensiones entre la elite villana no obedecen exclusivamente a los cambios que promueve la monarquía en el sistema de poderes, ni los ataques contra los tributarios son originados solamente por la competencia mercantil y productiva con los pecheros más ricos. Uno y otro motivo se confunden entre sí. A partir de los dos queda establecido un contexto en el que las tensiones sociales estallan en distintas direcciones. En cualquiera de los casos, el uso de la fuerza aparece como una práctica relativamente coherente que permite consolidar o mejorar una posición preferencial, garantizando así la obtención del capital que está en juego en cada uno de los campos sociales. En este sentido, el papel que cumplen algunos de los caballeros villanos para garantizar la recaudación del plusproducto y mantener el statu quo los convierte en un colectivo que procura identificarse con la clase dominante feudal, pero que en la mayoría de las ocasiones no termina de convertirse en una integrante plena de ella. Que funcionen reproduciendo por medio de instancias extraeconómicas los intereses de un señor (el rey), o que actúen con prácticas y lógicas nobiliarias, no quiere decir que efectivamente sean señores feudales. Para formar parte de ese grupo, necesitan mucho más que entablar disputas o hacer uso de la fuerza para perseguir determinados objetivos.

La pregunta que deberíamos plantear entonces es si puede caracterizarse una clase a partir de las circunstancias agresivas o situaciones de enfrentamiento que protagoniza. Quizás la respuesta sea afirmativa, siempre y cuando recordemos que los episodios de violencia se inscriben en el seno de andamiajes políticos y estamentales. Esas estructuras definen a los sectores que habitan dentro de sistemas productivos anteriores al capitalismo, así como también establecen las formas en que se puede concretar o proyectar su identidad. Reposar la mirada exclusivamente sobre el proceder de los agentes sociales, especialmente cuando entablan disputas o pelean con los demás, no alcanza para comprender su rol en la totalidad social. Lo central, entonces, es comprender cómo se articulan dentro del espacio global cada uno de los participantes, cuyas estrategias están vinculadas a las distintas modalidades por los cuales se reproduce la dominación a lo largo del tiempo. Identidad y comportamiento confluyen así como dos variables interdependientes, pero que no necesariamente se explican mutuamente. El accionar puede reflejar la morfología social, pero aquél no se produce ajeno a las circunstancias dentro de las cuales se despliega. Parafraseando a un célebre existencialista, las personas son lo que pueden hacer, con lo que los demás lograron hacer de ellas.

NOTAS

1. Un campo social es un espacio multidimensional de posiciones en el que sus agentes están distribuidos en función del volumen global de capital, así como por la composición particular que éste presenta (Bourdieu, 1984).

2. La noción de estrategia permite dar cuenta tanto de los actos que ejecutan los agentes, así como de las respuestas activas que pueden ofrecer frente a las constricciones estructurales que pesan sobre ellos. En esto incide el tipo y volumen de capital del cual dispone cada persona (Bourdieu, 1994).

Fuentes

AA. VV. (1861-1882). Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla. Madrid: Real Academia de la Historia. Tomos 1 (1861), 2 (1863), 3 (1866), 4 (1882).

Barrios García, Á.; Del Ser Quijano, G. y Monsalvo Antón, J. M. (Comp.) (1988a). Documentación medieval del archivo de Ciudad Rodrigo. Salamanca: Ediciones de la Diputación de Salamanca.

Barrios García, Á.; Casado Quintanilla, B.; Del Ser Quijano, G.; Luis López, C. (Comp.) (1988b). Documentación del Archivo Municipal de Ávila (1256-1474). Ávila: Ediciones de la Institución “Gran Duque de Alba” de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila - Ediciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Canales Sánchez, J. A. (Comp.) (1996). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 6 (31-1-1490 a 20-12-1491). Ávila: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Casado Quintanilla, B. (Comp.) (1994). Documentación Real del Archivo del Concejo Abulense. (1475-1499). Ávila: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila - Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Del Ser Quijano, G. y Luis López, C. (Comp.) (1990). Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila. Volumen 1. Ávila: Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

-------------------------------------------------- (Comp.) (1991). Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila. Volumen 2. Ávila: Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Herráez Hernández, J. M. (Comp.) (1996). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 10 (18-4-1494 a 20-12-1494). Ávila: Ediciones de la Institución “Gran Duque de Alba” de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila - Ediciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Luis López, C. (Comp.) (1995). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 8. Ávila: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

--------------------- (Comp.) (1996). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 9 (30-7-1493 a 17-4-1494). Ávila: Ediciones de la Institución “Gran Duque de Alba” de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila - Ediciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Martín Rodríguez, J. L. (Comp.) (1996). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 7 (4-1-1492 a 24-12-1492). Ávila: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Monsalvo Antón, J. M. (Comp.) (1990a). Ordenanzas medievales de Ávila y su tierra. Ávila: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

------------------------------ (Comp.) (1995). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 14 (2-1-1498 a 21-12-1498). Ávila: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila-Ediciones de Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Sobrino Chomón, T. (Comp.) (1996). Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Volumen 12 (8-1-1496 a 16-1-1497). Ávila: Ediciones de la Institución “Gran Duque de Alba”, de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ediciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila.

Bibliografía

Alfonso Antón, I. (2007). ¿Muertes sin venganza? La regulación de la violencia en ámbitos locales (Castilla y León, siglo XIII). En Rodríguez, Ana (Comp.), El lugar del campesino en torno a la obra de Reyna Pastor (pp. 261-288). Valencia: Universitàt de València.

------------------------ (2010). The Language and Practice of Negotiation in Medieval Conflict Resolution (Castille–Léon, Eleventh–Thirteenth Centuries). En Tuten, B. S. y Billado, T. L. (eds.), Feud, Violence and Practice. Essays in Medieval Studies in Honor of Stephen D. White (pp. 157-174). Surrey: Ashgate.

Anderson, P. (1985). Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson. Madrid: Siglo XXI.

Ansaldi, W. (2004-2005). ¿Clase social o categoría política? Una propuesta para conceptualizar el término oligarquía en América Latina. Anales-Instituto Ibero Americano, Nº 7-8, pp. 157-169.

Arendt, H. (2006). Sobre la violencia. Madrid: Alianza.

Aristóteles (1988). Política. Madrid: Gredos.

Arriaza, A. (1983). The Castilian Bourgeoisie and the Caballeros Villanos in the Concejo before 1300: A Revisionist View. color: 0991cf;The Hispanic American Historical Review, Vol. 63, No. 3 (Aug., 1983), pp. 517-536.

Asenjo González, M. (1984). «Labradores ricos»: nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del siglo XV. En la España Medieval, Vol. 4, 1984, pp. 63-85.

Astarita, C. (1982). Estudio sobre el concejo medieval de la Extremadura castellano-leonesa: una propuesta para resolver la problemática. Hispania N° 151, pp. 355-413.

--------------- (1992). Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo. El intercambio asimétrico en la primera transición del feudalismo al capitalismo. Mercado feudal y mercado protocapitalista. Castilla, siglos XIII a XVI. Buenos Aires: Tesis 11.

--------------- (1993). Estructura social del concejo primitivo de la Extremadura castellano leonesa. Problemas y controversias. Anales de Historia Antigua y Medieval, (26), 47-118.

--------------- (1994). Caracterización económica de los caballeros villanos de la Extremadura castellano leonesa. (Siglos XII-XV). Anales de Historia Antigua y Medieval, (27), 11-83.

--------------- (1997). Representación política de los tributarios y lucha de clases en los concejos medievales de Castilla. Studia histórica, Historia Medieval, volumen N° 15, 139-169.

--------------- (2003). El factor político en los modos de producción feudal y tributario. Génesis y estructura en perspectivas comparadas. Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, N° 35-36, 133-174.

--------------- (2005). Del feudalismo al capitalismo en Europa Occidental. Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520. Valencia: Universitàt de València-Universidad de Granada.

--------------- (2007a). Construcción histórica y construcción historiográfica de la temprana Edad Media. Studia Historica, Historia Medieval. Volumen Nº 25. Universidad de Salamanca, pp. 248-269.

--------------- (2007b). Sobre los orígenes de las caballerías en Castilla y León. Siglos X-XII. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10906. Olivar: revista de literatura y cultura españolas (Ejemplar dedicado a: 1207-2007: ocho siglos de tradición épica. Estudios en torno al “Poema de Mio Cid”),pp.279-312.

Barbero, A. y Vigil, M. (1974). Sobre los orígenes sociales de la Reconquista. Barcelona: Ariel.

Barrios García, Á. (1983-1984). Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320). Salamanca-Ávila: Ediciones Universidad de Salamanca, Institución “Gran Duque de Alba”. 2 volúmenes.

Barthélemy, D. (1996). “Debate: La revolución feudal”. En: Past & Present N° 152 (agosto de 1996), pp. 1-13.

-------------------- (2005). El año mil y la Paz de Dios. La Iglesia y la sociedad feudal. Valencia-Granada: Universitat de València-Universidad de Granada.

Baschet, J. (2009). La civilización feudal: Europa del año mil a la colonización de América. México: Fondo de Cultura Económica.

Bazán, I. (2007). La pena de muerte en la Corona de Castilla en la Edad Media. Clio & Crimen, N° 4, pp. 306-352.

Bermúdez, N. V. (2008). Merecer la muerte. Una antropología sobre las moralidades y las prácticas políticas en torno a las muertes violentas (Córdoba-Argentina), en IX Congreso Argentino de Antropología Social. Posadas: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Misiones, pp. 1-12. Recuperado de https://www.aacademica.org/000-080/63.pdf.

Bernal Estévez, Á. (1989). El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo XV. Salamanca: Ediciones de la Diputación de Salamanca.

Bloch, M. (1979). La sociedad feudal. La formación de los vínculos de dependencia. Las clases y el gobierno de los hombres. México: Fondo de Cultura Económica.

Bois, G. (1991). La revolución del año mil. Barcelona: Crítica.

Bonachía Hernando, J. A. (1990). El concejo como señorío (Castilla, Siglos XIII-XV). En A. A. V. V., Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales (432-463). León: Fundación Sánchez Albornoz.

---------------------------------- (1992). Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: la provisión y comercialización de la carne en Burgos (siglo XV). Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, T. 5, pp. 85-162.

---------------------------------- y Martín Cea, J. C. (1998). Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balance y perspectivas. Revista d’ Història Medieval, Nº 9, pp. 17-40.

Bonnassie, P. (1993). Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental. Barcelona: Crítica.

Borrero Fernández, M. M. (2007). El mundo rural y la crisis del siglo XIV: un tema historiográfico en proceso de revisión. Edad Media: revista de historia, Nº 8 (Ejemplar dedicado a la crisis del siglo XIV en los reinos hispánicos), pp. 37.58

Bourdieu, P. (1984). Espace social et genèse des ‘classes’. Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 52-53, pp. 3-14.

----------------- (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo.

----------------- (1994). Stratégies de reproduction et modes de domination. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 105, pp. 3-12.

----------------- (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.

----------------- (2007). El Sentido Práctico. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bourgois, Ph. (2010). En busca de respeto: vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires: Siglo XXI.

Brenner, R. (1985). The agrarian roots of european capitalism. En Aston, T. H. y Philpin, C. H. E., The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe (pp. 213-327). Cambridge: Past & Present Publications-Press Syndicate of the University of Cambridge.

Carlé, M. del C. (1968). Del concejo medieval castellano-leonés. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires).

Carroll, S. (2006). Blood and violence in early modern France. New York: Oxford University Press.

Casado, H. (1991). Evolución de la producción agraria, precios y coyuntura económica en los obispados de Burgos y Palencia a lo largo del siglo XV. Studia Historica. Historia Medieval, Vol. 9, 67-110.

Cheyette, Frederick (1976). Suum cuique tribuere. French Historical Studies, Vol. 6, Nº 3, pp. 287-299.

Cohen, Gerald (1986). La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa. Madrid: Siglo XXI.

Colmeiro, M. (1855). De la constitución y del gobierno de los reinos de León y Castilla. 2 tomos. Madrid: Casa de Ángel Calleja y Compañía.

Colombo, O. (2003-2006). La negociación en torno a la usura en Castilla, 1258-1405. Economía, poder y religión en la Baja Edad Media. Anales de Historia Medieval, Universidad de Alicante, N° 14, 85-110.

----------------- (2008). Crecimiento mercantil y regulación política (Castilla, siglos XIV-XV). Studia Histórica, Historia Medieval, N° 26, pp. 153-175.

----------------- (2009). El funcionamiento de los mercados campesinos medievales. Regulación política e intercambio desigual en la Baja Edad Media (Castilla, 1250-1520) (Tesis Doctoral), Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Córdoba de la Llave, R. (2008) Consideraciones en torno al delito de agresión sexual en la Edad Media. Clío & Crimen, N° 5, pp. 187-202.

------------------------------ (2014). Conflictividad social en los reinos hispánicos durante la Baja Edad Media. Aproximación historiográfica. Vínculos de Historia, N° 3, pp. 34-53.

Da Graca, L. (1996). Tributos, señores y situación campesina en behetrías y concejos de realengo. Siglos XII-XV. Studia histórica, Historia medieval, N° 14, pp. 159-180.

---------------- (1999). Notas sobre la diferenciación social en señoríos castellanos (abadengo y realengo, ss. XIV-XVI). Studia histórica, Historia medieval, N° 17, pp. 231-261.

---------------- (2003-2006). Intercambio de tierras y otras prácticas agrarias en concejos castellanos (siglo XV). Revista de Historia Medieval, Nº 14, pp. 111-144.

---------------- (2005). Estudio comparativo de la estructura social de las comunidades castellanas en la primera transición al capitalismo. En X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia-Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes-Universidad Nacional del Rosario. Rosario: Universidad Nacional del Rosario. Recuperado de http://cdsa.aacademica.org/000-006/167.pdf, pp. 1-18.

---------------- (2009). Poder político y dinámica feudal. Procesos de diferenciación social en distintas formas de señoríos (siglos XIV-XVI). Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid.

Davis, J. (1977). People of the Mediterranean. Londres: Routledge & K. Paul.

Devia, C. (2014). Violencia y dominación en la Baja Edad Media castellana (Tesis de Doctorado), Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Diago Hernando, M. (1992). Caballeros e hidalgos en la Extremadura castellana medieval (siglos XII-XV). En la España Medieval, (15), pp. 31-62.

---------------------------- (2006). Las corporaciones de caballeros hidalgos en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media. Su participación en el ejerció del poder local. Anuario de Estudios Medievales, 36/2, pp. 803-838

Díaz Ibañez, J. (2006). La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV). Estructura y relaciones de poder (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

Díez Canseco, L. (1925). Sobre los fueros del Valle de Fenar, Castrocalban y Pajares: notas para el estudio del fuero de León. Anuario de Historia del Derecho Español, T. 1.

Dobb, M. (1971). Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Duby, G. (1976). Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea, 500-1200. Madrid: Siglo XXI.

------------ (1999a). Los feudales. En Rojas, B. (presentación y compilación), Obras selectas de Georges Duby (pp. 101-139). México: Fondo de Cultura Económica.

-------------------- (1999b). Investigaciones sobre la evolución de las instituciones judiciales durante los siglos X y XI en el sur de Borgoña, en Rojas, B. (presentación y compilación), Obras selectas de Georges Duby (pp. 156-202). México: Fondo de Cultura Económica,

Durkheim, E. (1986). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica.

Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Estepa Díez, C. (1990). El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León (siglos XII-XV). En A. A. V. V., Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales (pp. 467-506). León: Fundación Sánchez Albornoz.

Fleckenstein, J. (2006). La caballería y el mundo caballeresco. Madrid: Siglo XXI.

Foucault, M. (1992). Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta.

Freud, S. (1996). El malestar en la cultura y otras obras, en Obras Completas (vol. 21). Buenos Aires: Amorortu.

Gallego, J. (2011). La Asamblea ateniense y el problema del estado. Instauración y agotamiento de una subjetividad política. En Campagno, M.; Gallego, J. y García Mac Gaw, C. (Comps.), El Estado en el Mediterráneo antiguo. Egipto, Grecia y Roma (pp. 181-222). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Ganshof, F. L. (1963). El feudalismo. Barcelona: Ariel.

García de Valdeavellano, L. (1973). Curso de historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media. Madrid: Revista de Occidente.

García Fitz, F. (2007). Las guerras de cada día: en la Castilla del siglo XIV. Edad Media: revista de historia, Nº 8 (Ejemplar dedicado a la crisis del siglo XIV en los reinos hispánicos), pp. 145-181.

García Herrero, M. del C. (2008). La marital corrección: un tipo de violencia aceptado en la Baja Edad Media. Clío & Crimen, N° 5, pp. 39-71.

García Mac Gaw, C. (2006). Del esclavismo al feudalismo y la villa clásica. Dialogues d’histoire ancienne, 32/2, pp. 27-41.

Gautier Dalché, J. (1979). Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII). Madrid: Siglo XXI.

Gauvard, C. (1999). Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Age. Memoria y civilización, Vol. 2, pp. 87-115.

Geary, P. (1986). Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200). Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 41, Nº 5, pp. 1107-1133.

Geertz, C. (1973). Thick description: toward an interpretative theory of culture. En The interpretation of cultures. Selected essays by Clifford Geertz (pp. 3-30). New York: Basic Books.

Gibert, R. (1953). Estudio histórico-jurídico. En Sáez, E., Los fueros de Sepúlveda (pp. 339-548). Segovia: Publicaciones Históricas de la Provincia de Segovia.

Giddens, A. (1995). La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu.

----------------- (2008). Fuera del mecanicismo: E. P. Thompson sobre conciencia e historia. Historia Social, E. P. Thompson, diálogos y controversias, N° 18, 201-230.

Goicolea Julián, F. J. (1998). Mundo urbano y actividades económicas en la Rioja Alta bajomedieval. Espacio, Tiempo y Forma. Hª Medieval, Vol. 11, pp. 243-283.

--------------------------- (1999). Sociedad y poder concejil. Una aproximación a la elite dirigente urbana de la Rioja Alta medieval. Studia Historica. Historia Medieval, Vol. 17, pp. 87-112.

Guerrero Navarrete, Y. (1998). Elites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca. Revista d´Història medieval, Nº 9, pp. 81-104.

Guglielmi, N. (1953). El dominus villae en Castilla y León. Cuadernos de Historia de España, XIX, pp. 55-103.

Hegel, G. W. F. (1968). Filosofía del derecho. Buenos Aires: Claridad.

Hibbert, A. (1953). The origins of the Medieval Town Patriciate. Past & Present, N° 3, pp. 15-27.

Hilton, R. (1978). Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381. Madrid: Crítica.

Hinojosa y Naveros, E. de (1903). Estudios sobre la Historia del Derecho Español. Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús.

Hobsbawm, E. (1968). Rebeldes Primitivos. Barcelona: Ariel.

------------------- (2004). Historia del Siglo XX. Barcelona: Crítica.

Jara Fuente, J. A. (1998). Élites urbanas: las políticas comerciales y de mercado como formas de prevención de conflictos y de legitimación de poder (la veda del vino en Cuenca en la Baja Edad Media). Brocar, N° 21, pp. 119-133.

----------------------- (2001). Elites urbanas y sistemas concejiles: una propuesta teórica-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la Baja Edad Media. Hispania, Vol. 60/1, N° 207, pp. 221-266.

----------------------- (2002). Posiciones de clase y sistemas de poder: vinculaciones y contradicciones en la construcción del Común de pecheros en la baja Edad Media. En de la Igelsia Duarte, J. I. y Martín Rodríguez, J. L. (Coord.), Los espacios de poder en la ciudad medieval: XII Semana de estudios Medievales, Nájera (pp. 511-532). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.

----------------------- (2004). Doble representación y cruce de intereses: las contradicciones inherentes al segmento ‘élite pechera’ (Castilla en el siglo XV). Annexes del CLCHM, Vol. 16, pp. 297-312.

----------------------- (2007a). Estructuras formales de poder y de organización de las clases dominantes urbanas en Castilla. El Regimiento: una crisis del siglos XIV en el siglo XV. Edad Media, Revista de Historia, 8, pp. 225-241.

----------------------- (2007b). Haciendo frente a las depredaciones señoriales. La defensa de las jurisdicciones municipales en la Castilla de la Baja Edad Media”. Imago Temporis, Medium Aevum, Vol. 1, pp. 280-299.

----------------------- (2010). Percepción de sí y percepción del otro: la construcción de identidades políticas urbanas en Castilla (el concejo de Cuenca en el siglo XV). Anuario de Estudios Medievales, Vol. 40/1, pp. 75-92.

Kuchenbuch, L. y Michael, B. (1986). Estructura y dinámica del modo de producción ‘feudal’ en la Europa preindustrial. Studia Historica, Historia Medieval, Vol. IV, 2, 2da parte, pp. 7-57.

Ladero Quesada, M. Á. (2014a). Recursos militares y financiación de la guerra por los reyes de Castilla (1252-1515), en Poder político y sociedad en Castilla. Siglos XIII al XV (pp. 309-332). Madrid: Dykinson.

------------------------------- (2014b). Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos XII a XV, en Poder político y sociedad en Castilla. Siglos XIII al XV (pp. 333-376). Madrid: Dykinson.

Lenin, V. I. (1957). El desarrollo del capitalismo en Rusia, en Obras Completas, T. III, Buenos Aires: Cartago.

López Gómez, O. (2010a). Pas e sosyego. Un documento de acción política en la Castilla bajomedieval. Medievalismo, N° 16, pp. 41-71.

------------------------ (2010b). La paz en las ciudades de Castilla (siglos XIV-XV). Edad Media. Revista de Historia, N° 11, pp. 103-149.

Lourie, E. (1966). A Society Organized for War: Medieval Spain. Past & Present, (35), pp. 54-76.

Luchía, C. (2008a). La dinámica de la propiedad comunal y las condiciones de desarrollo transicional del feudalismo al capitalismo en el área concejil de realengo castellana: siglos XIV al XVI(Tesis Doctoral), Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

--------------- (2008b). Los pleitos por los términos comunales en el concejo de Ciudad Rodrigo en la Baja Edad Media. HID, N° 35, pp. 269-290.

--------------- (2009). Tierra, poder y violencia en torno a la consolidación de las oligarquías concejiles en el siglo XV: el caso de los caballeros abulenses. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, T. 22, pp. 185-205.

--------------- (2011a). Política y violencia en torno a las luchas por la propiedad comunal en la Baja Edad Media castellana. Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, Volumen 43, pp. 1-25. Recuperado de http://www.filo.uba.ar.

--------------- (2011b). Políticas de acumulación patrimonial y construcción de poder en el siglo XV: el linaje de María de Ávila. En la España Medieval, Vol. 34, pp. 249-275.

--------------- (2012). Categorías económicas, prácticas sociales y percepciones en el mundo rural castellano (siglos XIV-XV). Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, Vol. 44. Recuperado de http://www.filo.uba.ar, pp. 1-21.

--------------- (2013). Dos memoriales de agravios de Ciudad Rodrigo: el diálogo político entre pecheros, elites y monarquía en torno al ejercicio del poder. Actas y comunicaciones del instituto de Historia antigua y medieval, Volumen 9. Recuperado de http://www.filo.uba.ar, pp. 1-15.

Luis Corral, F. (2002). Leyenda y realidad histórica: El contexto del “Motín de la Trucha” de Zamora en el siglo XII. Stvdia Zamorensia, Segunda Etapa, Volumen 6, pp. 29-47.

-------------------- (2014). Aristocracia y campesinado en la época de formación del feudalismo (ss. VIII-X), en Monsalvo Antón, J. M. (Coord.), Historia de la España Medieval (pp. 99-122). Salamanca: Ediciones Universidad.

Luis López, C. (1987). La comunidad de villa y tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. Ávila: Institución “Gran Duque de Alba” de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila.

Lunenfled, M. (1987). Keepers of the city; the corregidores of Isabella I of Castille (1474-1504). Cambridge: Cambridge University Press.

Mackay, A. y Mckendrick, G. (1988). La semiología y los ritos de la violencia: Sociedad y poder en la Corona de Castilla. En la España Medieval, N° 11, pp. 153-165.

Mantecón Movellán, T. A. (1998). Cultura política popular, honor y arbitraje de los conflictos en la Cantabria rural del antiguo régimen. Historia Agraria, N° 16, pp. 121-151.

----------------------------------- (1999). Did interpersonal violence decline in the Spanish Old Regime? Memoria y Civilización, 2, pp. 117-140.

----------------------------------- (2002). El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna. Estudis, 28, pp. 43-75.

----------------------------------- (2009). Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales en el Antiguo Régimen. Studia Histórica, Historia Moderna, 14, pp. 223-243.

Martin, G. (2004). Control regio de la violencia nobiliaria. La caballería según Alfonso X de Castilla (comentario al título XXI de la Segunda Partida). En Alfonso, I. et. all., Lucha política: condena y legitimación en la España medieval (pp. 219-234). Lyon: ENS-Editions.

Martínez Moro, J. (1985). La Tierra en la comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500). Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid.

Martínez Sacristán, A. (1877). Municipalidades de Castilla y León. Estudio histórico-crítico. Madrid: Imprenta de los Señores Rojas.

Marx, K. (1959). El Capital. Crítica de la Economía Política. 3 Tomos. México: Fondo de Cultura Económica, 1959.

------------ (1971). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), 1857-1858. 3 Volúmenes. Buenos Aires: Siglo XXI.

------------ (1987). Formaciones económicas precapitalistas. Barcelona: Crítica. Prólogo y selección de textos de Erich Hobsbawm.

Miller, W. I. (1983a) Choosing the Avenger: Some Aspects of the Bloodfeud in Medieval Iceland and England. Law and History Review, Vol. 1, Nº 2, pp. 159-204.

----------------- (1983b) Justifying skarphedinn: of pretext and politics in the Iceland bloodfeud. Scandinavian Studies, Vol. 55, No. 4, pp. 316-344.

----------------- (1988) Ordeal in Iceland. Scandinavian Studies, N° 60 (2), pp. 189-218.

----------------- (1990). Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law and Society in Saga Iceland. Chicago: Chicago University Press.

----------------- (2010). Threat. En Tuten, B. S. y Billado, T. L. (eds.), Feud, Violence and Practice. Essays in Medieval Studies in Honor of Stephen D. White (pp. 9-27). Surrey: Ashgate, 2010.

Miliddi, F. M. (2011a). El problema del Estado y el parlamento estamental en la Edad Media. En Primer Encuentro Internacional de Historiadores Jóvenes sobre Sociedades Precapitalistas. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de http://encuentrosocprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/i-encuentro-2011/actas/bloque5-03.pdf, pp. 1-11.

------------------- (2011b). Las transformaciones en las cortes de Castilla y León en la segunda mitad del siglo XIV. Repensando la caracterización de la historiografía liberal. Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, Vol. Nº 43, pp. 1-25. Recuperado de www.filo.uba.ar.

Mínguez Fernández, J. M. (1992). Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica al análisis de las relaciones sociales en los concejos medievales castellano-leoneses. En la España medieval, (3), pp. 109-122.

--------------------------------- (1994). Las sociedades feudales, 1. Antecedentes, formación y expansión (siglos VI a XIII). Madrid: Nerea.

Monsalvo Antón, J. M. (1987). El reclutamiento del personal político concejil. La designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo XV. Studia Historica. Historia Medieval, Vol. 5, pp. 173-195.

-------------------------------- (1988). El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.

-------------------------------- (1990b). Transformaciones y relaciones de poder en los concejos de frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales. En Pastor, R. (Comp.), Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna (pp. 107- 170). Madrid: CSIC.

-------------------------------- (1990c). La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval. La distribución social del poder. En Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica (II Congreso de la Fundación Sánchez-Albornoz, León, 1989) (pp. 359-413). Ávila: Fundación Sánchez Albornoz.

-------------------------------- (1992). Concejos castellanos-leoneses y feudalismo (siglo XI-XIII). Reflexiones para su estado de la cuestión. Studia Histórica, Historia Medieval, Nº 10, 203-243.

-------------------------------- (2009). Violence between factions in medieval Salamanca. Some problems of interpretation. Imago Temporis. Medium Aevum, Nº 3, pp. 139-170 (versión en español en pp. 450-473).

-------------------------------- (2011). Ideario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros abulenses y salmantinos (ss. XIII-XV). Hispania. Revista española de Historia, 71/238, pp. 325-362.

-------------------------------- (2012). Pobladores, caballeros, pecheros y señores. Conflictos sociales en el Concejo de Ávila (ss. XII-XV). En García Fitz, F. y Jiménez Alcázar, J. F. (Comp.), La historia peninsular en los espacios de frontera: las “Extremaduras Históricas” y la “Transierra” (siglos XI-XV) (pp. 375-426). Cáceres-Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales-Editum.

-------------------------------- (2013). Torres, tierras, linajes. Mentalidad social de los caballeros urbanos y de la elite dirigente en la Salamanca medieval (siglos XIII-XV). En AA. VV., Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana (pp. 165-230). Salamanca: Universidad de Salamanca.

-------------------------------- (2014a) (Coord.). Historia de la España Medieval. Salamanca: Ediciones Universidad.

-------------------------------- (2014b). Atlas histórico de la España Medieval. Madrid: Síntesis.

Moreta Velayos, S. (1978a). Historia económica. Historia Social y feudalismo. Reflexiones en torno a un libro de historia. Agricultura y Sociedad, N° 8, pp. 223-247

--------------------------- (1978b). Malhechores feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos XIII-XIV. Madrid: Cátedra.

Morsel, J. (2008). La aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV). Valencia: Universitàt de Valencia.

Muchembled, R. (2010). Una historia de la violencia. Del final de la Edad Media a la actualidad. Madrid: Paidós.

Oliva Herrer, R. H. (2008). Campesinos ricos, mercado y crecimiento económico en Castilla en el siglo XV. En Pautes de consum i nivells de vida al món rural medieval (actas del congreso celebrado entre el 18 y 20 de septiembre de 2008). Valencia: Universitat de València. Recuperado de http://www.uv.es/consum/oliva.pdf pp. 1-19.

Olmos Herguedas, E. (1998). La comunidad de villa y tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media. Poder político concejil, ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico-Universidad de Valladolid.

Ortuño Molina, J. (2006). Poder real absoluto. Oligarquías y transformaciones del paisaje agrario en el marquesado de Villena a finales de la Edad Media. HID, N° 33, pp. 487-512.

Pastor, Reyna (1973a). Nota preliminar. En Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval (pp. 7-11). Barcelona: Ariel.

------------------- (1973b). La lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta. En Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval (pp. 135-154). Barcelona: Ariel.

------------------- (1973c). En los comienzos de una economía deformada. En Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval (pp. 173-195). Barcelona: Ariel.

Pérez, M. (2016). “Conflictos entre laicos y eclesiásticos, poder y relaciones sociales en el Reino de León. Revisión crítica de un modelo”. Sociedades Precapitalistas, Revista de Historia Social, Vol. 5, Nº 2. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/55954, pp. 1-22

Pescador, C. (1963). La caballería popular en León y Castilla. Cuadernos de Historia de España, XXXVII-XXXVIII, pp. 88-198.

Pita, M. V. (2009): Formas populares de protesta: violencia policial y ‘familiares de gatillo fácil’. En Massetti, A. (Comp.), La protesta social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Nueva Trilce.

Pitt-Rivers, J. (1965). Honour and social status. En Peristany, J. G. (Ed.), Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society (pp. 19-77). Londres: Weidenfeld & Nicolson.

------------------ (1971). The people of the Sierra. Chicago: The University Chicago Press, 1971.

------------------ (1989). Un pueblo de la sierra: Grazalema, Madrid: Alianza.

Postan, M. (1981). El siglo XV. En Ensayos sobre agricultura y problemas generales de la economía medieval (pp. 54-63). Madrid: Siglo XXI.

Powers, J. F. (1971). Townsmen and Soldiers: The Interaction of Urban and Military Organization in the Militias of Mediaeval Castile. Speculum, 46 (4), pp. 641-655.

----------------- (1981). Frontier Military Service and Exemption in the Municipalities of Aragon and Castile. Military Affairs, Vol. 45 (2), pp. 75-78.

Puyol y Alonso, J. (1926). Orígenes del reino de León y de sus instituciones políticas. Madrid: Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Ramos, J. C. (1989). Estructuras señoriales castellanoleonesas: el realengo (siglos XI-XIII). Cáceres: Universidad de Extremadura.

Rodríguez López, A. (2013). Modelos de diversidad: crecimiento económico y crisis en los reinos hispanos en la Baja Edad Media. Vínculos de Historia, Nº 2, pp. 27-49.

Romero, J. L. (1999). Estudio sobre la mentalidad burguesa. Buenos Aires: Alianza.

Rubinstein, J. C. (2005). ¡Viva el Común! La construcción de la protosociedad civil y la estructura política castellana en el Bajo Medioevo. Buenos Aires: Prometeo.

Rucquoi, A. (1995). Las oligarquías urbanas y las primeras burguesías en Castilla. En Actas del Congreso Internacional de Historia, El tratado de Tordesillas y su época (Vol. I, 345-369). Salamanca: Junta de Castilla y León.

Ruíz de la Peña Solar, J. I. (2006). Realeza y Concejos versus ladrones y malfechores: la lucha contra la delincuencia en la Asturias Medieval (siglos XII-XIV). Clío & Crimen, Nº 3, pp. 49-67.

Sánchez Albornoz, C. (1942). En torno a los orígenes del feudalismo. Tomo III. Parte Segunda: Los árabes y el régimen prefeudal carolingio. La caballería musulmana y la caballería franca del siglo VIII. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.

---------------------------- (1943). Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que lo reemplazan. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.

---------------------------- (1956). España. Un enigma histórico. Tomos 1 y 2. Buenos Aires: Sudamericana.

Santamaría Lancho, M. (1985). Del concejo y su término a la comunidad de ciudad y tierra: surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII-XVI). Studia historica. Historia medieval, Nº 3, 83-116.

Segura, C. (2008). La violencia sobre las mujeres en la Edad Media. Estado de la cuestión. Clío & Crimen, N° 5, pp. 24-38.

Semán, P. (2009). Culturas populares: lo imprescindible de la desfamiliarización. Maguaré, N° 23, pp. 181-205.

Tena García, S. (2014). La formación de los reinos y condados cristianos, en Monsalvo Antón, J. M. (Coord.), Historia de la España Medieval (pp. 77-98). Salamanca: Ediciones Universidad.

Thompson, E. P. (1981). Miseria de la Teoría. Barcelona: Crítica.

Valdeón Baruque, J. (1979). Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Madrid: Siglo XXI.

--------------------------- (1990). Las oligarquías urbanas. En Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica (II Congreso de la Fundación Sánchez-Albornoz, León, 1989) (pp. 507-536). León: Fundación Sánchez Albornoz.

--------------------------- (2010). Sobre el feudalismo: treinta años después. En Sarasa Sánchez, E. y Serrano, E., Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valdeón (pp. 9-25). Zaragoza: Institución Fernando el Católico (CSIC), Excma. Diputación de Zaragoza.

Vaca Lorenzo, Á. (1975). La estructura socioeconómica de Tierra de Campos a mediados del siglo XIV. Memoria de Licenciatura. Universidad de Salamanca.

Villar García, L. M. (1986). La Extremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos (711- 1252). Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.

Weber, M. (1956). Historia económica general. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

--------------- (1964). Economía y sociedad. 2 Tomos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

--------------- (2003). La política como vocación. En El político y el científico (pp. 37-94). Buenos Aires: Prometeo.

Wickham, C. (1996). Problemas de comparación de sociedades rurales en la Europa Occidental de la Temprana Edad Media. Anales de Historia Antigua y Medieval, N° 29, pp. 45-70.

Zemon Davis, N. (1973). “The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France”. Past & Present, Nº 59, pp. 51-91

Žižek, S. (2009). Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Buenos Aires: Paidós.

ANEXO MAPAS

Fuente: Monsalvo Antón (2014b: 259, 268). El resaltado sobre los mapas es nuestro.